Una comunicación interna de Codelco —a la que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío— devela los nombres de los altos gerentes de la estatal que fueron sancionados tras estallar la trama por sobreproducción. Todo derivó en el pago de bonos improcedentes por más de 13 mil millones de pesos.
Si bien la información se había mantenido bajo estricto secreto de sumario, el documento —enviado al gerente corporativo de Auditoría Especial, Rodrigo Rivera— expone una a una las medidas disciplinarias aplicadas tras el análisis de la auditoría que confirmó las irregularidades.
Tal como reveló esta Unidad de Investigación, la investigación administrativa detectó la inclusión de casi 27 mil toneladas a las cifras finales de 2025 pese a que —de acuerdo con la cuprífera— no contaba con los requisitos para considerarse producción.
El despido
Según se comunicó públicamente y se desprende de documentos tenidos a la vista por este medio, la sanción más severa recayó sobre César Márquez Márquez, gerente de Presupuesto y Control de Gestión. Su contrato fue terminado sin derecho a indemnización, por haberse detectado una “desviación” alta respecto de las normas internas de la estatal (ver Denuncia anónima, mails y citas urgentes: la trama de bonos irregulares por 13 mil millones en Codelco).
Márquez, quien este martes volverá a declarar en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, fue el único ejecutivo desvinculado. En su primera aparición en esa instancia parlamentaria defendió que al menos 20 mil toneladas hoy objetadas sí cumplían con las exigencias.
De acuerdo con quienes conocen los cargos formulados, entre otras anomalías, la estatal le atribuye al exgerente la responsabilidad de haber aprobado la incorporación de producción excediendo su rol e instruido los registros en balances metalúrgicos.
—La reportabilidad está repartida a todos los niveles de la compañía (…) Máximo Pacheco, Rubén Alvarado [entonces presidente ejecutivo] y todo el equipo ejecutivo estaban en conocimiento —lanzó en el Congreso la semana recién pasada.
Misma calificación, distinto resultado
A Márquez se suma Mauricio Barraza Gallardo, ex vicepresidente de Operaciones. Codelco estimó que, de seguir contratado, la sanción hipotética habría sido equivalente a la de su par de Presupuesto: término de contrato sin indemnización. Sin embargo, para cuando la auditoría terminó, Gallardo ya había sido desvinculado de la compañía. Fue despedido en medio de cuestionamientos por ocultar información tras la tragedia de El Teniente. Ese mismo mes, la PDI y el Ministerio Público allanaron su domicilio.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, al hoy exejecutivo se le sindica como el responsable de aprobar la inclusión de varias toneladas sin asegurar capacidad operacional ni permisos y respaldar una iniciativa incompatible con normativa corporativa, entre otras anomalías.
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Miércoles 31 Diciembre, 1969 | 21:00
El tercero que figura en la lista es Juan Cristóbal Videla Webb. Pese a encontrarse en el mismo escalafón de gravedad por sus actuaciones (desviación alta), el gerente corporativo de Recursos Mineros y Gestión de la Producción recibió sólo una carta de amonestación con copia a la Inspección del Trabajo.
De acuerdo con la indagatoria interna, a Videla se le atribuye no cuestionar ni alertar sobre incumplimientos normativos y validar la incorporación de producción improcedente al balance metalúrgico.
Mecanismos internos
Otros cinco gerentes —René Galleguillos Pallauta, gerente general de la División Chuquicamata (DCH), Rodrigo Quiroz Alegría (Recursos Mineros y Desarrollo, DCH), Rodrigo Díaz Lineros (Tostación División Ministro Hales, DMH), José Castro Farías (Recursos Mineros y Desarrollo DMH) y César Jiménez Soto, gerente general DMH— fueron amonestados por desviaciones de nivel “medio”.
Respecto de ellos, la auditoría —en líneas generales— los responsabiliza de incorporar y/o avalar producción sin validar requisitos.
La investigación interna, dicen fuentes conocedoras, concluyó que existieron desviaciones graves en el reconocimiento y reporte de producción durante 2025. Todo ello, derivado de interpretaciones improcedentes de normas internas y de decisiones impulsadas por determinados ejecutivos y profesionales de la compañía.
Así, el informe estableció que los materiales cuestionados debieron mantenerse como productos en proceso y recalcó que la situación fue detectada y abordada por los propios mecanismos internos de control y gobierno corporativo de Codelco.
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