Human Rigths Watch (HRW) pidió al fiscal Ramiro González que investigue al príncipe saudí por presuntas violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto armado en Yemen. La denuncia recayó en un tribunal federal argentino que conduce el juez Ariel Lijo.
La demanda también hace alusión a la posible complicidad de Bin Salmán en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, perpetrado el 2 de octubre en el consulado saudí en Turquía.
Bin Salmán arribó ayer miércoles a la cumbre de líderes del G20, que se celebrará el 1 y 2 de diciembre en Buenos Aires, y donde se espera tenga reuniones con varios líderes mundiales.
Entre las citas que posiblemente sostenga Salmán en Buenos Aires destaca una con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en lo que sería su primer encuentro desde el asesinato de Khashoggi en el consulado de Riad en Estambul.
El príncipe saudita tiene previsto además reunirse con el presidente Vladimir Putin el sábado en Buenos Aires, y abordarán el caso del crimen de Khashoggi, según el consejero de política exterior ruso Yuri Ushakov.
Bajo ese turbulento escenario, el experto argentino Christian Sommer, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Católica de Córdoba, explica la factibilidad de la demanda de HRW.
-Según Human Rights Watch, Bin Salmán “sería penalmente responsable” de los delitos de los que se le acusa, en calidad de ministro de Defensa de Arabia Saudita. ¿Será capturado este fin de semana el príncipe heredero de Arabia Saudita a su llegada a Buenos Aires?
-Hay requisitos legales que no lo hacen factible. Aunque es comprensible que organizaciones de derechos humanos planteen que los tribunales de un Estado puedan iniciar causas judiciales contra visitantes extranjeros sindicados o culpables de crímenes atroces y repudiables, como los que ahora ocurren en Yemen.
-¿Por qué cree que la demanda de HRW contra el príncipe no prosperará?
-HRW se basa en que Argentina reconoce en su Constitución la Justicia universal, pero esos casos tienen limitantes, porque primero tiene que establecerse una jurisdicción por una ley especial.
-¿Ha habido precedentes en donde se haya establecido esa jurisdicción especial?
-Sí. Y uno de los limitantes es que las víctimas tenían una vinculación con Argentina, como en el caso de los crímenes de lesa humanidad de las dictaduras de los setenta. En el caso de víctimas españolas del franquismo fue posible abrir procesos. Pero en los casos por los que se sindica al príncipe Bin Salmán es difícil establecer la territorialidad de Argentina.
-¿Qué dice la Constitución argentina para que HRW creyera poder invocarla?
-Argentina tiene, desde la introducción de su Constitución, en el siglo XIX, una norma que permite que los jueces puedan conocer casos extraterritoriales, cuando impliquen una violación al “derecho de gentes”, hoy llamado Derecho Internacional. Esto se traduce hoy en normas que buscan evitar que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes.
-¿Por qué no basta la letra de la Constitución para que proceda la demanda de HRW?
-Porque la misma Constitución aclara que primero se necesita una ley aprobada por el Congreso. Y en el caso del príncipe saudí no se dan las condiciones a solo pocos días de su visita. Otro fue el caso de la investigación del atentado contra la AMIA, cuando el Congreso tuvo que autorizar una serie de elementos de cooperación del Acuerdo con Irán para esclarecer los crímenes. (N. de la R.: la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, con sede en Buenos Aires, sufrió un atentado terrorista con coche bomba el 18 de julio de 1994 en el que 85 personas murieron y 300 fueron heridas).
-¿Qué otra vía tendría Argentina para llevar a juicio al príncipe saudí?
-En el caso de que se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) por los hechos ocurridos en Yemen, habría que ver cómo Argentina, en calidad de Estado miembro, podría entrar a actuar. Pero eso solo podría ser posible tras la expedición de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de La Haya. Pero, hasta ahora, ni se ha planteado una demanda ante la CPI, ni esta ha solicitado nada a Argentina.
-Amparado en la “jurisdicción universal”, el juez español Baltasar Garzón ordenó en 1998 el arresto en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet. ¿Por qué tuvo éxito?
-Porque parte de las víctimas de su dictadura tenían la nacionalidad española. Por lo demás, Madrid restringió luego dicha jurisdicción, para no tocar intereses de China.
-¿Cuál puede ser el impacto político de este caso para Argentina?
-Prácticamente ninguno. En el Gobierno el caso no ha sido destacado. Y en Argentina la justicia es independiente; todo depende de la acción del fiscal.
-Después de la solicitud de investigación de HRW, ¿cuál es la lección?
Una de las tareas de las organizaciones humanitarias es buscar hacer justicia. HRW ha logrado visibilizar la presunta implicación de un príncipe heredero saudí, que, siendo ministro de Defensa de Arabia Saudita, debe asumir la responsabilidad por la hambruna, los crímenes de lesa humanidad en Yemen, la tortura en Arabia Saudita y el macabro asesinato de un periodista en Turquía.
