El Consejo Regional del Bío-Bío, votó a favor para constituir una comisión fiscalizadora y revisar los contratos a honorarios de 12 funcionarios territoriales bajo la cobertura de “equipo de reconstrucción”. La instancia también se aplicará para fiscalizar el actuar de la Intendenta Van Rysselberghe a la cabeza del CORE.
La creación de la comisión fiscalizadora se aprobó para dos temas distintos. El primero de ellos se avocará a revisar la situación de los llamados operadores políticos que trabajan bajo la cobertura de “equipo de reconstrucción”, instancia que se aprobó con 18 votos a favor y 4 en contra.
El segundo aspecto, que se aprobó por unanimidad, y que también abordará la comisión fiscalizadora tiene que ver con el actuar de la Intendenta a la cabeza del Core.
Lo anterior debido a que según el consejero PS Eduardo Araya, la presidenta del consejo regional Jacqueline Van Rysselberghe, no respetó la legislación vigente.
El consejero UDI Claudio Arteaga, dijo que no existen documentos que respalden la acusación que dio origen a la instancia fiscalizadora, y que lo único que se busca es enlodar el trabajo del gobierno a poco de cumplirse un año del terremoto.
Cuando la comisión fiscalizadora tenga resultados en ambos temas planteados por los consejeros, se le entregarán los datos a la Contraloría regional, para que estudie todos los antecedentes y determine si existen – o no – irregularidades en el actuar de la presidenta del CORE, Jacqueline Van Rysselberghe.
