La historia del conflicto de Medio Oriente incluye una sucesión de negativas de parte de los palestinos a negociar y avanzar hacia la paz, como asimismo una serie de incumplimientos de los escasos acuerdos que han estado dispuestos a firmar.
Cabe recordar que el marco regulatorio que rige hasta hoy la relación entre Israel y los palestinos son los llamados Acuerdos de Oslo en 1993, que tenían como finalidad avanzar progresivamente hacia la autonomía palestina, para lo cual se establecieron para Cisjordania zonas de control autónomo palestino (Área A) control mixto (Área B) y control israelí (Área C).
Lamentablemente, en los últimos 32 años, la Autoridad Palestina ha violado una serie de los compromisos de Oslo, muchos de ellos vinculados al control del terrorismo. Pero también ha incumplido otros en ámbitos menos conocidos, generando por ejemplo una grave afectación al patrimonio cultural, religioso, y ambiental en Cisjordania.
Lo anterior se refleja en una destrucción sistemática de sitios sagrados y arqueológicos, la exacerbación de riesgos ambientales, la construcción ilegal y el desvío de fuentes de agua.
La comunidad internacional ha optado por hacer la vista gorda ante las violaciones diarias cometidas por la Autoridad Palestina, alentando de esta manera a sus autoridades a seguir en esa línea y en total impunidad.
Más aún, la Autoridad Palestina está llevando a cabo una campaña de apropiación de tierras en el Área C, financiada por la Unión Europea, en total incumplimiento de sus compromisos con Israel. Lamentablemente, este doble estándar no solo socava la credibilidad de los acuerdos internacionales, sino que incentiva más transgresiones.
En ese contexto, las decisiones de primera instancia del Gabinete de Israel adoptadas esta semana abren una oportunidad para reparar el daño realizado y alinear a la comunidad internacional sobre la necesidad que los palestinos cumplan sus compromisos y no gocen siempre de la indulgencia internacional.
¿Cuál es exactamente la propuesta de Israel?
Básicamente, corregir una distorsión racista arraigada en la ley jordana, una legislación que discriminaba contra judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo relativo a la compra de bienes raíces en Cisjordania.
Así, la decisión del Gabinete establece igualdad en materia de adquisiciones inmobiliarias, elimina la confidencialidad del registro de la propiedad en Judea y Samaria, y permite una conducta transparente y abierta.
En lugar de perpetuar sistemas discriminatorios del pasado, Israel ha optado por un marco legal que trata a todas las personas por igual, independientemente de su origen étnico o nacional.
Es hora de que los países comiencen a elevar los estándares exigidos a los palestinos en sus interacciones internacionales. Si verdaderamente se busca la paz y la estabilidad en la región, debe exigirse que todas las partes cumplan con sus compromisos.
No se puede esperar que Israel respete acuerdos que la otra parte viola sistemáticamente mientras el mundo mira hacia otro lado. La paz genuina solo puede construirse sobre bases de reciprocidad, transparencia y cumplimiento mutuo de los compromisos asumidos.
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