Aún hay más de 100 millones de pesos sin rendir de los fondos de empleo de emergencia que administraba el Gobierno Regional del Bío-Bío entre los años 2003 y 2007.
Este caso se remonta a inicios del año pasado cuando la Intendencia del Bío-Bío encabezada en ese entonces por Jaime Tohá pidió una auditoría a la Contraloría para demostrar que habían logrado la rendición de cuentas de 1.500 millones de pesos correspondientes a planes de empleo de emergencia.
La polémica quedó al descubierto tras un informe del año 2008 que mostraba esta millonaria suma.
En definitiva, el contralor regional Luis Cerda notificó al actual gobierno que gran parte de los recursos fueron rendidos. Sin embargo, aún hay 117 millones que aún no han sido justificados y por ende la actual intendenta Jacqueline Van Rysselberghe debería entregar esta información al Consejo de Defensa del Estado.
Fuentes ligadas al caso, aseguraron que hasta la fecha el Consejo no recibe un informe por parte del Gobierno Regional aún cuando desde el año 2003 hay antecedentes de estos hechos.
