Violentos enfrentamientos en Curuguaty, 250 km al noreste de Asunción, dejaron este viernes un saldo de 16 muertos durante el desalojo de campesinos sin tierra que ocupaban una finca, un hecho que provocó la destitución del ministro del Interior y del jefe de la policía paraguaya.

Pocas horas después de los incidentes, el presidente Fernando Lugo anunció en un mensaje a la nación la destitución del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del jefe de la policía, comisario Paulino Rojas.

El ministro de Educación Víctor Ríos, que se erigió en portavoz del presidente tras una reunión del gabinete, anunció que este sábado se designará a los reemplazantes de Filizzola y Rojas.

Los disturbios se iniciaron cuando campesinos sin tierra que ocupaban una finca, perteneciente al empresario Blas Riquelme, emboscaron a policías que se dirigían a desalojarlos y los atacaron con armas de fuego, según dijo Filizzola horas antes de conocerse su destitución como ministro.

“Hubo disparos de parte de ellos y la Policía tuvo que responder” , explicó el ex ministro del Interior.

“Sabíamos que tenían armas. Por eso enviamos al lugar a 300 efectivos para cumplir con el desalojo”, agregó.

Walter Gómez, comisario jefe de investigaciones de Canindeyú (departamento cuya capital es Curuguaty), dijo que los campesinos tenían armas de grueso calibre, como fusiles M-16, y que la policía fue recibida con disparos de francotiradores, muriendo siete uniformados en esas acciones.

El enfrentamiento se produjo entre unos 150 campesinos sin tierra y unos 300 policías, había señalado Filizzola.

Los campesinos “usaron armas que fueron robadas hace meses de la sede de la policía antimotines”, denunció el diputado opositor José López.

Otro diputado, Herminio Dávalos, representante de Curuguaty ante la legislatura, precisó que ocho oficiales policiales se adelantaron para conversar con los líderes campesinos antes del desalojo “cuando fueron masacrados” por disparos de armas de fuego.

“Había francotiradores en los árboles (…). Allí cayeron 7 policías. Uno se salvó”, destacó Dávalos.

La reacción policial dejó como saldo entre 9 y 11 muertos en las filas de los campesinos ocupantes, según diversas fuentes.

Los invasores del terreno, una reserva natural de propiedad privada, se dispersaron y se internaron en una zona boscosa, pero fueron rodeados por la fuerza policial.

“Seguimos allí con 321 efectivos, en el lugar, apoyados por helicópteros”, destacó Filizzola.

La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados “brasiguayos”, prósperos productores de soja brasileños instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil.

El presidente Lugo repudió los enfrentamientos y manifestó su “absoluto respaldo” al accionar de las fuerzas de seguridad. Ordenó además a las Fuerzas Armadas que apoyen con sus efectivos el operativo policial que se lleva a cabo.

El Senado y la Cámara de Diputados, reunidos en sesión plenaria, pidieron un informe de los incidentes y coincidieron en denunciar que “se garantizó la integridad de los campesinos que despreciaron la vida de los policías”, segun afirmó el diputado Salyn Buzarquis.

La gobernadora del departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, calificó al ex ministro Filizzola de “irresponsable” tras recordar que le había advertido que un desalojo violento iba a desembocar en pérdida de vidas.

Asimismo, dijo que “coincidencia o no, los que lideraron esta ocupación son amigos del Presidente”, en referencia a los vínculos de Lugo con el campesinado.

La gobernadora advirtió que los dirigentes campesinos “tienen sus propiedades en Curuguaty y hacen un negocio de las ocupaciones” y dijo además que poseen “una radio comunitaria desde donde incitan todos los días a la violencia”.