Tras once jornadas de audiencias, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago dictó este martes las medidas cautelares para los imputados en la denominada Operación Apocalipsis. El tribunal decretó la prisión preventiva para 62 de los imputados, de 71 formalizados. De los acusados, 42 de ellos eran gendarmes al momento de los hechos investigados.
Con dos individuos que ya contaban con esa medida, el total de personas tras las rejas por esta causa asciende a 64. Solo un grupo menor recibió otras cautelares.
La investigación, liderada por la Fiscalía Occidente y la PDI, develó una extensa red de corrupción que operaba en los centros penitenciarios de San Joaquín y Santiago 1.
La Fiscalía Metropolitana Occidente destacó la decisión del tribunal en su cuenta de X: “Operación Apocalipsis: 12vo Juzgado de Garantía da por acreditados todos los hechos y delitos formulados por la Fiscalía y decreta la prisión preventiva de todos los imputados presentes en la audiencia”, se lee.
Operación Apocalipsis: Fiscalía “conforme” con cautelares
El fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se declaró conforme con el resultado de la audiencia. “La fiscalía se declara conforme por el resultado de la audiencia hoy día, por la resolución dictada por el Tribunal”, afirmó. El persecutor calificó la resolución como “sólida” y “fundada”.
Asimismo, el persecutor detalló los delitos que el Tribunal tuvo por acreditados. “Acá se acreditaron delitos de cohecho agravado, delitos de soborno, de asociación criminal para cometer estos delitos, se acreditaron delitos de asociaciones criminales para el tráfico de drogas, tráfico de drogas, ingreso de celulares al interior de los establecimientos y además las aristas de infracciones patrimoniales o lavado de activos”, explicó.
“El Tribunal consideró que a todos los imputados les cabe participación en estos hechos en calidad de autores y estimó que la libertad de cada uno de ellos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, agregó Pastén.
Estructura de un “mercado delictual” al interior de las cárceles
Respecto a la organización de la red, el fiscal abordó su funcionamiento. “No existe una jerarquía clara, pero sí grupos que operaban y además lo mencionaba el juez durante la audiencia, que existía un control de oferta y demanda”, señaló.
“Ocuparon el sistema penitenciario como una forma de hacer negocio ilícito y eso es un mercado delictual”, afirmó el persecutor.
Sobre las próximas etapas, el fiscal Pastén sostuvo que “lo que viene ahora, por supuesto, que nace el derecho para la defensa, si es que estiman pertinente la interposición de recursos de apelación”, indicó. Pastén añadió que la fiscalía defenderá la resolución en la Corte.
También destacó que “este es un trabajo científico, policial, estratégico, jurídico de gran relevancia”. Del mismo modo, Pastén reconoció el aporte de fiscales, la PDI, funcionarios de Gendarmería, el SII y unidades especializadas.
Defensas arremeten contra resolución y anuncian apelaciones
Desde la otra vereda, la abogada defensora María Ignacia Barrera, quien representa a una de las imputadas, criticó la decisión judicial y cuestionó el carácter genérico de la resolución.
“Fue un fallo bastante genérico, donde simplemente dio por acreditado los hechos con el presupuesto material sin hacerse cargo de las defensas privadas de todos y cada uno de ellos”, argumentó. A renglón seguido anunció que llevarán el caso a segunda instancia.
“Mi representada no mantiene ninguna transferencia con los gendarmes que formaban parte de su supuesto clan. Y eso claramente no fue valorado hoy por el tribunal”, declaró la jurista. Ante ello, confía en que la Corte de Apelaciones sí tendrá esa valoración.
Mientras que el abogado Daniel Jorge sumó su crítica, representando a otro imputado. “Creemos que la resolución confirma lo que como defensor hemos dicho desde el comienzo, que es una investigación en que no se detallan hechos respecto a los delitos que haya cometido cada persona y tampoco hay pruebas“, señaló.
Críticas a la falta de prueba específica y técnica de “meter a todos en el mismo saco”
El jurista profundizó en la falta de evidencia concreta contra su defendido, dijo que “no hay testigos, no hay escuchas telefónicas, no hay ningún video, no hay ninguna fotografía”, enumeró. Para el defensor, la resolución fue “poco prolija”.
El abogado cuestionó además que el tribunal “utilizó la misma técnica que utilizó la Fiscalía, es decir, hacer una red, meter a todas las personas en el mismo saco“.
“La investigación lleva dos años. Cuando la Fiscalía de Alta Complejidad deciden formalizar la investigación es porque ya la investigación está relativamente acabada”, analizó.
Finalmente, el abogado Christian Basualto, de la Defensoría Penal Pública, expresó que “claramente no estamos satisfechos con la decisión del tribunal y estamos evaluando las acciones que vamos a seguir”.
Corte eventualmente revisará la Operación Apocalipsis
Del mismo modo, Basualto criticó que “acá se hace alusión a la resolución del Tribunal que sobre la base de las transferencias se determinan las coimas que recibieron los funcionarios de Gendarmería. Sin embargo, no hubo por parte del Ministerio Público ninguna lectura, ni siquiera de una transferencia“.
Así las cosas, el defensor público confirmó “tenemos el plazo para recurrir respectivo y estamos en la evaluación -de la apelación-“. Por tanto, con las apelaciones anunciadas, la Operación Apocalipsis se encamina a una nueva etapa en la Corte de Apelaciones de Santiago.
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