¿Qué tan cerca de la justicia se está en territorio Mapuche? El permiso especial concedido por el gobierno de Sebastián Piñera al machi Celestino Córdova para visitar su rewe parece ser una señal de la voluntad gubernamental para generar acercamiento con el Movimiento Mapuche.
Si así fuese, lo razonable sería esperar ahora un gesto desde el Movimiento Mapuche, y en caso que ello no ocurriese, se podría suponer una contraparte mapuche intransigente, sin voluntad de solucionar nada. Se podría trazar entonces una línea entre los mapuche “buenos” y mapuche “malos”. Digo, si así fuese, pues si ampliamos la mirada veremos un panorama distinto.
En territorio mapuche se descargan diversas violencias, en distintos ámbitos de la vida cotidiana, presionando continuamente a quienes aquí vivimos.
Si bien, el caso del Machi Celestino ha concentrado la atención mediática y de algún modo, reducido la relación gobierno y Pueblo Mapuche a esa situación; hay diversos ámbitos aparentemente desarticulados de situaciones conflictivas y violentas, donde el gobierno se resta, o derechamente resta.
Tener conciencia de esta diversidad de ámbitos, aunque no sea un recuento pormenorizado, nos ayuda a comprender que la situación es bastante más compleja como para solucionarla con “señales” que no se hacen cargo de lo que debe resistir el Pueblo Mapuche para seguir existiendo con dignidad.
En el ámbito de los DD.HH. la situación del Machi Celestino expresa una violencia, pues para hacer efectivo un derecho -no un beneficio- debió pasar por más de 100 días de huelga de hambre, lo que fue advertido y criticado por diversos organismos de DD.HH., entre ellos Amnistía Internacional.
El doble deterioro de salud del machi -por la huelga de hambre y por la imposibilidad de visitar su rewe a tiempo- más el gasto de energías y recursos de numerosas personas que apoyaron al machi y el agravamiento de las relaciones políticas con el Pueblo Mapuche se pudieron haber evitado si este permiso se hubiese concedido el día uno, tal como correspondía.
También en DD.HH., encontramos otras violencias. Al ya consabido uso de la injusta ley antiterrorista aplicada en el caso Luchsinger Mackay se suma la vulneración por parte del Estado de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Lonko Juana Calfunao, que propician el altercado que la deja con una condena de cinco años y un día de cárcel. Es imperativo que el Estado chileno se haga cargo de sus compromisos internacionales en materia de DD.HH., como también lo ha indicado la directora del INDH.
En el ámbito de las industrias, también encontramos violencias opacadas que presionan al territorio y su gente, como los actuales avances de proyectos industriales inconsultos, específicamente forestales y de salmonicultura.
Para nadie es un secreto que parte importante del conflicto en territorio mapuche es con las forestales, tanto por su modo de instalarse como por los nocivos efectos medioambientales sobre el territorio.
Justamente en este contexto se da la ampliación de la mayor planta procesadora de celulosa de Latinoamérica, en Arauco, lo que implica un aumento de miles de hectáreas plantadas con el conflictivo monocultivo en territorio mapuche.
Más al sur, la industria del salmón se expande tan rápido como los daños ecológicos que ocasiona sin una legislación y fiscalización seria. La reciente fuga de medio millón de salmones en la región de Los Lagos es uno de los acontecimientos más graves y más débilmente tratado por la justicia chilena.
Ante el avance explosivo y desregulado de la industria salmonera en territorio mapuche, la ley 20.249, que los protege mediante la creación de los Espacios Costeros y Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) es burocratizada con unas serie de trabas que dejan en desventaja a las comunidades para ejercer sus derechos ancestrales y proteger sus territorios, tal como lo afirman organizaciones mapuche-williche.
A las décadas de explotación forestal irresponsable de las tierras mapuche, ahora son las salmoneras quienes hacen lo propio en el mar. A las vulneraciones de derechos indígenas hay que sumar los daños ecológicos irreparables en una época donde los efectos del cambio climático nos alertan cada día sobre el necesario cuidado del medioambiente.
En el ámbito judicial también se generan presiones sobre el Movimiento Mapuche. El caso Luchsinger-Mackay en este sentido es paradigmático.
Luego de la anulación del primer juicio que dio a todos inocentes por unanimidad, en la repetición se declara terroristas a Luis y José Tralcal, con las mismas pruebas, levantando una serie de cuestionamientos con una serie de pruebas que no encajan, como las telefónicas, las torturas al testigo clave para obtener una declaración acusatoria, la salida de una de las juezas previo a los alegatos finales y la no entrega de pruebas a la defensa para que pueda realizar sus propias pericias y defender a los acusados, todo lo cual ha llevado a diversas organizaciones mapuche y chilenas a exigir nulidad y un juicio justo.
Pero en lo judicial también se encuentra el caso de la ambientalista Macarena Valdez, quién fue encontrada ahorcada en su hogar en agosto del año 2016, en el contexto de un conflicto de la comunidad con empresas hidroeléctricas por la instalación de centrales de paso, en la comuna de Panguipulli.
El hecho se calificó como un suicidio y la fiscalía intentó así cerrar el caso en dos ocasiones. Pero gracias a la porfía de la familia y sus esfuerzos económicos para contratar un perito, se determinó en enero de este año, que no hubo suicidio ¿Qué sucedió entonces? Hasta aquí, no tenemos noticas.
Pero la suerte de los defensores ambientales, más todavía si están junto a pueblos indígenas en América Latina, no hace presagiar nada bueno.
El caso de la Longo Juana Calfunao y las numerosas y extensas prisiones preventivas aplicadas a mapuche para luego dejarlos en libertad por no haber pruebas en su contra, también se suman a este repertorio.
En el ámbito policial, las violencias en el territorio que vivo son numerosas. Si ampliamos la mirada a todo Wallmapu, se multiplican. Especialmente preocupante es la violencia padecida por niñas y niños mapuche. Contra adultos, el INDH ha constatado hasta hechos de tortura. En este sentido, la Operación Huracán devela una base de credibilidad para los reclamos mapuche contra el actuar abusivo de las fuerzas policiales.
Es tremendamente alarmante el posible involucramiento de los altos mandos de Carabineros, como el ex General Director Bruno Villalobos o el ya formalizado exdirector de Inteligencia de Carabineros, general (r) Gonzalo Blu, en una asociación ilícita para perseguir, inventar pruebas y encarcelar a mapuche ligados al Movimiento Mapuche.
Más grave aún, si se demostrara el involucramiento de personeros políticos del gobierno de Bachelet, como el entonces ministro Mario Fernández o el subsecretario Mahumud Aleuy.
Las dimensiones de esta orquestación son enormes y las interrogantes abundantes. Por ejemplo ¿es esta asociación delictual un hecho aislado dentro del actuar policial contra el Movimiento Mapuche?
Pero la violencia policial no sólo ha afectado a mapuche, sino también los abogados que los defienden, particularmente en estos días a la abogada Karina Riquelme. Nada extraño, si consideramos que el mismo Fiscal Regional de La Araucanía debió pedir protección a la PDI ante seguimiento policial hace pocos meses atrás.
Finalmente en el ámbito de la violencia policial, durante las últimas semanas hemos sido testigos como desde diversas comunidades surgen los reclamos por la irrupción en sus hogares de agentes de la PDI y el comando Jungla con sus tanquetas, camionetas policiales y hasta los famosos anfibios.
En algunos casos han violentado a mayores de edad, en otros se han llevado detenidos a padres e hijos menores de edad dejándolos detenidos un par de días, para luego con un simple “perdón” dejarlos en libertad. En otros casos llevan una notificación acompañadas de todo este aparataje, y así van encendiendo los ánimos. Estas intervenciones se dan en comunidades donde históricamente las fuerzas policiales han tenido conflicto con las comunidades.
Por último, nos detendremos en el ámbito político, estrechamente vinculado a las violencias padecidas en este territorio. ¿Ha escuchado algo del Ministerio Indígena? ¿De la Consulta Indígena? ¿De los derechos colectivos del Pueblo Mapuche? Absoluto silencio.
Sin embargo, como corrientes subterráneas hace un tiempo no han dejado de moverse fuerzas empresariales y políticas cuestionando los pocos derechos conquistados por los Pueblos Indígenas en general, y los mapuche en particular, tales como la ley lavkenche y la renovación del Convenio n° 169 de la OIT.
Sin contar las promesas políticas incumplidas, como la mejora de la consulta indígena, corazón del Convenio n° 169 de la OIT y que debería haber operado al llevar adelante la ampliación de la planta de Celulosa, las concesiones salmoneras o cualquier plan o proyecto que afecte a las comunidades.
Y si bien podríamos continuar desmenuzando una serie ámbitos de violencias que se dan en lo cotidiano, como el ámbito laboral, con las diferencias salariales entre un educador intercultural mapuche o lawentucheve y un profesor o un médico en nuestro sistema de salud; o el ámbito religioso con la violencia ejercida por segmentos de las diversas religiones presentes en Wallmapu (Católica, Evangélicas, Testigos de Jehová, Mormones, Ejército de Salvación, etc.) que con discursos racistas demonizan a las autoridades religiosas/espirituales mapuche y sus ritos.
Lo anterior aliena a los fieles mapuche de su cultura e indispone a los fieles chilenos contra lo mapuche; basta con lo revisado notar que un verdadero gesto del Estado, y particularmente de éste gobierno para generar confianzas con el Movimiento Mapuche, excede por mucho el ambiguo gesto que se tuvo con el Machi Celestino u otras acciones parecidas.
Efectivamente urge avanzar hacia la generación de confianzas, diálogo, justica y así finalmente acercarnos a la paz. Todos deseamos esto. Sin embargo, no nos engañemos. Un verdadero avance debería considerar una toma de posición clara del gobierno al menos en los ámbitos que hemos revisado. Tal vez la segunda parte del plan que presentará el Ministro de Desarrollo Social, en agosto traiga algo de esto.
Por ahora, la primera parte del plan iniciada por el Presidente Piñera en su primera visita a La Araucanía para presidir el Consejo de Seguridad de la Macro Zona Sur, ha significado decretar terrorismo en territorio mapuche y la formación del consecuente escuadrón antiterrorista hasta llegar al Comando Jungla con tanquetas y anfibios, transitando por pueblos y comunidades.
Ha sido una profundización de la política punitiva ya iniciada con Bachelet. Esperemos que lo que venga no sea mero populismo, pues el anterior gobierno ya demostró que el populismo punitivo está lejos de conducir a la paz.
Sin derechos colectivos y sin una revisión de la constitución de la propiedad y su reestructuración en territorio mapuche el plan que se anunciará en agosto será como el gesto del gobierno con el Machi Celestino, un beneficio donde correspondía hacer valer un derecho.
Carlos Bresciani sj y David Soto sj
Comunidad jesuita de Tirúa
