El recién designado embajador en Panamá Alberto Labbé, será citado a declarar por la justicia a petición del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, inculpado por la cooperación que habría prestado a la Operación Cóndor durante la dictadura militar. El diputado Tucapel Jiménez adelantó que pedirán su destitución.

La solicitud fue acogida por la jueza Raquel Lermanda, quien reemplaza en este proceso judicial al ministro Luis Montiglio.

Los abogados del Ministerio del Interior pretenden que el diplomático aclare su actuación en 1975, cuando se desempeñaba como segundo secretario de la Embajada de Chile en Argentina, por sus presuntos vínculos con el ex agente de la Dina, Enrique Arancibia Clavel.

Arancibia es el único chileno condenado en el vecino país por el crimen del general Carlos Prats, quien en su calidad de informante habría enviado a través de la Embajada, antecedentes de refugiados chilenos a los aparatos represores del régimen militar.

Consultado el canciller Alfredo Moreno sobre la citación a declarar a uno de sus embajadores, dijo desconocer totalmente estas informaciones.

Hace un mes, ya se había registrado un conflicto entre el titular de Defensa y el Ministerio del Interior, ya que tampoco fue informado sobre la citación a declarar del subsecretario de Defensa Oscar Izurieta por el crimen de Víctor Jara.

El diputado de la comisión de derechos humanos de la Cámara, Tucapel Jiménez, adelantó que pedirán la destitución de su cargo de este diplomático.

El caso Operación Cóndor consistió en la coordinación entre las dictaduras de la época en América Latina para eliminar a sus detractores.

La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, recordó que este es un ejemplo de las advertencias que hicieron tras la reunión con el presidente Sebastián Piñera.

El embajador designado es hermano del alcalde de providencia Cristián Labbé.

En horas de la tarde, la Cancillería emitió una declaración donde se señaló que Alfredo Moreno conversó con el embajador Labbé, y que se comunicaría a la brevedad con la jueza para entregar cualquier antecedente que sea requerido.

Además, se señaló que la posición del Gobierno es que todos deben estar a completa disposición de la justicia, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores respeta la labor del Poder Judicial, y espera que todo se aclare en forma rápida y definitiva.