El fiscal jefe de la zona metropolitana sur, Alejandro Peña, apeló de la libertad concedida por el 11° Juzgado de Garantía de Santiago a Carlos Riveros Luttge y Camilo Pérez Tamayo, formalizados por su presunta participación en una asociación ilícita terrorista para la instalación de artefactos explosivos en distintos puntos de la capital.
Ambos imputados habían quedado en libertad el 18 de agosto pasado, luego que el tribunal estimara que en sus casos no se configuraban los presupuestos para atribuirles participación en la supuesta organización.
También apeló de la resolución, la querellante de la Iglesia Parroquia Inmaculada Concepción de Vitacura, Francisca Franzani. Este recinto religioso fue afectado por uno de los atentados.
Con este recurso, tanto el Ministerio Público como la querellante intentan revertir la decisión del tribunal y lograr que la Corte de Apelaciones de San Miguel ordene la prisión preventiva de los imputados.
Junto con Riveros y Pérez continúan en libertad, pero con medidas cautelares Candelaria Cortés-Monroy, Diego Morales Muñoz, Iván Goldenberg González y Cristián Cancino Carrasco.
A estas 6 personas el tribunal les impuso arraigo, prohibición de comunicarse entre sí, firma semanal así como la prohibición de visitar a los 8 presuntos anarquistas que quedaron en prisión preventiva. Tampoco pueden acercarse a las casas okupa de Sacco y Vanzetti, La Crota, El Hogar y Jonny Cariqueo por orden del tribunal.
