El ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz cerró la investigación para resolver si extradita o no al ex juez argentino Otilio Romano, acusado de encubrir delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar en el vecino país.
En la breve resolución el juez Muñoz le informa al Estado argentino sobre la medida el magistrado señala que “de conformidad a lo dispuesto en el artículo 652 inciso 2º de Código de Procedimiento Penal, se confiere traslado al Estado requirente por el término de veinte días. Notifíquese personalmente o por cédula al apoderado del Estado requirente, abogado Sebastián dal Pozzo Cerda”.
En septiembre de este año, por cerca de dos horas declaró el ex juez Romano y en las últimas semanas ha sido contrastado con las versiones de sus acusadores.
El ex magistrado reside en Reñaca, desde septiembre del año pasado, cuando llegó al país, tras huir de Mendoza, en momentos que era expulsado del Poder Judicial.
La justicia de Argentina levantó cargos en su contra por 103 delitos de lesa humanidad cometidos, presuntamente, durante su actuar como fiscal en la dictadura trasandina.
El máximo tribunal de Chile aceptó que las víctimas de la dictadura en Argentina declararan en la causa contra Otilio Romano.
Esa diligencia se trató de la declaración de cinco de sus acusadores, quienes fueron víctimas de la represión entre 1975 y 1983, en noviembre pasado.
En esa época, Romano fue fiscal federal en Mendoza y ahora es requerido por más de cien causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, en las que está procesado como autor, donde en Argentina es un delito cuya única pena es prisión perpetua.
El ex magistrado cruzó la cordillera y llegó a Chile en agosto de 2011. Se fugó de Argentina aprovechando que aún tenía fueros como camarista federal y allí pidió refugio político, el que fue finalmente rechazado por el gobierno de Sebastián Piñera.
Unos meses más tarde, fue destituido por el Consejo de la Magistratura y desde ese momento pesa contra él una orden de captura internacional.
La petición argentina fue hecha para que las víctimas pudiesen ir a Chile a declarar y explicar allí cómo operaba Otilio Romano desde el Poder Judicial en complicidad con los principales jefes de los aparatos represivos transandinos.
Las cinco víctimas que declararon contra Romano son Silvia Ontivero, Luz Faingold, Fernando Rule Castro, Alberto Córdoba y Alicia Morales, apoyadas por los abogados Rodrigo Pérez y Carlos Quezada, quienes representan en Chile a la ONG Ideas, entidad enfocada en materia de derechos humanos.
