Contribuciones: abramos la caja negra

Los cambios al impuesto territorial aprobados en el Congreso, que permitirán a los propietarios conocer mejor cómo el Servicio de Impuestos Internos (SII) determina el avalúo fiscal de sus inmuebles, sin duda son un avance que corrige uno de los problemas más evidentes del sistema: su falta de transparencia.

Pero hay una diferencia importante entre mostrar el cálculo que se realiza y explicar las decisiones que están detrás de este. Un contribuyente puede conocer el valor del metro cuadrado que le asignaron a su terreno, la superficie considerada, los coeficientes aplicados y hasta reproducir matemáticamente su avalúo. Aun así, puede seguir sin respuesta la pregunta más importante: ¿por qué el SII llegó a ese valor y no a otro?

Ahí está la verdadera caja negra del impuesto territorial.

Para realizar los reavalúos, el SII utiliza compraventas, tasaciones y otros antecedentes del mercado inmobiliario. El problema es que dos propiedades ubicadas en un mismo sector pueden tener características muy distintas, ya sea porque los respectivos terrenos tienen diferente capacidad constructiva, existen operaciones entre relacionados, ventas realizadas en condiciones excepcionales o inmuebles cuyo precio simplemente se aleja de lo habitual.

Por eso, el SII necesariamente debe escoger algunas operaciones, corregir otras y descartar aquellas que considera poco representativas. Y esa selección importa muchísimo. Si para determinar el valor de una zona se eligen cinco compraventas en lugar de otras cinco, el resultado puede cambiar. Y con ello, el avalúo fiscal —y eventualmente las contribuciones— de cientos o miles de propiedades.

La nueva normativa avanza al permitir que los contribuyentes conozcan las muestras utilizadas para determinar sus avalúos. Pero, además de conocer las operaciones escogidas por la autoridad, deberíamos poder saber cuáles fueron descartadas y, sobre todo, por qué. De lo contrario, la fórmula será transparente, pero la decisión que la alimenta seguirá siendo opaca.

Existe además otro elemento mucho menos conocido y de enorme importancia: el llamado “factor de distancia o seguridad”. En términos simples, el SII no lleva directamente el valor comercial estimado de una propiedad a su avalúo fiscal. Lo que hace es aplicar una distancia respecto del mercado. En los últimos reavalúos no agrícolas ese factor ha sido de 0,6; es decir, el valor utilizado para efectos fiscales se aproxima al 60% del valor de mercado considerado por la autoridad.

Que exista un margen prudencial puede ser perfectamente razonable. Lo que requiere una explicación mucho más clara es por qué ese margen debe ser precisamente 60%. Por ejemplo, pasar de un factor de 0,5 a uno de 0,6 significa, manteniendo todo lo demás constante, aumentar en un 20% el valor fiscal resultante.

¿Quién determina ese porcentaje? ¿Sobre la base de qué estudios? ¿Qué condiciones justificarían subirlo o bajarlo en un próximo reavalúo? Son preguntas relevantes, considerando que el SII está determinando la base sobre la cual se calcula un impuesto que afecta el patrimonio de millones de personas. Por eso, sus decisiones metodológicas deben poder ser conocidas, entendidas y también cuestionadas.

La transparencia del impuesto territorial no debiera medirse por cuántas tablas, mapas o bases de datos se publiquen. El estándar debería ser mucho más sencillo: que un propietario pueda reconstruir razonablemente cómo y por qué el Estado llegó al avalúo que le asigna a su propiedad.

La tasa de las contribuciones está en la ley. Pero una parte fundamental de cuánto termina pagando cada persona se define antes, cuando administrativamente se determina cuánto vale su inmueble para efectos fiscales. Por eso, transparentar los datos es un avance, pero lo verdaderamente importante es transparentar las decisiones.

Si queremos terminar con la caja negra de las contribuciones, no basta con abrir una ventana. Hay que abrirlas todas.

Sebastián Hudson
Gerente general de Póliza Gestión