U. Bolivariana toma control de U. de Aconcagua: preparan fusión para Admisión 2022

Créditos: Contexto | Rocío Salinas (RBB)
Por Matías Vega
La información es de Nibaldo Pérez

La información es de Nibaldo Pérez

Miércoles 01 abril de 2020 | Publicado a las 12:45 · Actualizado a las 14:05

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La Universidad Bolivariana tomó control de la Universidad de Aconcagua, avanzando hacia una posible fusión entre ambas instituciones a futuro.

La información fue confirmada por el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés, indicando que se inició un proceso gradual de integración que involucra alrededor de 8.500 estudiantes, y que velarán por que el proceso se desarrolle según los parámetros requeridos por la ley.

A mediados de diciembre de 2019 se conoció que la Superintendencia de Educación Superior, había iniciado una investigación en contra de la Universidad de Aconcagua, debido a la precaria condición financiera que enfrentaba, dejando en evidencia la delicada situación del plantel privado, que cuenta con cerca de 5 mil estudiantes matriculados para este año.

Es en medio de esta crisis, que el dueño de la Universidad Bolivariana, Munir Hazbún Rezuc, toma control de la institución cuyo propietario era el empresario, Gonzalo Vial Concha, por medio del Grupo Graneles.

Desde la Universidad de Aconcagua y Bolivariana, en tanto, señalaron que “esta alianza estratégica” tiene como fin que ambas instituciones se fusionen de cara al proceso de acreditación obligatorio y, que según calendario, les corresponde el año 2022.

Fuentes del Mineduc señalaron que mientras no se concrete esta fusión, ambas universidades privadas seguirán funcionando de forma paralela, pese a que tendrán a Munir Hazbún como único controlador, quien a su vez, es socio del Instituto Profesional Valle Central.

Según ambos planteles, la operación significará ampliar la cobertura a nivel nacional, para tener una mayor presencia regional en ciudades como Iquique, Calama, Ovalle y Ancud, totalizando entre ambas 17 sedes, coincidiendo sólo en La Serena.

Si bien la ley prohíbe la venta o compra de universidades, en esta operación hay involucrados miles de millones de pesos -independiente de que no se realice un intercambio de dinero entre las partes-, donde está en juego la formación profesional de alrededor de 8.500 estudiantes.

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