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Esperanza y recelo en Brasil tras primera acción penal por crimen en dictadura
Publicado por: Agencia AFP
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La primera demanda penal presentada el miércoles en Brasil por crímenes durante la dictadura (1964-85) despierta la esperanza de familiares de víctimas del régimen, pero refuerza el malestar en ciertos sectores militares, ya recelosos por la creación de una Comisión de la Verdad.

Un grupo de procuradores present√≥ el mi√©rcoles a la justicia de Marab√° (en el estado amaz√≥nico de Par√°, donde actu√≥ la guerrilla del Araguaia) una denuncia que acusa al coronel de la reserva del Ej√©rcito Sebastiao Curi√≥ Rodrigues de Moura del “secuestro” de cinco ex guerrilleros en los a√Īos 70′, “hasta hoy desaparecidos”, inform√≥ a la AFP el fiscal Tiago Rabelo.

“Esta acci√≥n es extremamente importante para nosotros, fundamentalmente porque esas personas van a ser llamadas a explicar lo que hicieron, tendr√°n que salir de las sombras”, explic√≥ a la AFP la ex presa pol√≠tica Cecilia Coimbra, presidenta del grupo Tortura Nunca M√°s, que re√ļne a familiares de v√≠ctimas de la dictadura.

“Esta acci√≥n puede desenmascarar la represi√≥n horrible que hubo en toda esa regi√≥n y es una oportunidad de reabrir el debate sobre la ley de amnist√≠a”, dijo a la AFP el presidente de la ONG Justicia y Derechos Humanos, Jair Krischke.

A diferencia del resto del Cono Sur, Brasil no ha condenado a militares que violaron los derechos humanos durante la dictadura, ya que la ley de amnist√≠a de 1979 los protege de c√°rcel y juicios. Algunos familiares presentaron acciones civiles, que seg√ļn Tortura Nunca M√°s fueron desconsideradas en altas instancias judiciales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declar√≥ en 2010 sin “efectos jur√≠dicos” la ley de amnist√≠a y orden√≥ a Brasil que determine responsabilidades penales y sanciones por la detenci√≥n arbitraria, tortura y desaparici√≥n forzada de cerca de 70 personas de la guerrilla del Araguaia.

Pero la Corte Suprema hab√≠a corroborado ese a√Īo la validez de la ley de amnist√≠a y ha insistido en que no puede revisarse.

La acción enciende la polémica en Brasil, que acaba de crear una Comisión de la Verdad destinada a esclarecer los delitos de la dictadura. La Comisión, sancionada en noviembre por la presidenta Dilma Rousseff, una ex guerrillera que sufrió tortura y cárcel durante el régimen militar, no conlleva acciones penales pero levantó recientemente la ira de sectores de las fuerzas armadas.

El ministro de Justicia, Jos√© Eduardo Cardozo, estim√≥ el mi√©rcoles que la que la acci√≥n penal no generar√° inquietud entre los militares. “Vivimos en un Estado de Derecho y las fuerzas armadas est√°n perfectamente ajustadas a la realidad constitucional”, dijo el ministro.

Los responsables de los clubes militares, que representan a los oficiales en retiro, publicaron en febrero una carta con duras críticas al gobierno y en especial a la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario, por decir que en el futuro los militares podrían responder ante la justicia por crímenes durante la dictadura.

“La creaci√≥n de la Comisi√≥n de la Verdad fue negociada con los militares y hab√≠a sido aceptada. La presi√≥n es para garantizar que lo que fue aprobado no se extrapole: que la ley de amnist√≠a no ser√° revocada y que los militares no ser√°n castigados” por la justicia, explic√≥ a la AFP Marcelo Rech, editor del sitio Inforel y especialista en Defensa y Relaciones Internacionales.

“No interesa a ninguna de las dos partes revisar la ley de amnist√≠a, porque en ese caso incluso la presidenta de la Rep√ļblica podr√≠a ser juzgada, porque perteneci√≥ a un brazo armado de una organizaci√≥n disidente”, dijo Rech.

El presidente del gremio de los abogados de Brasil, Ophir Cavalcante, expres√≥ “simpat√≠a” por la acci√≥n penal abierta por los procuradores, pero dijo que s√≥lo tendr√° √©xito si la Corte Suprema reconsidera la validez de la ley de amnist√≠a.

Los procuradores afirman que su denuncia no contradice a la Corte, sino que se basa en dos decisiones de la máxima instancia judicial, que permitieron la extradición a Argentina a dos ex militares por considerar que sus delitos en la dictadura no prescribieron.

El Estado brasile√Īo reconoce a 400 muertos y desaparecidos durante la dictadura.

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