La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo presentado por el diputado DC Jorge Burgos, junto al parlamentario de RN, José Manuel Edwards, en donde se solicita a los Superintendentes de AFP y al de Valores y Seguros el resguardo de los fondos de trabajadores.
Acogiendo una petición de los jefes de bancada de todos los partidos políticos, encabezados por el titular de la DC, Jorge Burgos, solicitan “en uso de las facultades que la ley y los reglamentos les confieren, adopten todas las medidas destinadas a cautelar los ahorros previsionales de las chilenas y chilenos afiliados al sistema de AFP, que puedan verse afectados por el anuncio de aumento de capital de la empresa Enersis”.
Al respecto, el diputado Burgos, impulsor del acuerdo, explicó que “la información de carácter público que tenemos da cuenta de la decisión del accionista mayoritario de Enersis, en cuanto a aumentar en ocho mil millones de dólares el capital accionario de dicha empresa”.
A lo que agrega que este anuncio ha generado un efecto bursátil negativo en el valor del papel accionario de dicha empresa, el que ha registrado importantes pérdidas, lo que es muy grave, ya que buena parte de las AFP tienen invertidos los fondos de los ahorrantes del sistema en la sociedad anónima Enersis”.
Según el parlamentario “sin intentar inmiscuirnos en cuestiones privadas, que no están en nuestra competencia, la consecuencia accionaria de la decisión de Enersis afecta a todos los trabajadores del país y es por ello que hemos pedido que estas superintendencias, a través de las facultades que la ley y el reglamento le conceden, tomen todas las medidas destinadas a resguardar los ahorros previsionales de millones de trabajadores chilenos”.
Precisó que “hay una decisión muy complicada de la matriz de la empresa Enersis, que es española, pero la forma de salir del problema que existe en ese país, para dicho conglomerado, no puede ser a través de un aumento de capital que les permita recoger 3.000 millones de dólares desde Chile, por un procedimiento complejo desde el punto de vista contable en cuanto a la valoración de los inmuebles que ellos quieren entregar y obligar a los otros inversionistas, muchos chilenos, a la hora de tener que poner 3.00 millones de dólares para que terminen en la matriz”.
Por lo anterior, finalizó que “esperamos que se actúe de manera severa, rápida y urgente para cautelar los intereses de los trabajadores chilenos, que no se pueden ver afectados por este tipo de operaciones”.
