Un grupo de 46 policías fue detenido en Ecuador por la rebelión de uniformados de hace una semana, denunciada como un intento de golpe de Estado por el presidente Rafael Correa, quien advirtió el miércoles que la conspiración continúa y puede derivar en un atentado.

Correa

Flickr de la Presidencia de Ecuador

Entretanto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a Correa para reiterarle su respaldo tras la sublevación del 30 de setiembre que dejó diez muertos y 274 heridos, según un comunicado difundido en Washington.

Mientras los 46 policías asistían a una audiencia de formulación de cargos, que se instaló por la noche, el ex mandatario Lucio Gutiérrez, derrocado en 2005, anunció que demandará por daño moral a Correa, que lo acusa de estar detrás de la intentona golpista y de asesinato.

Correa “tendrá que probar sus acusaciones y desde ya le indico al país que voy a presentar una demanda por daño moral al presidente y a su entorno”, dijo Gutiérrez al regresar de Brasil, donde asistió como observador en las presidenciales del domingo.

Los 46 policías fueron arrestados la noche del martes acusados de rebelión, dijo a la AFP el fiscal Marco Freire. Asimismo, había sido detenido para indagación el militar retirado Fidel Araujo, dirigente del partido Sociedad Patriótica (SP) de Gutiérrez.

Un juez ordenó el miércoles prisión preventiva contra Araujo por 90 días. “Terminó la audiencia de formulación de cargos (por incitación a rebelión de la fuerza pública) y le dieron prisión preventiva hasta que termine la instrucción fiscal”, señaló a la AFP una fuente del organismo acusador.

Correa aseguró que el ex militar coordinó acciones dentro de la insurrección policial y mostró imágenes del activista hablando por celular en un regimiento de Quito, donde el gobernante fue agredido.

Tres coroneles que fueron vinculados previamente ya habían sido dejados en libertad condicional.

El mandatario anunció una depuración en la Policía, indicando que “hay un núcleo duro que hará cualquier cosa para seguir mandando en el país y hacer lo que se les da la gana”.

“Tenemos que sancionarlos con toda la firmeza de la ley”, dijo a la prensa extranjera, reiterando que “no habrá perdón ni olvido” y que se trata de “unos cuantos” policías.

Asimismo, informó que reestructurará el sistema de inteligencia “desde cero”, pues “todo está infiltrado” por la financiación extranjera del pasado, mientras que el ministro de Defensa, Javier Ponce, anunció una investigación contra militares que bloquearon el aeropuerto de Quito durante los desórdenes.

Al mismo tiempo el gobierno ordenó el retiro de armas a los uniformados sublevados que fueron identificados en videos.

En medio de la rebelión, el gobernante fue retenido por manifestantes y rescatado en un violento operativo militar.

El presidente afirmó que pese a ello “el golpe no ha terminado, continuó, y lo del jueves, hay que tener cuidado, ha sido una medición”, por lo que llamó a prepararse “para el resto”.

“Va ser muy difícil en el futuro garantizar que una situación, tal vez no de esa magnitud, pero un atentado puede ocurrir”, añadió, sin precisar si ese ataque sería contra él.

Asimismo, descartó la participación del gobierno de Obama en el intento de derrocarlo, como sospechan sus homólogos de Bolivia y Venezuela, pero no excluyó que en el mismo pudieran haber tomado parte grupos de extrema derecha estadounidense.

Según Correa, los insurrectos balearon una ambulancia que evacuaba a militares heridos -que participaron en su rescate en un hospital- e intentaron ejecutar a dos soldados que se salvaron fingiéndose muertos.

“Habrá que detectar a esta gente, pero será muy difícil detectar a todos, y mientras exista esa gente en las filas policiales va a ser muy difícil que no haya un acto violento o un exceso policial en el futuro”, alertó.

El mandatario criticó en tanto a opositores que pretenden minar la versión sobre el secuestro y la tentativa de golpe y homicidio.

“Cada vez tenemos evidencias de que esto fue planificado, no fue espontáneo”, indicó, y sostuvo que desde la Asamblea Legislativa “se conspiró” utilizando el reclamo gremial de los policías para crear un vacío de poder.

Este miércoles, durante una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos (OEA), su secretario general, José Miguel Insulza, respaldó la tesis del golpe de Estado.