Proteger el sistema Pintué–Santa Marta–Laguna de Aculeo no significa congelar el territorio, sino reorientar su desarrollo hacia una relación más equilibrada con el agua. Hablamos de gobernanza adaptativa como una propuesta flexible, colaborativa y multiescalar. Es de esperar que el próximo paso sea el Plan de Gestión de la Laguna.

La reciente declaratoria de Humedal Urbano, bajo la ley 21.202, del sistema que comprende los esteros Pintué y Santa Marta, junto con la Laguna de Aculeo, marca un punto de inflexión en la forma en que Chile enfrenta la escasez hídrica.

No se trata solo de proteger un ecosistema que recuperó su agua, sino también de reconocer que la crisis vivida en este territorio fue consecuencia de un problema estructural de gobernanza del agua y del conflicto por el uso del suelo.

La Laguna de Aculeo llegó a secarse completamente en 2018 y se convirtió en un símbolo del colapso hídrico en la zona central. Durante años el debate público osciló entre la falta de lluvias por la megasequía y presiones antrópicas.

Sin embargo, la evidencia científica es clara: la disminución de precipitaciones se combinó con un profundo desbalance en el uso del agua, determinado por la expansión inmobiliaria, la proliferación de pozos, la extracción irregular de aguas subterráneas, la agricultura intensiva, la deforestación y una débil fiscalización. La cuenca fue presionada más allá de su capacidad de recarga natural.

Que el sistema Pintué–Santa Marta–Laguna de Aculeo sea reconocido como humedal urbano no es un gesto simbólico ni una reacción tardía ante su recuperación hídrica. Es, más bien, una señal de aprendizaje institucional ante la sobreexplotación hídrica.

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La protección abarca el espejo de agua, los esteros y las planicies de inundación que permiten su funcionamiento como un sistema socioecológico integrado. Estas zonas actúan como esponjas naturales: almacenan agua durante los periodos de lluvia, recargan acuíferos, atenúan las inundaciones y sostienen la biodiversidad en escenarios de estrés climático.

Este enfoque es clave. La escasez hídrica es un fenómeno natural combinado con un problema de gobernanza del agua. La declaración permite ordenar y conciliar las actividades que se desarrollan en su entorno —productivas, inmobiliarias, recreativas o turísticas— bajo criterios mínimos de sustentabilidad. La Ley de Humedales Urbanos no prohíbe el desarrollo, sino que establece reglas claras para que este no comprometa la base ecológica de la vida local ni la seguridad hídrica futura.

La declaratoria otorga también mayor certeza a las comunidades. En un territorio de conflictos socioambientales, contar con un marco normativo común reduce la discrecionalidad y abre la posibilidad de una gestión más participativa, en la que el municipio y los actores locales tengan un rol activo en la conservación del humedal.

Proteger el sistema Pintué–Santa Marta–Laguna de Aculeo no significa congelar el territorio, sino reorientar su desarrollo hacia una relación más equilibrada con el agua. Hablamos de gobernanza adaptativa como una propuesta flexible, colaborativa y multiescalar. Es de esperar que el próximo paso sea el Plan de Gestión de la Laguna.

Este reconocimiento permite resignificar el territorio: deja de ser el ícono de la megasequía para transformarse en un caso de adaptación climática. El retorno del agua y de especies emblemáticas, como la garza cuca, demuestra que los ecosistemas tienen capacidad de resiliencia y fortalecen las capacidades de gestión ambiental. Pero esa resiliencia no es automática ni permanente: requiere decisiones públicas oportunas, basadas en evidencia científica y con mirada de largo plazo.