Corte Suprema denuncia a altos funcionarios del Poder Judicial por "venta de servicios" al extranjero

La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo Harboe, presentó una denuncia en contra de altos funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).

Según información recopilada por Bío Bío Investiga, la ofensiva se da luego de un sumario administrativo en contra del jefe del Departamento de Desarrollo Institucional (DDI), Mario Lara Orellana; el jefe del Subdepartamento de Modernización, Esteban Paiva Jara; y Pablo Cabezas Fernández, jefe del Laboratorio de Innovación.

Precisamente, esta semana la ministra Gajardo decidió formular cargos en contra de los tres empleados por haber “ofrecido servicios remunerados a terceros”, “directamente y también a través de sociedades”, entre 2024 y 2025.

La sociedad

El problema a juicio de la magistrada es que los mismos estaban “relacionados directamente con las funciones que cumplen en la CAPJ”. Es decir, en la Corte Suprema sospechan que pudieron haber utilizado sus conocimientos obtenidos en el ejercicio de su trabajo en el Poder Judicial para luego transarlos en el extranjero.

En concreto, los funcionarios fueron contratados por la República Dominicana. El sumario también detectó que habían ofrecido servicios en Argentina y Chile, a través de Innovectio SpA, sociedad de la que los tres profesionales son socios.

Según estimó la ministra, estos hechos podrían ser constitutivos del delito de negociación incompatible. De ahí que este lunes remitiera los antecedentes al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Denuncia anónima

Según cuentan conocedores de la materia, el sumario administrativo tuvo su origen en una denuncia anónima ingresada el pasado 20 de octubre a través del canal de denuncias de la institución.

Dos días después, la acusación que pesa sobre los funcionarios fue expuesta en una sesión extraordinaria del Consejo Superior del Poder Judicial. La misma instancia resolvió instruir la investigación disciplinaria.

La decisión de dejarla en manos de una ministra de la máxima magistratura judicial se debió —dicen los mismos inquiridos— a la “gravedad e importancia de los hechos”. Esto, porque podría impactar en las relaciones institucionales a nivel internacional y puesto que “alcanza jefaturas de la Corporación”.

Consultados los funcionarios involucrados, señalaron que se encuentran realizando sus descargos y que están ocupando todas las etapas del proceso administrativo en curso para demostrar su inocencia.

Asimismo, cuestionaron la filtración de antecedentes del sumario, puesto que “dañan la honra y afectan el principio de inocencia”.

“No podemos contestarlas con información veraz, ya que respetamos el secreto que transitoriamente recae en este procedimiento. Sin embargo, enfocamos toda nuestra energía en nuestra defensa. No hemos vulnerado norma alguna”, acotaron.