La mayoría oficialista del Parlamento venezolano aprobó el martes una reforma a la ley de partidos políticos, en la que finalmente se establecen sanciones a los diputados disidentes o “salta talanquera”, y que fue catalogada por la oposición de “anticonstitucional”.

“Es una ley que garantiza al pueblo venezolano que el diputado que se ofertó de una determinada manera no lo traicione”, explicó la diputada oficialista Iris Varela, durante el segundo y definitivo debate en la Cámara.

Según el texto, se “constituye fraude a los electores y electoras toda conducta que se aparte de las orientaciones y posiciones políticas presentadas en el programa de gestión de oferta electoral”.

Lo mismo ocurre si el diputado se separa de la “organización política o social que lo postuló para integrar o formar otro grupo parlamentario”.

Este “fraude” conllevaría a “la suspensión (en su cargo) o inhabilitación parcial o total (para ejercer cargo públicos) del diputado o diputada, previa solicitud de los ciudadanos o un diputado en representación del grupo parlamentario de opinión al cual pertenece”.

La denominación ‘salta-talanquera’ es usada comúnmente para definir a los disidentes en el Parlamento.

La actual Asamblea Nacional venezolana está conformada por 167 diputados y todos ellos fueron electos en 2005 con los votos de los adeptos del chavismo ya que la oposición decidió no participar en esas elecciones.

Desde 2007, unos 12 parlamentarios se separaron del oficialismo y conformaron una ínfima oposición en la Cámara. Sin embargo, a partir de enero, un nuevo Legislativo entrará en funciones y la oposición contará ahora con 40% de los escaños.

La ínfima oposición en el Parlamento actual no pudo evitar la aprobación de esta ley y se limitó en calificar al texto como una “aberración anticonstitucional”.

“Se concreta un retroceso histórico en la democracia venezolana, una involución democrática”, añadió Simón Calzadilla del partido PPT. “Esto lesiona terriblemente el espíritu de nuestra Constitución”, añadió.

Según la Constitución venezolana, los diputados del Parlamento “deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos” y “estarán sometidos al referendo revocatorio del mandato”, cumplida la mitad de su período.