Diez guardias de la principal cárcel de Costa Rica fueron separados de sus puestos este viernes, un día después de conocerse que un preso que fue encontrado muerto en su celda de máxima seguridad el 22 de mayo había sido asesinado a golpes, informaron las autoridades.
El ministro de Justicia, Hernando París, ordenó separar a los 10 policías penitenciarios para facilitar las investigaciones del crimen de Johel Araya, de 45 años, quien fue hallado sin vida 11 días después de comandar un intento de fuga que culminó con tres muertos, dos presos y un guardia.
Los guardias del penal La Reforma, cercano a la capital, son los principales sospechosos del homicidio de Araya, quien descontaba 50 años de prisión por narcotráfico y la muerte de un guardia durante una fuga que protagonizó en 2006 en la misma cárcel.
El director del Organismo (policía) de Investigación Judicial, Jorge Rojas, reveló el jueves que Araya pereció por golpes en la cabeza y no por causas naturales, según determinó la autopsia.
Agentes judiciales, jueces y fiscales ingresaron este viernes a La Reforma para interrogar a los guardias de la sección de máxima seguridad y requisar algunos documentos, informó la Fiscalía.
El crimen de Araya colocó en primer plano del debate la corrupción en la policía, en un país que ha sufrido un progresivo aumento de la inseguridad, aunque está lejos de alcanzar los niveles de criminalidad de otras naciones centroamericanas.
Los guardias de La Reforma eran investigados desde el intento de fuga del 11 de mayo, cuando se descubrió que los presos amotinados habían contado con apoyo de funcionarios del penal, pues tenían armas, teléfonos celulares y las llaves de sus celdas.
La esposa de Araya dijo este viernes al canal Teletica que su marido le había contado por teléfono que había sido golpeado duramente por los guardias cuando fue devuelto a la celda, luego del intento de fuga.
“Me dijo que hiciéramos algo porque estaba muy golpeado”, contó la mujer, cuyo nombre no fue revelado y habló de espaldas a la cámara.
El ministro París había dicho el 23 de mayo que el cadáver de Araya estaba “sin signos de violencia”, y que las autoridades presumían que murió por causas naturales.
Sin embargo, dos días antes de ser hallado muerto, Araya había denunciado en un recurso de amparo ante la Corte Suprema que temía que los guardias lo mataran.
