La suerte del ex candidato presidencial mexicano Diego Fernández de Cevallos sigue en el misterio a dos semanas de desaparecer a las puertas de su hacienda, en un caso rodeado del hermetismo familiar, de las autoridades -que no lo califican de secuestro- e incluso de parte de la prensa.
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La decisión de la Procuraduría (fiscalía) de acatar un pedido de la familia y abandonar las pesquisas a fin de favorecer una eventual negociación alrededor del caso, fue criticada por juristas y la oposición, en tanto que el presidente Felipe Calderón la defendió.
Desde Canadá, donde realiza una visita oficial, Calderón justificó la decisión al señalar que “da simplemente un espacio para que la propia familia pueda realizar las acciones que considere pertinentes para preservar la vida” de Fernández de Cevallos, que en 1994 fue candidato presidencial del ahora gobernante Partido de Acción Nacional (PAN, centro-derecha).
Pero muchos juristas cuestionaron la decisión. “La Constitución y el código penal son muy claros: toca al ministerio público perseguir el delito y poner a los delincuentes a disposición del juez y, en consecuencia, cualquier otra cosa no es constitucional”, dijo el ex fiscal especializado en casos políticos Ignacio Carrillo este viernes a la prensa.
Carrillo dijo que entiende las circunstancias que rodean a la familia del político, pero subrayó que aceptar el quebranto del orden jurídico dando esta especie de “paréntesis humanitario” es ilegal.
El gobierno ha sido ambiguo al referirse al caso, catalogándolo a veces como desaparición. Incluso Calderón subrayó desde hace una semana que no podía calificarse de secuestro y descartó también considerarlo un mensaje de la mafia al Gobierno.
