La bancada de diputados del PPD arrojó la bomba durante la tarde del jueves. En los pasillos del Congreso, ante la prensa, salieron a anunciar que se encuentran reuniendo todos los antecedentes necesarios para realizar, en los próximos días, una presentación ante el Tribunal Constitucional para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la UDI, por amparar la violencia como método de acción política y por la vulneración de las normas establecidas en el artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política, relativas al derecho de asociación.
En esta disposición se establecen algunas prohibiciones para constituir asociaciones, como el ser contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado.
Por ello, este mismo artículo en su inciso sexto dispone que “son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política”. Y, de paso, dicho apartado señala que “corresponderá al Tribunal Constitucional declarar esta inconstitucionalidad”.
“Encontramos gravísima la denuncia realizada por redes sociales, donde se señala que en una sede de la UDI, específicamente aquella ubicada en Bulnes 80, en Santiago, se guardan escudos y se muestran videos siendo cargados en una camioneta”, afirmó el jefe de la bancada del PPD, Ricardo Celis.
El parlamentario subrayó que “esos mismos escudos han sido utilizados como armas de ataque y defensa por personas que se han visto envueltas en situaciones de violencia en las marchas que apoyan la opción Rechazo en el plebiscito del 26 de abril, la misma que ha declarado apoyar la UDI, y que han atacado a personas con elementos contundentes como bates y bastones y con gases pimienta, todo ello acompañado de violencia verbal”.
“El diputado gremialista, Jorge Alessandri, reconoció que efectivamente la sede es de la UDI, con lo cual queda de manifiesto de que existen militantes del partido involucrados en hechos de violencia. El hecho resulta aún más grave si se considera que los partidos políticos en Chile reciben financiamiento estatal para financiar sus actividades y al estar utilizando sus sedes para almacenar elementos que se utilizan en actividades violentas, están utilizando recursos públicos para amparar actividades contrarias al ordenamiento jurídico y que vulneran la Constitución. La misma constitución que la UDI dice defender en las manifestaciones”, aseguró Celis.
Asimismo, la bancada ofició al Servel sobre este mismo caso, a cuya entidad solicitó que se investigue e informe respecto a la militancia política del señor Sebastián Izquierdo Almarza, líder del movimiento Capitalismo Revolucionario.
En la misma línea, también piden aclarar si es que el inmueble ubicado en la calle Bulnes 80, de la comuna de Santiago Centro, corresponde efectivamente a una sede comunal de la Unión Demócrata Independiente, en virtud de la declaración ante el Servicio Electoral que por ley debe hacer cada partido.
Por último, les solicitaron proceder de oficio en caso de detectarse irregularidades de la UDI en el cumplimiento de la ley orgánica de partidos políticos.
Todos contra Izquierdo
En tanto, la estrategia de defensa llegó casi en simultáneo. Prácticamente a la misma hora, incuso un poco antes, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, llegó hasta la Fiscalía local de Las Condes para interponer una denuncia en contra de Izquierdo, en la cual pide al Ministerio Público que investigue los actos del líder de Capitalismo Revolucionario para determinar si son constitutivos de delito.
En un claro intento por desmarcarse, la timonel advirtió que en el gremialismo van a “condenar y denunciar siempre a los promotores de la violencia, indistintamente de quienes sean. Como lo hemos reiterado, la violencia no tiene cabida en un sistema democrático y en la UDI siempre vamos a promover la paz y los acuerdos, pensando en el bien de Chile”, aseguró.
Sin embargo, desde la otra vereda, también se sumó su histórico rival en la región del Bío Bío: el senador progresista Alejandro Navarro, quien -por su parte- también presentó una querella criminal -ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- en contra de Izquierdo y todos quienes resulten responsables por los delitos de amenaza de homicidio terrorista y de secuestro terrorista, tipificados en la Ley 18.314.
Para el presidente de la Comisión de DDHH del Senado “esta querella busca establecer la responsabilidad penal de Izquierdo y sus seguidores, pues tenemos que evitar que el odio se convierta en una pandemia que se expanda (…) por ello espero que el Gobierno y la derecha entiendan que todos debemos estar en contra de estas conductas”.
No obstante, “hasta ahora, ni el gobierno, ni el senador Allamand, ni la dupla Kast-Kast, se han pronunciado respecto a estas marchas por el rechazo que son lo más parecido a un funeral narco, osea, violentistas escoltados por Carabineros, que están usando armamento, por lo que habría que preguntarle al general Mario Rozas por qué las resguarda, mientras reprime a las marchas por el apruebo o a quienes van a la Plaza de la Dignidad”.
