Señor director:
Cuando el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) fue creado en 1991, se lo concibió como un organismo que representara las demandas de una generación que recién recuperaba la democracia. Sin embargo, tras más de tres décadas de existencia, cabe preguntarse si esta institución cumple con su objetivo original o si se ha transformado en una entidad con bajo impacto real en la política pública.
El documento conmemorativo “INJUV 30 años” (2021) destaca logros históricos como el acceso gratuito a Internet para jóvenes en los noventa, programas de voluntariado y la generación de encuestas nacionales de juventud. No obstante, el contexto actual es radicalmente distinto: en 2025, la precariedad laboral juvenil y la crisis de salud mental figuran entre los principales problemas, y los instrumentos disponibles del INJUV parecen insuficientes frente a estas demandas estructurales.
El “Informe de Recuperación del Empleo en Chile. Avances, desafíos y brechas persistentes” (Marzo 2025) indica que la tasa de desempleo juvenil duplica a la del promedio nacional, manteniendo brechas educativas y laborales que frenan la movilidad social. A su vez, la OCDE en su “Executive Summary Chile 2025” advierte que, sin una estrategia juvenil sólida, el país corre el riesgo de profundizar desigualdades intergeneracionales y desaprovechar capital humano clave. Estos diagnósticos, si bien públicos, parecen no traducirse en un rediseño profundo del rol del INJUV.
El riesgo, entonces, es que el instituto sea percibido como una oficina más de eventos y campañas, sin capacidad de incidir en la elaboración de políticas estatales vinculantes. La evidencia reciente muestra que los principales cambios impulsados por jóvenes –desde el movimiento estudiantil de 2011 hasta el estallido social de 2019– no surgieron desde las instituciones, sino desde la movilización social.
Chile requiere una política de juventud integral, donde el INJUV no solo ejecute talleres o ferias, sino que actúe como articulador interministerial y generador de políticas públicas con impacto real. Tal como recuerda la Ley N°18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, la probidad, la eficiencia y la eficacia son principios rectores: aplicarlos en materia juvenil implica dotar al INJUV de atribuciones concretas, no meramente decorativas.
La juventud no espera diagnósticos infinitos, sino certezas: empleos dignos, salud mental garantizada, y participación efectiva en la toma de decisiones. Si el INJUV no da este salto cualitativo, corre el riesgo de convertirse en un museo de buenas intenciones. La pregunta es directa y urgente: ¿queremos un INJUV que organice ferias, o un INJUV que incida en la política nacional?
Por Juan Alberto Díaz
Ingeniero comercial
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