Desde hace un tiempo que el Ministerio de Economía, con la venia de la cartera de Salud, reactivó la discusión respecto a la ley que permite la venta de medicamentos genéricos en el comercio abierto.
Esta iniciativa surgió debido a la denominada “colusión de las farmacias”, situación en la que ciertas cadenas farmacéuticas fueron descubiertas fijando los precios de 222 medicamentos de uso regular.
Como en toda ley, siempre hay lecturas y alcances distintos cuando se piensa en su aplicación. En una declaración pública, la Asociación de Estudiantes de Química y Farmacia manifestó que en Argentina una medida similar provocó que los medicamentos subieran un 140% su valor, como ejemplo de lo variable que son las reglas del mercado.
Desde la visión ética y social, un medicamento es recetado para su administración. Ahora nos enfrentamos al avance de la visión comercial, en la que “consumiremos” un fármaco sin necesariamente recibir las indicaciones de un profesional de la salud.
Cabe destacar que, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 50% de los medicamentos se recetan o venden de forma inapropiada, y la mitad de los pacientes que los reciben no los toman correctamente.
A eso se añade que la combinación de la correcta supervisión de los servicios de atención de salud, la educación de los consumidores y el suministro o venta de ellos es eficaz para mejorar su uso racional, pero descoordinadamente, tienen un impacto algo reducido.
Lo señalado por la OMS apunta a desarrollar todos los planes necesarios para evitar el mal uso de los medicamentos, en los distintos sistemas que desee adoptar cada nación.
En la vigilancia farmacológica, de acuerdo a lo señalado en la Revista Cubana Salud Pública, debe sin duda participar el profesional farmacéutico. Asimismo, se debe evitar que la industria farmacéutica sea “salvajemente lucrativa”, propiciando siempre un equilibrio.
