Como una bomba cayó el reportaje de La Nación Domingo, que denuncia el pago de honorarios por parte del Ejército a ex funcionarios castrenses involucrados en delitos contra los Derechos Humanos.

El reportaje consigna que a lo menos ocho ex militares y funcionarios miembros de la DINA y la CNI, procesados por delitos como secuestros, asociación ilícita criminal, obstrucción a la justicia y torturas, entro otros crímenes de lesa humanidad relacionados con la desaparición de miles de personas durante el régimen militar, recibieron pagos.

Según la plantilla actualizada al 2009 por el propio Ejército, figuran ex integrantes de las brigada Mulchén, Rengo y el Grupo Leopardo, tales como el ayudante del ex general Manuel Contreras, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, involucrado en el asesinato de Tucapel Jiménez; y el médico y ex coronel en retiro, Guido Díaz Paci, quien participó en Caravana de la Muerte. Ambos reciben el pago de 700 mil y 400 mil, respectivamente, por asesorías y tratamientos médicos a personal castrense.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, e hija de la desaparecida fundadora de la Agrupación, Sola Sierra, aseguró que “esto es un oprobioso signo de impunidad”.

La noticia causó malestar no sólo en agrupaciones de Detenidos Desaparecidos, si no también dentro de la Concertación.

Como “un alfilerazo en el corazón” calificó el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, al enterarse del contenido de un reportaje ya que, según él, un hecho como éste quebranta la relación de confianza entre militares y civiles. Además, constituye un golpe difícil de reparar.

La senadora DC, Soledad Alvear, catalogó el hecho de preocupante y, según dijo, debe ser aclarado cuanto antes.

El Presidente del Partido Comunista y candidato a diputado, Guillermo Teillier, calificó la noticia como “muy grave”, y agregó que pedirá una entrevista con el Comandante en Jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, para que de explicaciones sobre el caso.

La diputada PS Isabel Allende, en tanto, fue enfática en asegurar que no corresponde que el Ejército le pague a violadores de derechos humanos.