Contraloría le baja el pulgar a Minsal y frena maniobra para subir sueldo de la ministra Aguilera

La Contraloría General de la República (CGR) cerró la puerta a un intento del Ministerio de Salud para que la ministra en ejercicio accediera a una asignación remuneracional adicional que habría significado un aumento de su sueldo. A través del dictamen, emitido el 24 de diciembre de 2025, el ente fiscalizador rechazó la solicitud de reconsideración presentada por la propia cartera.

El pronunciamiento ratifica que la ministra no tiene derecho a percibir la asignación de modernización contemplada en la Ley N° 19.553, debido a que esta resulta incompatible con la asignación especial establecida en el artículo 5° de la Ley N° 19.490, beneficio que ya reciben las autoridades del sector salud.

La petición del ministerio se basó en una interpretación jurídica que buscaba diferenciar entre autoridades y funcionarios, sosteniendo que la exclusión del beneficio solo afectaba a estos últimos. Sin embargo, la Contraloría fue explícita al señalar que dicha exclusión también alcanza a las autoridades de gobierno cuando forman parte de servicios regidos por la Ley N° 19.490, como ocurre con el Ministerio de Salud.

En su análisis, el órgano contralor subrayó que ambas asignaciones, la de modernización y la especial del sector salud, tienen una finalidad idéntica: retribuir el cumplimiento de metas institucionales. Autorizar el pago conjunto implicaría, según el dictamen, otorgar dos pagos por una misma causa, vulnerando la jurisprudencia administrativa vigente y un criterio ya fijado en pronunciamientos anteriores.

El documento precisa que la ministra, en su calidad de autoridad de gobierno, solo puede percibir la asignación prevista en la Ley N° 19.490, equivalente a un 5% de la base de cálculo legal, pagada trimestralmente. Cualquier otro estipendio adicional en este ámbito fue considerado improcedente.

Con esta resolución, firmada por la contralora Dorothy Pérez, la Contraloría refuerza los límites legales sobre las remuneraciones de las autoridades del Ejecutivo y descarta reinterpretaciones administrativas orientadas a elevar ingresos fuera del marco normativo.

Vea el documento aquí:

Polémica por cirugía

La titular de Salud ha estado estos días en el ojo de los cuestionamientos, esto luego que se cursara una cirugía a la madre de la ministra Aguilera, lo que dejó de ser un hecho estrictamente médico y pasó rápidamente al terreno político. La rapidez con que se resolvió la intervención, en un sistema tensionado por extensas listas de espera, activó cuestionamientos públicos y abrió una discusión incómoda sobre privilegios, estándares y percepción ciudadana, algo que terminó en el parlamento y que se pronostica será tema de debate en las primeras semanas de 2026.

Desde la oposición, el caso fue leído como un reflejo de desigualdad del gobierno de Gabriel Boric. Parlamentarios exigieron explicaciones formales y anunciaron gestiones de fiscalización, apuntando a que miles de pacientes esperan meses u/o años por cirugías similares.

El Gobierno salió a cerrar filas. La defensa se centró en que la decisión fue estrictamente clínica, adoptada por equipos médicos y bajo protocolos vigentes, descartando cualquier tipo de intervención por parte de la secretaria de Estado. Desde La Moneda sostuvieron que confundir urgencias médicas con privilegios es un error que termina erosionando la confianza en la ciudadanía.

Respuesta del Ministerio de Salud

“En relación con el dictamen de la Contraloría General de la República, informamos que la consulta que lo origina fue realizada por la División Jurídica del Minsal al detectar una desigualdad significativa en la remuneración de la autoridad respecto de otros ministros de Estado, diferencia originada por dictámenes anteriores de la propia CGR, cuya revisión se solicitó. La Contraloría reconsideró parcialmente su criterio”, detallaron desde la cartera. Una declaración escueta, que evita profundizar en el fondo y en las consecuencias prácticas de la aclaración solicitada: habilitar un aumento de remuneraciones para la ministra en ejercicio.