Cuando el ocupante habla de igualdad

La reciente columna del Embajador de Israel insiste en una narrativa que durante décadas ha intentado instalarse como verdad incuestionable: que la ausencia de paz se debe a la supuesta negativa de los palestinos a negociar y a su reiterado incumplimiento de acuerdos.

Esa versión, repetida una y otra vez, omite el elemento central de lo que ocurre en dicho territorio: existe una ocupación militar prolongada y una expansión territorial constante que contradice el derecho internacional y vacía de contenido cualquier proceso de negociación.

El liderazgo palestino reconoció al Estado de Israel hace más de treinta años y firmó los Acuerdos de Oslo bajo la premisa de que serían un paso transitorio hacia la creación de un Estado Palestino independiente. Ese período transitorio debía durar cinco años. Han pasado más de tres décadas.

El Estado Palestino no existe. Lo que sí existe es una multiplicación sostenida de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. La población de colonos se ha expandido de manera significativa desde 1993, fragmentando el territorio que debía constituir el futuro Estado Palestino. Lo transitorio se volvió permanente, pero no por una negativa palestina a negociar, sino por una política sostenida de hechos consumados sobre el terreno.

Presentar los incumplimientos como un fenómeno exclusivamente palestino es una lectura selectiva. Los palestinos han mantenido coordinación en seguridad con Israel durante años, incluso enfrentando altos costos políticos internos por ello.

Sin embargo, cada episodio de violencia es utilizado para reforzar la narrativa de que los palestinos carecen de voluntad de paz, mientras se omite que la violencia ocurre en un contexto de ocupación militar, restricciones de movimiento, detenciones administrativas sin juicio y expansión territorial continua. No se puede exigir normalidad política bajo condiciones estructurales de dominación.

Resulta particularmente llamativo que se acuse a los palestinos de dañar patrimonio, medio ambiente o recursos hídricos cuando es Israel quien mantiene el control efectivo sobre gran parte del territorio de Cisjordania, especialmente en el Área C, donde se concentran los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo territorial continuo.

Las comunidades palestinas deben solicitar permisos a una administración militar para construir viviendas, escuelas o infraestructura básica, y la mayoría de esos permisos son rechazados. Luego, cuando esas comunidades construyen sin autorización, se las acusa de ilegalidad. La desigualdad estructural se convierte en argumento político.

La reciente decisión del gabinete israelí de modificar normas relativas a la adquisición de bienes raíces en Cisjordania tampoco puede presentarse como un acto de igualdad. Cisjordania es territorio ocupado según el derecho internacional.

Alterar su régimen jurídico para facilitar la compra de tierras por ciudadanos israelíes no corrige una supuesta discriminación heredada del pasado; consolida una presencia permanente en territorio ocupado y profundiza una anexión de facto. No se trata de igualdad ante la ley, sino de quién tiene el poder de imponerla en un territorio cuya soberanía sigue sin resolverse.

Acusar a la comunidad internacional de indulgencia hacia los palestinos invierte la realidad. Durante décadas se han emitido resoluciones condenando la expansión de asentamientos y otras medidas unilaterales, pero esas resoluciones rara vez han tenido consecuencias prácticas. Si existe un doble estándar, es la normalización progresiva de una ocupación que se prolonga indefinidamente mientras se exige a los palestinos comportamientos propios de un Estado soberano que no se les permite constituir.

Se afirma que la paz requiere reciprocidad. Es cierto. Pero la reciprocidad solo puede existir entre partes con condiciones mínimamente simétricas. Hoy una de las partes controla el territorio, las fronteras, el espacio aéreo, el registro poblacional y gran parte de los recursos naturales de la otra. Esa no es una negociación entre iguales.

La paz no puede construirse expandiendo asentamientos, modificando leyes para consolidar control territorial ni perpetuando un régimen transitorio convertido en permanente.

Desde la Comunidad Palestina en Chile rechazamos la simplificación que reduce el estancamiento a una supuesta intransigencia palestina. El problema central no es una negativa a negociar, sino la continuidad de una ocupación que contradice el marco jurídico internacional y erosiona cada día la posibilidad real de una solución de dos Estados.

La paz no se alcanzarará desplazando responsabilidades discursivamente, sino poniendo fin a las políticas que hacen inviable la autodeterminación palestina. Sin igualdad real de derechos, sin respeto al derecho internacional y sin el cese de la expansión territorial, hablar de reciprocidad es retórica. Y hablar de paz, en esas condiciones, es simplemente posponerla.