Una decisión que creará un precedente en la privacidad de las comunicaciones de los funcionarios públicos del país, es la que debe tomar el Consejo para la Transparencia en los próximos días.
Esto, luego que Juan José Soto solicitara los correos de la cuenta institucional del Ministro Secretario General de la Presidencia, Crisitián Larroulet, con el fin de conocer los avances del proyecto de Alta Dirección Pública, perteneciente a la Agenda de Modernización del Estado.
Soto apuntó que si el Consejo fallara en su contra se ratificaría la consolidación del Gobierno en la ocultación de información.
El abogado de Soto e integrante de la Fundación Pro Acceso, Rodrigo Mora, anadió que si la resolución del Consejo resultará negativa para su defensa acudirá a la Corte Suprema, y si es necesario a instancias internacionales.
Por otra parte, el Jefe de la División Jurídica de la Segpres, Sebastián Soto, defendió la postura del Ejecutivo y aseguró que la legislación vigente no comtempla la interceptación de los correos institucionales.
Desde el Consejo para la Transparencia, el presidente del organismo, Alejandro Ferreiro, señaló que la institución no tiene la última palabra.
No obstante, apuntó que para que la resolución sea efectiva y no vulnere el derecho de la información de los ciudadanos, debe darse lo antes posible.
Ferreiro además señaló que el Consejo tendrá en cuenta las experiencias internacionales en la materia.
