César Márquez Márquez es de familia minera. Vivió y estudió en Chuquicamata. Su papá trabajó ahí. Él le siguió los pasos: forjó una carrera de más de 20 años al interior de Codelco. Todo, sin embargo, terminó de golpe: el 20 de mayo de 2026, a través de una carta, le comunicaron que había sido despedido. Hasta hoy, Márquez es el único ejecutivo desvinculado de la cuprífera estatal tras descubrirse el abultamiento irregular en informes de producción. El error no sólo implicó un escándalo en la compañía que terminó con siete altos funcionaros sancionados, sino también el pago de bonos improcedentes a más de 6 mil empleados por unos 14,3 millones de dólares.
Citas internas en las que se aprobó la inclusión de producción que a la larga generaría millonarias pérdidas para Chile, e-mails con órdenes de la “operación rastrillo” y testimonios forman parte de una concatenación de hechos que hoy tiene a la principal empresa del país intentado recuperar más de 13 mil millones desde las manos de sus propios trabajadores.
Producción, producción, producción
La trama va así. Para fines de 2025, sólo había una consigna en Codelco: subir a como sea lugar las cifras de producción. El fatal accidente en la mina El Teniente había calado fuerte al interior de la compañía. A los seis trabajadores muertos se sumaron pérdidas económicas que se calcularon en 9 millones de dólares por día de paralización.
—El único objetivo que había de toda la plana ejecutiva era que la producción tenía que ser mejor que la de 2024 —desclasificó este miércoles, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, César Márquez. Hasta su despido en mayo de este año, fungía como gerente de Presupuesto y Control de Gestión de Codelco.
La necesidad de aparecer mejor parados en cuanto a producción queda de manifiesto, por ejemplo, en un correo enviado por Braim Chiple, vicepresidente de Comercialización (VCO), al entonces presidente ejecutivo de la compañía, Rubén Alvarado. En la comunicación, fechada el 9 de diciembre de 2025, Chiple le informa a Alvarado que estaba trabajando con todas las divisiones “para poner en valor todo material con cobre”.
“Así vamos a la fecha con la cuenta del carnicero respecto a la operación rastrillo 2025”, escribió Chiple.
—Aquí se ha utilizado públicamente la expresión “operación rastrillo” para sugerir que existió una política destinada a incorporar cualquier material disponible con el propósito de elevar artificialmente esta producción. Esa caracterización no corresponde, lo que sí existió fue un proceso de búsqueda de oportunidades operacionales legítimas para reducir inventarios —se defendió Alvarado ante la comisión investigadora.
Denunciante anónimo
Si bien entre las fuentes consultadas por Bío Bío Investiga para este reportaje existe consenso en que se trata práctica habitual de fin de año que se busquen materiales para mejorar las cifras de producción, en este caso —de acuerdo con la indagatoria interna de Codelco— la “operación rastrillo” terminó incorporando cerca de 27 mil toneladas que no cumplían con los estándares mínimos para ser consideradas en los números finales de 2025.
Y para el 25 de febrero de 2026, el caso comenzó a estallar al interior de la estatal. Esa mañana, miembros del directorio de Codelco recibieron, en copia, un correo anónimo que iba dirigido al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). A lo largo de 16 puntos, la comunicación denunciaba distintas situaciones que podrían ser constitutivas de irregularidades.
Justamente uno de esos aspectos era el de la sobreproducción.
En simple, el denunciante anónimo hizo saber que se habían incorporado 20 mil toneladas fuera de norma a la producción de Chuquicamata. Quienes conocen al dedillo la investigación administrativa explican que se trata de productos calificados como “óxido”. En palabras simples, corresponden a rocas que contienen cobre, pero que deben ser procesadas para extraer concentrado de cobre.
Según la exposición de Márquez en el Congreso, estas 20 mil toneladas de óxido sí podían ser consideradas dentro de la producción de 2025. Sin embargo, fuentes al interior de Codelco indican que no cumplía con requisitos básicos para aquello.
Primero, porque la normativa interna indicaba que el material debía ser convertido en un producto vendible en un futuro próximo, lo que en este caso —según la auditoría— no se cumplía. En simple, se calcula que demoraría entre 18 y 24 meses en ser tratado y dependía de la disponibilidad de una planta de la División Radomiro Tomic.
—A esa fecha Radomiro Tomic ya había planteado que no estaba claro si habría o no capacidad para procesar ese material en el corto plazo —dice una fuente que conoce al pie de la letra el funcionamiento de la estatal.
El mismo consultado plantea que esas 20 mil toneladas ya estaban contempladas para el Plan de Producción de 2027 y que “esta era la primera vez que se incluían materiales de estas características” en las cifras de producción.
“Daba lo mismo”
Según declaró Tamara Agnic, presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) y directora de Codelco, ante la comisión de la Cámara, su repartición —al momento de recibir la denuncia— “ya había resuelto profundizar la revisión del cierre de producción 2025”.
—La investigación se habría iniciado de todas formas —adujo.
Sea como sea, recién una semana después, durante una sesión del Comité de Evaluación de Denuncias, Codelco categorizó como un asunto “prioritario”.
Así, comenzó la auditoría. Además de confirmar que hubo un abultamiento de 20 mil toneladas, tal como lo indicaba la denuncia, los investigadores descubrieron otras casi 7 mil toneladas que también habían sido incorporadas en las cifras de producción.
Este caso, sin embargo, era más grave. Fueron incorporadas pese a que aún no estaban listos y a que su tratamiento generaría pérdidas millonarias. Se trata de los denominados “Polvos de Montecristo”. En buen chileno, corresponden a desperdicios que contienen cobre, pero también un alto contenido de arsénico. En ese estado, eran simplemente invendibles.
Los Polvos de Montecristo
Según afirman fuentes cercanas al proceso, fue el propio Márquez quien advirtió a los investigadores de la existencia de esas casi 7 mil toneladas.
De acuerdo con documentos internos de Codelco, procesar esos materiales demoraría aún más que los óxidos y dejaría un perjuicio económico de entre 7 y 50 millones de dólares. Para comercializarlos, la única opción era llevarlos a Ecometales para su tratamiento, lo que demoraría seis años.
Dicho de otro modo, el proceso partía en 2026 y se extendía hasta 2031.
—Como la instrucción que nos habían dado era super clara, de buscar producción, a nadie le importó que esto perdiera plata. (…) Aquí hay una pérdida; sin embargo, como la instrucción, emanada del presidente ejecutivo, comité ejecutivo, presidente del directorio, era buscar producción, aquí la verdad que daba lo mismo. Lo que importaba era sumar las toneladas —lanzó Márquez.
Un alto ejecutivo de Codelco asegura fuera de micrófono a esta Unidad de Investigación que el problema era aún peor: la cuprífera ni siquiera tenía los permisos ambientales para sacar los famosos Polvos de Montecristo.
“Informado a todos los niveles”
Tres meses después de la denuncia, el comité presidido por Agnic ya tenía sus primeros resultados. Un borrador que confirmaba la sobreproducción, que fijaba las sanciones y que fue expuesto en una sesión ordinaria del CACE. Más tarde se convocó a un directorio extraordinario para exponer los hallazgos.
En total, se sancionaron a siete ejecutivos: el único en ser desvinculado fue Márquez. Su despido se concretó a través de una carta. También lo llamaron por teléfono.
—Cuando me empiezan a decir que estaba despedido por el artículo 160 y que iban a cortar mi contrato de manera inmediata, me descompensé y se cortó la llamada. Menos mal que contesté en altavoz y mi hijo escuchó, llegó y me dio los remedios; si no, no estaría contando esta historia —narró Márquez quien hoy tiene una demanda abierta contra el Estado.
Según la auditoría de la cuprífera, Márquez jugó un rol preponderante en el abultamiento de las cifras. Se le sindica como el principal articulador de la incorporación de las casi 27 mil toneladas.
Él se defiende:
—Aquí lo que menos se hizo fue ocultar información, se entregó a todos los niveles. La reportabilidad (…) está repartida a todos los niveles de la compañía.
Y añade:
—Cuando me dicen que aquí nadie sabía y que yo era el único que sabía, está claro que esto estaba informado a todos los niveles y todos sabían. Aquí había una instrucción de buscar producción, eso era lo único que nos repetían desde el 31 de julio en adelante, sistemáticamente: que la producción del año 2025 tenía que ser mayor a la del año 2024. Eso era todo. (…) Esa era la única consigna que se repetía dentro de la compañía.
¿Y los bonos?
El abultamiento de las cifras provocó un recalculo de incentivos. En simple, 6.322 trabajadores y ejecutivos recibieron bonos que no les correspondían por un estimado de 14,3 millones de dólares. Unos 13 mil millones de pesos chilenos.
El promedio es de 2 millones de pesos por funcionario. Sin embargo, según conoció este medio, los guarismos varían según las funciones que cada uno cumplía. En el caso de los gerentes y altos cargos, los montos se elevaron hasta los $7 millones.
Según cuentan fuentes al interior de la estatal, varios de los escalafones más altos ya firmaron su compromiso para devolver los dineros y ya hay quienes han reingresado los bonos.
El caso ahora está en manos del Ministerio Público.
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