Las Fuerzas Armadas de Ecuador trabajan en la conformación de una brigada para combatir el crimen urbano, la cual contará con unos 3.000 miembros el próximo año, informó el jefe del Comando Conjunto del organismo, general Ernesto González, en una entrevista publicada el jueves.
El oficial dijo que ya está en marcha el entrenamiento de los militares, que además serán dotados de armas cortas para apoyar las acciones de la Policía ante el creciente sentimiento de inseguridad.
“No es dable que estemos con fusiles en un patrullaje urbano. Debemos tener un arma corta. Para eso contamos con un proyecto de armar una brigada”, dijo González al diario El Comercio de Quito.
“Estamos en el proceso de capacitación. Organizamos batallones especiales de Policía Militar. Ya tenemos entrenados a 1.500 oficiales y soldados para apoyar los operativos antidelincuenciales, en el control de armas y en la gestión de riesgos”, añadió.
El mando castrense sostuvo que en 2012 se espera “tener 3.000 hombres equipados y entrenados. Además de la inseguridad en todo el país, las nuevas amenazas emergentes como el narcotráfico con sus delitos conexos no llevan a la necesidad de una capacitación más detallada”, indicó.
En noviembre de 2010, el presidente socialista Rafael Correa dispuso que las Fuerzas Armadas, junto con la Policía y por tiempo indefinido, controlen el porte de armas y participen en acciones de inteligencia contra el crimen organizado en las principales urbes.
Un año antes, Correa también ordenó que los militares salieran a las calles al amparo de un estado de excepción de tres meses en las ciudades más grandes: Quito, Guayaquil y Cuenca (sur).
El gobierno destacó entonces que la medida permitió desbaratar una treintena de bandas, pero la oposición cuestionó los resultados.
González dijo que para viabilizar legalmente la operación de la brigada, la Asamblea Legislativa tramita una reforma a la ley de seguridad pública, si bien la Constitución reza que “las Fuerzas Armadas y la Policía son instituciones de protección de derechos, garantías y libertades del ciudadano”.
