Aunque el Poder Judicial ofrece acceso gratuito a sus fallos, alrededor de esa información se ha desarrollado un mercado de plataformas que comercializan bases de datos, buscadores especializados y herramientas de análisis jurídico mediante suscripciones. Solo en los últimos años, organismos públicos han destinado cientos de millones de pesos a contratar este tipo de plataformas, consolidando un mercado donde distintas empresas compiten por ofrecer servicios basados en jurisprudencia.
Ese escenario adquiere ahora una nueva dimensión, tras la disputa abierta entre la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) y una empresa acusada de extraer masivamente sentencias desde el sitio institucional para alimentar un servicio privado potenciado con inteligencia artificial.
Lo que a fines de agosto de 2025 comenzó con una advertencia formal de parte de la directora (s) de la CAPJ hacia In-House Company SpA, firma detrás del portal BasesJurisprudenciales.cl, en cuestión de semanas escaló hasta la presentación de una querella criminal.
En el líbelo al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío —mismo que actualmente se tramita bajo reserva en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago— la repartición encargada de administrar los recursos del Poder Judicial atribuye a la empresa la comisión de una serie de delitos vinculados al funcionamiento del portal.
La empresa, en tanto, respondió por la vía judicial. En abril de este año presentó un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde acusó a la CAPJ de impedir arbitrariamente el funcionamiento de su plataforma. Según sostuvo, mientras la Corporación restringió sus operaciones, toleró que otras empresas del mismo rubro continuaran extrayendo información desde el Portal Unificado de Sentencias para luego comercializar servicios construidos sobre ese mismo material, pero procesado y presentado mediante herramientas propias.
CESE Y DESISTA
El 29 de agosto de 2025 la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) envió un primer oficio de advertencia a In-House Company SpA. En la comunicación —firmada por la directora interina Andreina Olmo Marchetti—, la repartición instó a la empresa detrás del servicio BasesJurisprudenciales.cl a dejar de extraer información desde el Portal Unificado de Sentencias del Poder Judicial.
En la oportunidad, la CAPJ calificó como ilícita la obtención de información, dando por hecho que se hizo por medio de web scraping. La entidad enfatizó en que la extracción se realizó sin su autorización y en infracción a la normativa vigente. Por ello, dio a la empresa un plazo de cinco días hábiles para cesar el uso y comercialización de las bases jurisprudenciales extraídas desde los sistemas del Poder Judicial, además de eliminar todo el material, bases de datos, metadatos, archivos o componentes obtenidos desde sus plataformas.
Asimismo, exigió a la firma abstenerse de utilizar dominios, marcas o expresiones que pudieran generar una asociación con el Poder Judicial, incluyendo denominaciones como “base jurisprudencial”, y acreditar por escrito el cumplimiento de todas estas medidas.
En la misma presentación, la Corporación advirtió que, de no obtener respuesta o persistir la conducta cuestionada, ejercería las acciones legales disponibles, entre ellas una denuncia ante NIC Chile para buscar la revocación del dominio, demandas por eventuales infracciones a derechos de autor y acciones tanto civiles como penales.
LA RESPUESTA
La respuesta de la compañía aludida no se tardó en llegar. Cinco días más tarde, la firma In-House Company SpA rechazó buena parte de las imputaciones formuladas por la CAPJ y defendió la legalidad de su actividad, asegurando que se desenvuelve en un mercado consolidado en el que participan al menos otras seis empresas. Junto con ello, sostuvo que sus procesos no difieren sustancialmente de los utilizados por otros proveedores de bases jurisprudenciales y reivindicó su derecho a desarrollar una actividad económica lícita.
La empresa, sin embargo, sí reconoció errores en parte del contenido utilizado. Admitió haber replicado la categorización de materias y submaterias creada por el Poder Judicial y anunció que modificaría ese sistema. Asimismo, reconoció haber utilizado, según dijo “de buena fe”, metadatos de propiedad intelectual del Poder Judicial, por lo que instruyó su reemplazo por contenido propio.
Donde la firma marcó una diferencia más profunda con la CAPJ fue respecto de la eventual ilicitud del web scraping. In-House argumentó que la técnica utilizada se limitaba a copiar y trasladar información disponible en un sitio abierto al público y negó haber vulnerado sistemas informáticos o superado barreras de seguridad. Incluso calificó como “apresurada” la imputación vinculada a eventuales delitos informáticos y sostuvo que cualquier persona podía acceder a la información que ellos extrajeron.
La compañía también negó haber copiado los algoritmos o sistemas de búsqueda semántica desarrollados por el Poder Judicial. Según explicó, su tecnología de vectorización fue desarrollada íntegramente por sus propios profesionales y funciona en servidores adquiridos por la empresa. En la misma línea, defendió el dominio basejurisprudencial.cl, argumentando que “base jurisprudencial” corresponde a una expresión genérica y que no existe evidencia de que sus usuarios hayan confundido el portal privado con el sitio institucional del Poder Judicial.
Con todo, frente a la prohibición de tratamiento masivo de datos prevista en la Ley N°20.886, In-House manifestó su intención de “regularizar” su operación. Para ello, solicitó a la CAPJ que le informara cuál era el procedimiento para obtener autorización para utilizar los datos públicos del Poder Judicial, apuntando a que otras compañías del mercado —algunas de las cuales, aseguró, venden suscripciones al propio Poder Judicial— desarrollarían servicios similares.
A sede penal
Esa respuesta estuvo lejos de zanjar la disputa. De ahí que la controversia por las bases jurisprudenciales se trasladara, paradójicamente, a la justicia. El primer paso lo dio la CAPJ, con la presentación el 15 de septiembre de 2025 de una querella criminal por delitos informáticos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y “en contra de todos quienes resulten responsables”.
La acción, eso sí, fue interpuesta contra todos quienes resulten responsables, pues la propia CAPJ reconoce que en esa etapa no podía establecer la identidad de los eventuales autores.
Pese a ello, se apunta hacia In-House Company SpA señalando que fue el 28 de mayo de 2025 cuando una unidad de la Dirección de Bibliotecas y Centro Documental de la Corte Suprema alertó a Seguridad Informática sobre la existencia de BaseJurisprudencial.cl.
La CAPJ asegura que el portal privado, propiedad de la citada firma, ofrecía comercialmente “las mismas bases de jurisprudencia, con los mismos criterios de categorización y búsqueda” de su sistema y que incluso presentaba una carga idéntica de fallos entre el 2 de enero y el 5 de marzo de ese año.
La tesis de la Corporación es que la información no fue simplemente recogida desde un sitio público. En la acción judicial sostiene que la empresa consiguió copiarla “superando las barreras tecnológicas y de seguridad” dispuestas por la CAPJ y posteriormente la alojó en su propio dominio para explotarla comercialmente mediante suscripciones. Bajo esa premisa, atribuye a los hechos caracteres del delito de acceso ilícito contemplado en la Ley 21.459.
Más adelante, la querella endurece sus términos. La CAPJ asegura que el web scraping permitió replicar “metadatos únicos” —entre ellos descriptores, categorizaciones y marcajes estructurales— y califica el resultado como un “espejo funcional y estructural” de su buscador. A diferencia de lo sostenido por la compañía en su respuesta, la Corporación afirma que su plataforma mantenía medidas de seguridad y control, entre ellas bloqueos por IP, captcha y barreras de autenticación mediante ClaveÚnica.
Sobre esa base, la CAPJ atribuye a los hechos tres figuras: acceso ilícito y receptación de datos informáticos, contemplados en los artículos 2 y 6 de la Ley 21.459, respectivamente; además de una eventual infracción a la propiedad intelectual, prevista en el artículo 79 letra a) de la Ley 17.336. Respecto de la receptación, acusa que quienes participaron habrían comercializado los datos obtenidos mediante web scraping “conociendo el origen del sistema, su contenido y clasificaciones o no pudiendo menos que conocerlo”.
Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público pidió obtener los registros informáticos donde se detectó el web scraping, interrogar a funcionarios de la CAPJ y la Corte Suprema, tomar declaración a los representantes legales de In-House Company y realizar una pericia informática a BaseJurisprudencial.cl con el objetivo de determinar cómo se obtenía la información que comercializaban.
Investigación en curso
Actualmente la plataforma BasesJurisprudenciales.cl permanece offline. “Nos encontramos realizando trabajos de mantención para mejorar el servicio. Volveremos a estar disponibles pronto. Agradecemos su paciencia”, reza el mensaje que aparece al ingresar al sitio web.
Como sea, lo cierto es que por disposición del Séptimo Juzgado de Garantía, que admitió a trámite la querella, los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público. En específico, a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.
De acuerdo con fuentes de este medio, por tratarse de una investigación por delitos informáticos que afectan a una repartición pública, el caso fue derivado internamente a la Fiscalía de Investigación Especializada y quedó en manos de la fiscal Ximena Chong.
Entre las diligencias que ya se concretaron, está la toma de declaración a los representantes de In-House Company SpA. Esas y otras actuaciones investigativas que tienen como objetivo acreditar la existencia de un eventual delito están en manos de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI).
PUGNA PARALELA
En paralelo a la arista que se libra en sede penal, la empresa intentó mejorar su posición mediante la presentación de un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En el escrito de 28 páginas ingresado para su tramitación en abril de este año, la firma apuntó esta vez contra un oficio de febrero de 2026, mediante el cual la Corporación le comunicó el rechazo del Consejo Superior a su solicitud para acceder y regularizar el uso masivo automatizado de información del Poder Judicial. A juicio de la empresa, la decisión fue adoptada de manera “arbitraria y sin la motivación requerida”.
El argumento central de In-House es que la CAPJ terminó marginándola de un mercado en el que ya operan otras compañías. Según planteó, el rechazo a su solicitud no vino acompañado de los detalles, fundamentos ni motivaciones considerados por el Consejo Superior. Para la recurrente, aquello no sólo afectó su derecho a desarrollar una actividad económica, sino que evidenciaría un “trato preferente” hacia empresas que ya participan del negocio de las bases jurisprudenciales.
La compañía cuestionó además una de las razones esgrimidas por la CAPJ para denegar el permiso: que el organismo desconocía los mecanismos de control y seguridad informática utilizados por In-House y, por ende, existían riesgos respecto de la información tratada y almacenada. La firma retrucó que ese desconocimiento obedecía precisamente a que la Corporación habría rechazado su petición sin realizar previamente un examen técnico y jurídico de su infraestructura. Las prevenciones de la CAPJ, acusó, serían “suposiciones genéricas, vagas y sin un análisis casuístico”.
In-House enfatizó en una de las principales diferencias que mantiene con el Poder Judicial: la naturaleza del web scraping. En el recurso lo describe como una técnica que permite copiar de manera automatizada información visible públicamente y la compara con la acción que podría realizar manualmente cualquier usuario, aunque de manera “más rápida y sistemática”. Bajo esa lógica, calificó como “absolutamente desmesurada” la tesis de que su actuación pudiera representar un ataque contra la información del Poder Judicial.
Las otras compañías
Pero uno de los principales flancos que la firma intentó abrir en su recurso fue el trato que habrían estado recibiendo sus competidores. In-House asegura que, a partir de una solicitud de Transparencia, el propio Poder Judicial habría reconocido desconocer si otras empresas extraen información mediante web scraping. Para la recurrente, resulta discriminatorio que, mientras a ella se le reprochó esa práctica e incluso se le atribuyeron eventuales delitos informáticos, la CAPJ desconozca cómo obtienen los datos otras compañías que comercializan jurisprudencia.
En esa misma línea, la empresa sostiene que habría una contradicción adicional: según su interpretación de la respuesta de Transparencia, ninguna de las compañías del mercado contaría con una autorización para efectuar la extracción en los términos consultados y tampoco existiría un protocolo escrito para solicitarla. Pese a ello, In-House afirma que la CAPJ es, al mismo tiempo, cliente de proveedores privados de bases jurisprudenciales, escenario que utiliza para reforzar su acusación de un tratamiento desigual.
Con esos antecedentes, la firma pidió a la Corte acoger el amparo y declarar arbitrario el actuar de la CAPJ. Entre sus argumentos finales, sostuvo que el organismo no tramitó debidamente su solicitud, no transparentó las razones del Consejo Superior y entregó respuestas que considera contradictorias.
Y añadió un componente económico. Según sus cálculos, la decisión le impediría competir en un mercado que, sólo en licitaciones del sector público, movería cerca de US$1,4 millones.
Doble revés judicial
Con todo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de amparo económico presentado por In-House Company en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). El tribunal concluyó que la extracción y tratamiento masivo de datos personales contenidos en los sistemas del Poder Judicial requiere una autorización expresa, conforme a la Ley 20.886.
En este caso, el Consejo Superior había negado ese permiso principalmente por razones vinculadas con la protección de los datos personales y el riesgo de afectar o incluso provocar el colapso del servicio debido a la extracción masiva de información por empresas privadas. La Corte agregó que el Poder Judicial carece de desarrollos informáticos especializados para gestionar esa actividad y que, precisamente por eso, no ha otorgado una autorización de este tipo a ninguna empresa.
A partir de esos antecedentes, los ministros descartaron que la CAPJ hubiese actuado de manera ilegal o arbitraria y estimaron que el organismo explicó suficientemente sus reparos para rechazar la solicitud. Asimismo, sostuvieron que el amparo económico no puede utilizarse para sustituir el criterio técnico de la autoridad a la que la ley encomienda decidir sobre el acceso requerido. Por lo mismo, determinaron que la negativa de la CAPJ no vulneró el derecho de In-House a desarrollar una actividad económica lícita y se rechazó la acción, sin condenar en costas a la empresa.
En esa misma línea —tras un recurso de apelación de la firma— la Corte Suprema fue la que confirmó el rechazo. El máximo tribunal respaldó lo resuelto previamente por el tribunal de alzada porteño. En efecto, la Tercera Sala consideró que las razones técnicas planteadas por la Corporación para negar la autorización no fueron desvirtuadas por la empresa.
Entre ellas mencionó el eventual riesgo de colapso del sistema, el desconocimiento de los mecanismos de seguridad de la plataforma privada y los peligros asociados al tratamiento de la información, como una anonimización insuficiente, la eventual reidentificación de personas y la generación de modelos predictivos capaces de afectar su reputación u honra.
UN Negocio millonario
Disputas judiciales aparte, el mercado de las bases de datos jurídicas mueve cifras considerables entre organismos públicos. De acuerdo con los antecedentes recopilados desde Mercado Público, durante 2024 cinco de las principales empresas del rubro concentraron adjudicaciones por cerca de $1.409 millones, repartidas en 373 contrataciones para proveer suscripciones, licencias y acceso a plataformas especializadas en legislación, doctrina y jurisprudencia.
Entre los proveedores analizados, los mayores montos quedaron en manos de Legal Publishing Chile —Thomson Reuters—, con cerca de $472 millones, y Distribuciones Jurídicas de Chile —VLex—, con otros $448 millones. Más atrás aparecen Info-Update, ligada a DOE, con aproximadamente $235 millones; TLB Chile —Tirant—, con $223 millones; y Microjuris, con unos $31 millones.
La cartera de compradores es amplia. Entre quienes recurren a estas herramientas aparecen municipalidades, gobiernos regionales, universidades, servicios de salud y distintas reparticiones de la administración central. En otras palabras, pese a que buena parte de la legislación y las resoluciones judiciales son documentos públicos, existe un mercado que agrega valor mediante la sistematización, búsqueda y procesamiento especializado de esa información.
Y en medio de la controversia entre la CAPJ e In-House Company aparece una particularidad: la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial figura como cliente de varias de estas compañías. Los registros analizados dan cuenta de contrataciones con Thomson Reuters por unos $28,5 millones, VLex por $10,7 millones, Tirant por poco más de $2 millones y Microjuris por alrededor de $1,1 millones.
De esta forma, paradójicamente el organismo que administra los sistemas desde donde se origina una parte relevante de la información jurisprudencial, también destina recursos públicos a contratar plataformas privadas que organizan y comercializan herramientas para acceder a información jurídica. Un antecedente que, de hecho, fue utilizado por In-House en su disputa con la CAPJ para cuestionar el trato recibido frente a otros actores ya instalados en el mercado.
CAPJ no responde
Consultada específicamente por esta situación, así como por la punga jurídica con In-House Company, y después de solicitar las preguntas, la Corporación denegó una respuesta a este medio.
Mediante un correo electrónico, se limitaron a señalar que “luego del análisis para darte una respuesta, por tratarse de un asunto que tiene diligencias pendientes en sede penal, no estamos en condiciones de proporcionar información adicional a la que resulte de público conocimiento. Lo anterior, especialmente para no entorpecer las diligencias investigativas que actualmente lleva adelante la Policía de Investigaciones de Chile”.
Por su parte, el abogado que representa los intereses de la firma en disputa, Luis Eduardo Cantellano, planteó que a sus clientes se les ha impedido desarrollar su negocio bajo el argumento de que habrían incurrido en delitos informáticos a la hora de extraer la información desde el Poder Judicial, cuestión que —a su juicio— no está respalda con antecedentes técnicos.
“No ha habido absolutamente ninguna prueba concluyente, concreta, a través de un peritaje técnico que así concluya esta circunstancia”, afirmó en conversación con Bío Bío Investiga.
El profesional también vinculó el conflicto con cuestionamientos anteriores al proceso mediante el cual se implementaron las propias bases jurisprudenciales del Poder Judicial. Recordó que “hace muy poco tiempo” existieron discusiones respecto de la contratación de la empresa que finalmente puso en funcionamiento ese sistema, proceso que, según señaló, fue cuestionado incluso por ministros de la Corte Suprema.
Respecto de la arista penal, Cantellano adelantó que solicitarán que sean convocados los representantes legales de las empresas de LegalTech que operan en Chile y que prestan servicios de bases jurisprudenciales. La intención, explicó, es que sea el Ministerio Público y los tribunales penales los que indaguen una situación que, en su criterio, no habría sido suficientemente abordada en la tramitación del amparo económico ante los tribunales superiores. “Que sean los tribunales penales en este caso y el Ministerio Público el que comience a realizar las indagatorias”, planteó.
Finalmente, el abogado sostiene que el conflicto no radica en la existencia de un requisito legal para procesar masivamente los datos contenidos en las sentencias del Poder Judicial. Según su interpretación, aquello “nunca ha estado en discusión”. El punto central, afirma, sería la ausencia de un mecanismo definido para que las empresas puedan obtener autorización para realizar ese procesamiento.
“La discusión fundamental radica principalmente en la inexistencia de un procedimiento, un protocolo claro, transparente de la propia Corporación Administrativa del Poder Judicial para que empresas como la de mi representado puedan solicitar autorizaciones para operar masivamente los datos. Esta es una situación muy compleja que viene a desvirtuar incluso el mercado, viene a establecer una suerte de ‘cartel’ que beneficia a algunos y perjudica a otros”, advirtió.
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