El juez argentino Otilio Romano ingresó a nuestro país el 24 de agosto pasado, un día antes de comenzar su juicio por los 103 delitos de lesa humanidad que le imputa la fiscalía de Mendoza.
Romano, el 1 de septiembre pidió asilo al gobierno chileno, alegando persecución política de las autoridades de su país, proceso que se podría extender por 8 meses
De visita en Chile, el fiscal argentino Marcelo Colombo confirmó que utilizarán la vía judicial para intentar juzgar en su país al juez acusado violaciones a los derechos humanos.
La Corte Suprema de nuestro país deberá designar a uno de sus integrantes para iniciar un proceso en contra el juez Romano, una vez que los tribunales trasandinos envíen la petición de extradición.
El presidente del máximo tribunal, Milton Juica, indicó que este es un derecho de la justicia de cualquier país.
La UDI también ha entrado en este debate pidiendo que se devuelva a Argentina al juez Romano a cambio de que envién a Chile al ex frentista Sergio Galvarino Apablaza, investigado por el asesinato del ex senador de ese partido, Jaime Guzmán.
Frente a este escenario, el diputado del PPD Tucapel Jiménez indicó que sólo en estados de guerra se realizan intercambios de personas entre un país y otro.
El ministro que investiga la muerte de Guzmán, Mario Carroza, ya negó la posibilidad de plantear un intercambio con Argentina entre Romano y Apablaza argumentando que las vías judiciales son otras, ajenas a negociaciones políticas.
