Como una presión indebida del Ministerio Público calificó el abogado del matrimonio condenado a pena de cárcel por la denominada estafa del siglo, luego que se presentara, mientras permanecían prófugos, un requerimento en el Juzgado de Familia para quitar la tuición de los hijos de la pareja. La fiscalía de Temuco abandonó el juicio y no se presentó a la audiencia fijada por el tribunal.
Un inesperado episodio enfrentaron este lunes Jorge Sepúlveda y Alejandra Romero, luego que en el Juzgado de Familia el fiscal del Ministerio Público, Cristian Paredes, presentara un requerimiento dando a conocer que los 4 hijos del matrimonio estarían siendo vulnerados en sus derechos, lo que significaría que de haber sido acogido los niños tendrían que ser internados en un centro del Servicio Nacional de Menores, Sename.
Rodrigo Bustos, abogado que defiende a los condenados por los hechos relacionados con la empresa Royal Bussines, dijo que fue una presión indebida de la PDI, luego de fracasar en una orden de detención que ordenó aprehender al matrimonio, ya que, los niños cuyas edades van de los 7 a los 15 años, han sido la mayor preocupación de los padres durante los juicios que han enfrentado.
Actualmente, Jorge Sepúlveda y Alejandra Romero, están a la espera de un último recurso elevado ante la Corte Suprema, el que busca revertir la decisión judicial que les condenó al cumplimiento efectivo de 4 años de cárcel, por infringir la ley general de bancos.
