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Preocupación ante crisis institucional que podría poner en riesgo estabilidad de El Salvador
Publicado por: Agencia AFP
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La instalaci√≥n de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de un fallo de la Sala Constitucional profundiz√≥ en El Salvador una crisis por el control del poder entre izquierda y derecha, riesgosa para la estabilidad del pa√≠s, seg√ļn analistas.

Diez magistrados -cinco electos en abril pasado y los otros cinco en 2006- comenzaron este martes a sesionar bajo la presidencia de Ovidio Bonilla, quien asumió el lunes apoyado en el Congreso por una alianza del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y tres partidos minoritarios.

Otros cinco, electos en 2009, se reunieron en otro sector del edificio con Florentín Meléndez, designado el lunes presidente provisional mientras se regulariza el funcionamiento de la CSJ.

“Estamos frente a la profundizaci√≥n de la m√°s grave crisis institucional desde el fin de la guerra civil (1980-1992). En el fondo lo que hay es una batalla legal por el reparto del poder”, declar√≥ a AFP el analista Roberto Ca√Īas.

El analista Juan Ram√≥n Medrano, de la Universidad Francisco Gavidia, opin√≥ que debe haber una “salida salom√≥nica” y abog√≥ por una “reforma” que aclare la forma de elecci√≥n de los 15 magistrados -cinco cada tres a√Īos-, confusa en la actual Constituci√≥n.

El 6 de junio pasado, la Sala Constitucional declar√≥ ilegal la elecci√≥n de los cinco magistrados de abril pasado y la de 2006, argumentando que ambas fueron hechas por legislaturas que eligieron jueces en dos ocasiones durante sus tres a√Īos de funciones, lo cual -dice- est√° prohibido por la Constituci√≥n.

El caso de los cinco electos en 2006 no había sido declarado ilegal antes porque había otra correlación de fuerzas en la Sala Constitucional.

La legislatura que concluy√≥ el 30 de abril, en la que la izquierda ten√≠a mayor√≠a, eligi√≥ a los cinco de 2009 y a los cinco nuevos de este a√Īo, y design√≥ como fiscal al abogado √Āstor Escalante -cercano a uno de los grupos en alianza con el FMLN-, elecci√≥n tambi√©n declarada ilegal.

En su fallo, la Sala ordenó que magistrados y fiscal fueran electos en la legislatura que asumió el 1 de mayo, en la que la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) es determinante para la mayoría calificada que se requiere en la elección de jueces.

Pero los diputados desatendieron el fallo y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, que orden√≥ a la justicia salvadore√Īa dejar sin efecto el fallo de junio, lo cual fue declarado “inaplicable” por la Sala Constitucional se√Īalando que es un asunto interno.

“Es un momento dif√≠cil porque se abri√≥ un portillo que no se sabe c√≥mo se va a cerrar”, agreg√≥ Ca√Īas, profesor de la estatal Universidad de El Salvador.

En medio de la turbulencia política, el presidente Mauricio Funes ha sido criticado por sectores que lo acusan de no hacer respetar el fallo en represalia porque la Sala Constitucional le quitó el uso discrecional de fondos del Estado.

Para el m√°ximo l√≠der empresarial Jorge Daboub, Funes es “c√≥mplice” de lo que llam√≥ “golpe de Estado al poder Judicial”.

Analistas y empresarios han advertido que la crisis afecta la credibilidad política y estabilidad económica de El Salvador.

La Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidi√≥ el lunes “pleno respeto” de la separaci√≥n de los poderes, y d√≠as antes la responsable para Am√©rica Latina del departamento de Estado, Roberta Jacobson, expres√≥ “preocupaci√≥n”.

El gobierno de Barack Obama “debe dejar claro” a San Salvador que si no “se implementan r√°pidamente medidas para restaurar el orden constitucional y democr√°tico” Estados Unidos “considerar√° una serie de medidas bilaterales”, como la suspensi√≥n de ayudas, advirtieron los senadores dem√≥crata Robert Menendez y republicano Marco Rubio, en un comunicado.

La Universidad de El Salvador pidi√≥ en un pronunciamiento que “se acaten inmediatamente” las resoluciones de la Sala, y la Universidad Centroamericana (UCA, jesuita) record√≥ al Congreso que las sentencias son de “obligatorio cumplimiento”.

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