La exdelegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González (PC), salió al paso de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República sobre la gestión de recursos públicos destinados a la emergencia del megaincendio de 2024 en la región.
En una declaración pública, reivindicó la legalidad de sus decisiones, explicó el contexto de crisis en que se adoptaron y manifestó su plena disposición a colaborar con las investigaciones en curso.
“Cada medida se adoptó siempre dentro del marco de la ley y sobre la base de informes técnicos y resoluciones administrativas”, señaló.
Exdelegada de Valparaíso Sofía González defiende su gestión en megaincendio
En los informes de las auditorías que realizó el ente contralor, figuran precisamente la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, los municipios de Quilpué y Viña del Mar y la Dirección Regional de Arquitectura.
Entre las principales observaciones, el organismo fiscalizador identificó pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en procesos de compra y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados.
Sobre esto, la ahora diputada electa del Partido Comunista, Sofía González, aseguró tener “absoluta tranquilidad” respecto de las medidas adoptadas durante los primeros días y meses posteriores a la catástrofe, subrayando que todas tuvieron como objetivo “responder con la mayor rapidez y eficacia posible al dolor profundo de las familias que lo perdieron todo”.
Describió ese período como una etapa de “intensa coordinación interinstitucional” y de trabajo bajo “presión extraordinaria” por parte de funcionarios públicos, frente a una de las mayores tragedias que ha vivido Valparaíso.
La exautoridad enfatizó que cada decisión se tomó dentro del marco de la ley y con respaldo de informes técnicos y resoluciones administrativas. Asimismo, sostuvo que, durante su gestión, instruyó investigaciones y sumarios cada vez que advirtió posibles errores o irregularidades administrativas, y recordó que al momento de su renuncia —el 15 de noviembre de 2024— ya existían varios procedimientos disciplinarios en curso.
Fiscalía abre investigación
Las observaciones de Contraloría, que apuntan a millonarias irregularidades en el uso de recursos destinados a la emergencia, fueron abordadas por González como una oportunidad para fortalecer la institucionalidad.
A su juicio, la experiencia evidencia la necesidad de contar con “herramientas más robustas de control, fiscalización y regulación” en contextos de catástrofe, donde los mercados pueden sufrir distorsiones que tensionan la respuesta del Estado. No obstante, advirtió que ese fortalecimiento no debe traducirse en “trabas innecesarias o demoras” que dificulten la atención oportuna de las víctimas.
En las últimas horas, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, confirmó que el Ministerio Público ya inició una investigación a partir del informe de Contraloría.
La exdelegada cerró su declaración subrayando que las decisiones adoptadas durante una emergencia de esta magnitud deben evaluarse considerando “el contexto, la urgencia y el deber ineludible del Estado de responder oportunamente” a las familias afectadas, en medio de una tragedia sin precedentes para la región.
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