El Ministerio Público investiga un nuevo caso de trata de personas de origen boliviano que fueron descubiertas por la Policía de Investigaciones en un sector rural de la comuna de Teno en la provincia de Curicó.
Un grupo de 36 ciudadanos bolivianos fueron descubiertos viviendo en condiciones infrahumanas en un par de cabañas ubicadas en la localidad de El guindo, comuna de Teno.
Los extranjeros pertenecen a un grupo de trabajadores contratados por la empresa Isidora SPA, los cuales se desempeñaban en faenas de montaje de torres de alta tensión en la zona de Copiapó y que producto de los recientes aluviones, fueron trasladados a la región del Maule.
La subprefecto Cintia Contreras Garcés, jefa de la unidad de Trata de Personas de la PDI, señaló que los detectives trabajan en el lugar sobre la hipótesis de trata de personas con fines de trabajos forzados -delito contemplado en la ley 20.507- ya que estos ciudadanos extranjeros permanecían en nuestro país realizando trabajos forzados y con la esperanza de que sus sueldos fueran cancelados.
Los ciudadanos bolivianos refieren que fueron contactados en la ciudad de Cochabamba y traídos hasta Santiago y luego distribuidos tanto en Copiapó como en San Fernando, donde se les ofreció que se les pagaría 700 dólares mensuales para desempeñarse en estos trabajos de montaje de torres de alta tensión.
Las personas se hallaban en condición de hacinamiento con alimento precario y con promesas incumplidas respecto de los ofrecimientos laborales, lo que se traduce en que desde el mes de enero no se les cancelan los sueldos acordados.
“Son habitaciones muy pequeñas, donde se encuentran alrededor de 4 a 5 camarotes, baños químicos en las afueras. Preparaban su alimentación en una bodega y en condiciones infrahumanas” señaló la oficial de la PDI.
Entre los extranjeros afectados por esta situación figuran bolivianos de entre 20 y 35 años de edad, quienes tras presentar declaración a los detectives serían derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional del Maule.
La Inspección del Trabajo, al tomar conocimiento de los hechos, clausuró de manera inmediata el recinto donde permanecían los extranjeros.
La fiscal del caso, Mónica Barrientos, hasta el momento no ha logrado tener a la vista ningún documento legal de la empresa que contrató los servicios de este grupo de bolivianos.
Por ahora, la labor de fiscalía es establecer si se trata de un delito de tráfico de personas o una infracción a la ley laboral.
