El presidente Sebastián Piñera, con el argumento de fortalecer la integridad pública, ha enviado un proyecto de ley que pretende autorizar y eliminar las barreras legales para la contratación en cargos públicos de parientes y familiares de altas autoridades del país. En él se establece que la autoridad facultada para desarrollar el nombramiento deberá solicitar un informe al Servicio Civi, que determine la experiencia, los conocimientos y la integridad, el que será expuesto al Consejo de Alta Dirección Pública. Sin establecer concretamente que la evaluación se lleve a cabo en relación al cargo a desempeñar y cuyo resultado del informe- de ser negativo- sea vinculante con su respectiva no contratación.

Esta iniciativa busca naturalizar la designación de familiares, legalizando la contratación de privilegiados, siendo un proyecto de ley parcial que no subsana el problema de fondo. Hoy todas y todos nos sentimos en igualdad de derechos para acceder a cargos de la administración del Estado, y por ende nuestro árbol genealógico no debería ser la primera llave que nos abra paso a estas oportunidades.

Queda en evidencia la profunda desconexión del gobierno con las demandas éticas de la ciudadanía. Le faltó materializar un paso previo, el de reflexionar si es apropiado asentar el nepotismo. Desde la meritocracia y el acceso en igualdad de oportunidades a la función pública el corazón del proyecto de ley debería haber estado centrado, primero, en la determinación de aquellos cargos que no poseen dependencia jerárquica y/o no significan conflictos de interese y pueden ser ocupados por parientes directos. Segundo, en regular la contratación luego del desarrollo concursal y cómo se garantiza a los otros postulantes que no se verán perjudicados por competir con un familiar de una alta autoridad.

Detrás de esta intensión sólo se puede observar una peligrosa explotación- en post de la naturalización del nepotismo- del prestigio ganado del Sistema de Alta Dirección Publica (ADP), que durante sus 15 años de funcionamiento, habiendo pasado al menos por cinco gobiernos desde su creación, ha funcionado impecablemente velando por reclutar un cuerpo directivo de mérito e idoneidad para el ejercicio de la dirección pública. El éxito del sistema de ADP se basa en un proceso que emplea técnicas de selección de talentos, existiendo un cuerpo legal que detalla los mecanismo de reclutamiento y selección basado en el mérito y transparencia. Permitiendo que miles de personas, sin importar su militancia política u otras relaciones de poder, concursen en igualdad de condiciones y accedan a estos cargos.

El proyecto no establece ciertos mínimos que permitan delinear el proceso de evaluación y velar por la imparcialidad y transparencia en la designación, sólo establece la creación de un reglamento, cuya jerarquía normativa es inferior a la Ley, siendo susceptibles a cambios según conveniencia de la autoridad política de turno. Si adicionamos que el 86% de los funcionarios/as del Servicio Civil hoy se encuentran en la precaria e inestable calidad de contrata, con esta ambigua propuesta legal, los funcionarios/as que lleven a cabo el desarrollo de estos informes quedarían expuestos a las voluntades de las autoridades y vulnerables a posibles presiones de fuerza, pudiendo ser objetos de pagar con su fuente laboral el costo de la no idoneidad de un familiar evaluado. Se hace impensable la materialización de esta iniciativa, o de cualquier otra, que le asigne o profundice al Servicio Civil su rol de garante o rector, sin antes normalizar la calidad contractual otorgándoles la calidad de planta al menos al 80% de los funcionarios/as.

El Sistema de ADP chileno hoy es un ejemplo de meritocracia reconocido por los miles de ciudadanos/as que postulan a las convocatorias, como también por los países Latinoamericanos y por diversos organismos internacionales. Sin embargo, de aprobarse un proyecto de ley incompleto en su forma y sin sustento en su fondo como el presentado, todo lo avanzado en credibilidad pública y valoración se podría ver cubierto por un manto de duda. Corriendo el riesgo que el Servicio Civil pase a ser percibido como un mero validador de contrataciones de privilegiados. Esta situación se aleja considerablemente de los valores y principios por el cual el año 2003, luego de una crisis ética institucional producto del pago de sobresueldos a altos funcionarios del Estado, se creará esta institución y el Sistema de ADP.

Claudia Hasbún Faila
Directora Nacional Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF)

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