Opinión
Viernes 20 julio de 2018 | Publicado a las 10:59 · Actualizado a las 14:05
Intento de legalizar el nepotismo: la meritocracia hoy est√° en riesgo
Publicado por: Tu Voz
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El presidente Sebasti√°n Pi√Īera, con el argumento de fortalecer la integridad p√ļblica, ha enviado un proyecto de ley que pretende autorizar y eliminar las barreras legales para la contrataci√≥n en cargos p√ļblicos de parientes y familiares de altas autoridades del pa√≠s. En √©l se establece que la autoridad facultada para desarrollar el nombramiento deber√° solicitar un informe al Servicio Civi, que determine la experiencia, los conocimientos y la integridad, el que ser√° expuesto al Consejo de Alta Direcci√≥n P√ļblica. Sin establecer concretamente que la evaluaci√≥n se lleve a cabo en relaci√≥n al cargo a desempe√Īar y cuyo resultado del informe- de ser negativo- sea vinculante con su respectiva no contrataci√≥n.

Esta iniciativa busca naturalizar la designación de familiares, legalizando la contratación de privilegiados, siendo un proyecto de ley parcial que no subsana el problema de fondo. Hoy todas y todos nos sentimos en igualdad de derechos para acceder a cargos de la administración del Estado, y por ende nuestro árbol genealógico no debería ser la primera llave que nos abra paso a estas oportunidades.

Queda en evidencia la profunda desconexi√≥n del gobierno con las demandas √©ticas de la ciudadan√≠a. Le falt√≥ materializar un paso previo, el de reflexionar si es apropiado asentar el nepotismo. Desde la meritocracia y el acceso en igualdad de oportunidades a la funci√≥n p√ļblica el coraz√≥n del proyecto de ley deber√≠a haber estado centrado, primero, en la determinaci√≥n de aquellos cargos que no poseen dependencia jer√°rquica y/o no significan conflictos de interese y pueden ser ocupados por parientes directos. Segundo, en regular la contrataci√≥n luego del desarrollo concursal y c√≥mo se garantiza a los otros postulantes que no se ver√°n perjudicados por competir con un familiar de una alta autoridad.

Detr√°s de esta intensi√≥n s√≥lo se puede observar una peligrosa explotaci√≥n- en post de la naturalizaci√≥n del nepotismo- del prestigio ganado del Sistema de Alta Direcci√≥n Publica (ADP), que durante sus 15 a√Īos de funcionamiento, habiendo pasado al menos por cinco gobiernos desde su creaci√≥n, ha funcionado impecablemente velando por reclutar un cuerpo directivo de m√©rito e idoneidad para el ejercicio de la direcci√≥n p√ļblica. El √©xito del sistema de ADP se basa en un proceso que emplea t√©cnicas de selecci√≥n de talentos, existiendo un cuerpo legal que detalla los mecanismo de reclutamiento y selecci√≥n basado en el m√©rito y transparencia. Permitiendo que miles de personas, sin importar su militancia pol√≠tica u otras relaciones de poder, concursen en igualdad de condiciones y accedan a estos cargos.

El proyecto no establece ciertos m√≠nimos que permitan delinear el proceso de evaluaci√≥n y velar por la imparcialidad y transparencia en la designaci√≥n, s√≥lo establece la creaci√≥n de un reglamento, cuya jerarqu√≠a normativa es inferior a la Ley, siendo susceptibles a cambios seg√ļn conveniencia de la autoridad pol√≠tica de turno. Si adicionamos que el 86% de los funcionarios/as del Servicio Civil hoy se encuentran en la precaria e inestable calidad de contrata, con esta ambigua propuesta legal, los funcionarios/as que lleven a cabo el desarrollo de estos informes quedar√≠an expuestos a las voluntades de las autoridades y vulnerables a posibles presiones de fuerza, pudiendo ser objetos de pagar con su fuente laboral el costo de la no idoneidad de un familiar evaluado. Se hace impensable la materializaci√≥n de esta iniciativa, o de cualquier otra, que le asigne o profundice al Servicio Civil su rol de garante o rector, sin antes normalizar la calidad contractual otorg√°ndoles la calidad de planta al menos al 80% de los funcionarios/as.

El Sistema de ADP chileno hoy es un ejemplo de meritocracia reconocido por los miles de ciudadanos/as que postulan a las convocatorias, como tambi√©n por los pa√≠ses Latinoamericanos y por diversos organismos internacionales. Sin embargo, de aprobarse un proyecto de ley incompleto en su forma y sin sustento en su fondo como el presentado, todo lo avanzado en credibilidad p√ļblica y valoraci√≥n se podr√≠a ver cubierto por un manto de duda. Corriendo el riesgo que el Servicio Civil pase a ser percibido como un mero validador de contrataciones de privilegiados. Esta situaci√≥n se aleja considerablemente de los valores y principios por el cual el a√Īo 2003, luego de una crisis √©tica institucional producto del pago de sobresueldos a altos funcionarios del Estado, se crear√° esta instituci√≥n y el Sistema de ADP.

Claudia Hasb√ļn Faila
Directora Nacional Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)

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