El debate que hoy se desarrolla en el Congreso y en la arena política sobre la negociación del reajuste del sector público trasciende lo meramente económico. En el contexto del reciente proceso electoral y la futura administración, se ha intentado instalar una narrativa peligrosa: la idea de que en el aparato estatal impera el abuso.
Como representantes de las y los trabajadores de la Salud Pública creemos que esa es una caricatura que busca desmantelar la función pública en favor de intereses circunstanciales.
Nuestra organización ha sostenido históricamente una postura clara en términos de lo urgente que es para el país contar con una nueva carrera funcionaria. Diferenciar, a su vez, a los funcionarios de carrera —aquellos que sirven al Estado- y los colaboradores de confianza que cada cuatro años desembarcan con los gobiernos de turno.
Es legítimo que una coalición ganadora instale su cuadro de conducción política, pero no lo es el pretender que el Estado les pertenezca como un patrimonio privado o partidario.
A lo largo de 40 años de trabajo en la Salud Pública he visto pasar administraciones de todos los signos políticos, donde se instaló personal propio en sectores administrativos y de servicios. Entendemos las reglas de la democracia, pero la esencia de la República es que el Estado trasciende al gobierno de turno.
Sin un aparato estatal fuerte, eficiente y libre de corrupción, la sociedad simplemente no prosperará. Esa estabilidad no la otorgan los asesores temporales, sino los funcionarios de carrera.
Frente a la falacia de que en el Estado “no se puede despedir a nadie”, hay que aclarar que el Estatuto Administrativo es claro al señalar que existen mecanismos de evaluación y desvinculación para quienes no cumplen con los estándares. Lo que nosotros rechazamos no es la evaluación, sino el uso del despido como herramienta de proselitismo político para vaciar instituciones y capturarlas ideológicamente.
Nuestra propuesta se alinea con los estándares de los países desarrollados. En Europa, la distinción es nítida y se conoce con precisión qué cargos son de confianza política para ocupar puestos como directores de servicio, asesores y economistas respecto de quienes son los técnicos y operarios que sostienen el sistema.
Lo que buscamos con el actual acuerdo no es otra cosa que el respeto al derecho al trabajo. No se puede desvincular a un funcionario eficiente sin una justificación fundada. Estas son normas jurídicas básicas que deben regir tanto para la izquierda como para la derecha.
Es imperativo “descremar” el aparato público e identificar quiénes son asesores de confianza —quienes deben retirarse con sus respectivas administraciones— y quiénes son trabajadores que llevan años generando valor al Estado.
Si en el sector privado existe la norma de que, tras dos contratos, el trabajador adquiere la condición de indefinido, ¿bajo qué lógica de justicia se le niega esa estabilidad a un funcionario público capaz?
A la espera de la apertura del debate legislativo en el Congreso, defenderemos lo firmado. La Salud Pública no le pertenece al partido o ideología de turno. Es el derecho de la totalidad de chilenos que se atiende en hospitales y centros asistenciales del territorio. Son ellos y los trabajadores del sector el motor de la República.
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