En prisión preventiva quedó el Alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera (PPD, con militancia suspendida temporalmente), tras ser acusado de 4 delitos, siendo el más grave el de lavado de dinero. Esto, tras la esperada formalización de cargos cumplida en el Juzgado de Garantía de Talcahuano. El edil arriesga una pena de 5 años de prisión.

Una gran expectación se vivió este viernes en el tribunal de la ciudad puerto, hasta donde arribó el Alcalde, 6 de sus funcionarios municipales y el concejal Miguel Rivera, hijo del jefe edilicio, para cumplir con la esperada audiencia de formalización.

Temprano llegaron también adherentes del jefe comunal, a quien defendieron de las imputaciones, cuya gravedad se desconocía en detalle por el carácter de “secreta” de la investigación de al menos 18 meses. Los hechos fueron relatados por el fiscal Francisco Ljubetic durante la primera parte de la audiencia.

Quedó en evidencia que los dardos apuntaban principalmente al edil, acusado de cuatros delitos: Exacción ilegal, cohecho reiterado, fraude al fisco y lavado de dinero, este último el más grave de todos y que no fue formulado a ningún otro imputado.

Tras 8 horas y media de diligencia, y sin presencia de los medios en la sala, la jueza Humilde Silva aprobó los argumentos del fiscal y decretó la prisión preventiva de Marcelo Rivera por representar un peligro para la sociedad.

Una de las personas que se encontraba al interior fue el abogado Enrique Hernández, quien defiende al jefe de personal Mario Gutiérrez, acusado de fraude al fisco y exacción ilegal.

Rivera fue sacado del tribunal a bordo de un carro de Gendarmería, que salió por calle Colón, donde sus adherentes le entregaron respaldo, algunos sin poder contener el llanto y otras con ira por lo que consideran una persecución política.

La exacción ilegal guarda relación con que el Alcalde exigió bajo presión a funcionarios municipales dinero para la compra de la ‘Casa Ciudadana’, a cambio de lo cual se les pagaron horas extraordinarias injustificadas, que nunca se cumplieron. Esto, de paso configuró también a juicio del Ministerio Público el delito de fraude al fisco por 35 millones de pesos.

Los funcionarios involucrados, forzados a pedir un crédito a Coopeuch, el que cubrieron con las horas extras, incurrieron en el delito de apropiación indebida de prestaciones.

El cohecho del Alcalde, en tanto, se materializó al exigir dinero a empresas areneras por el permiso de extracción y la promesa de no fiscalizar. Uno de esos empresarios, José Moraga Rojel, de la inmobiliaria Las Tejas, le entregó 100 millones de pesos en efectivo y otros 5 en tres cheques. Este empresario será formalizado el martes venidero por soborno.

Y el lavado de dinero se configuró cuando Rivera intentó disimular y ocultar el origen ilícito de los recursos, adquiriendo una serie de bienes inscritos a nombre de terceros, preferentemente de su grupo familiar cercano.

Ahí está la compra de la ‘Casa de la Ciudadanía’ por 20 millones de pesos, un vehículo de 15 millones y medio para su señora, otro de 3,5 millones para su hijo Sebastián, un departamento por 30 millones, una parcela en Yumbel por 20 millones, y casas por 7,5 millones y 6 millones, entre otros bienes, todo comprado con ingresos sin justificar.

En uno de los casos de las areneras, el Alcalde pidió sin éxito a un segundo empresario 5 millones por el permiso, el que fue contactado por el hijo del edil.

Rivera quedó en el módulo 9 de la cárcel El Manzano, donde se encuentran reos de baja peligrosidad, de buena conducta, y personas que cumplen prisión preventiva. Además, puede recibir visitas a contar de este sábado.

Su defensa particular compuesta por los abogados Marcelo Torres, Marcelo Villena y Marcelo Llanos guardó silencio y prepararía una apelación a la medida cautelar, para que el edil aguarde en libertad el fin de la investigación que tiene plazo de 3 meses.

Cabe destacar que por el grave delito de lavado de dinero arriesga una pena que parte en 5 años de cárcel, explicó el fiscal Ljubetic.

Conocido el destino de Rivera, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, pidió prudencia a la opinión pública, porque queda mucho camino por recorrer para comprobar que el Alcalde cometió los delitos que le imputan.

El jefe comunal quedó con su militancia suspendida y el partido resolvió suspender las primarias para elegir candidato a las municipales, donde participaría Rivera.

Finalmente, los 6 funcionarios del municipio formalizados y el concejal Miguel Rivera, quedaron libres con arraigo nacional y la obligación de firmar mensualmente en la fiscalía porteña, pudiendo trabajar sin restricciones.