Un suspendido juez argentino que está encausado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976/83) y prófugo de la justicia, pidió refugio político en Chile, adonde viajó hace 15 días, dijo este jueves a la AFP una abogada querellante.

“Hoy el juez Walter Bento, a cargo de la causa, nos notificó que el suspendido camarista Otilio Romano pidió refugio político en Chile”, afirmó Viviana Beigel, letrada del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH).

Romano, integrante suspendido de la Cámara Federal de la provincia de Mendoza, “obtuvo una visa por 8 meses en Chile, donde presentó un pedido de refugio político, trámite que se hace ante la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados)”, precisó la abogada.

“Estimamos que no se le concederá el refugio porque hay leyes internacionales que impiden otorgar ese beneficio a acusados de delitos de lesa humanidad”, agregó.

Romano está encausado como “partícipe primario” en 103 casos de violaciones de los derechos humanos, entre desapariciones, secuestros, asesinatos y torturas durante la dictadura, época en la que se desempeñaba como fiscal federal en Mendoza, limítrofe con Chile.

Consultado por la AFP, Bento se limitó a señalar que este jueves “cité a las partes y los notifiqué de la situación”.

Beigel explicó que Romano “tomó un avión a Chile el 24 de agosto pasado, un día antes de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera en sus funciones como camarista federal, en el marco de un proceso de juicio político”.

Romano no se presentó el miércoles a una citación y el juez lo declaró prófugo.

“Esta fuga es una causa más contra él y acelera su destitución”, estimó la querellante.

“Como fiscal, Romano utilizaba las declaraciones hechas bajo tortura por detenidos en los centros clandestinos y las utilizaba para acusarlos en procesos penales. Persiguió penalmente a los presos políticos y omitió investigar denuncias de torturas”, contó Beigel.

En el momento de su destitución, Romano integraba la Cámara Federal de Mendoza, una de las más altas instancias judiciales del distrito, la que presidió durante varios años.

Además de Romano, hay otros seis jueces de Mendoza con procesos similares.

Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura, según organismos de derechos humanos.