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Cuando la ciudadanía sabe que el espionaje político es delito, que no hay impunidad y que el poder tiene límites, la inteligencia deja de ser un instrumento opaco y se transforma en un herramienta legitimada política y socialmente al servicio de Chile.
Chile vive tiempos de incertidumbre y complejidad. El avance del crimen organizado, las tensiones geopolíticas globales y la fragilidad de las democracias obligan al Estado a contar con un sistema de inteligencia moderno, eficaz y a la altura de los desafíos. Pero tan importante como fortalecer la inteligencia es ponerle límites claros, para que nunca vuelva a ser utilizada contra la ciudadanía, la política o la democracia.
Esa fue la convicción que guió nuestro trabajo durante la tramitación de la ley que moderniza el sistema de inteligencia del Estado y, especialmente, en la Comisión Mixta. Desde allí empujamos acuerdos amplios, transversales y responsables, entendiendo que la seguridad nacional no admite trincheras ideológicas cuando lo que está en juego es el futuro del país.
Uno de esos acuerdos centrales fue fortalecer la contrainteligencia militar, para cerrar la puerta a una amenaza real y concreta: el intento del crimen organizado por infiltrar, corromper o reclutar a miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Proteger a quienes portan las armas de la República es proteger al Estado mismo. La inteligencia no puede llegar tarde cuando se trata de resguardar la probidad, la disciplina y la lealtad institucional de quienes tienen la misión constitucional de defender a Chile.
El fortalecimiento del sistema de inteligencia se refleja en una Agencia Nacional de Inteligencia con capacidades ampliadas y actualizadas, facultada para coordinar estratégicamente a los organismos del sistema y desarrollar contrainteligencia proactiva.
El nuevo marco contempla instrumentos de planificación que otorgan orientación estratégica y flexibilidad operativa. Además, se define una planta de funcionarios especializados y se establece un estatuto propio para el personal, asegurando profesionalismo de largo plazo, dedicación exclusiva y los más altos estándares de integridad.
Así, el Estado se dota de un instrumento ágil, integrado y con visión de futuro, capaz de anticipar riesgos y proteger activamente la seguridad nacional, siempre dentro del marco de la ley y con los debidos controles democráticos.
En este sentido, valoro profundamente que la derecha haya pasado de oponerse a aceptar un axioma de la seguridad estatal: no hay inteligencia legítima sin controles, ni seguridad duradera sin sanciones severas frente al abuso de poder.
Hoy Chile da un paso histórico al tipificar el espionaje político como delito, estableciendo penas de hasta cinco años de cárcel y la inhabilidad perpetua para ejercer cargos públicos a quienes utilicen la inteligencia para perseguir adversarios, dirigentes sociales o ciudadanos. Y lo más relevante: estas sanciones alcanzan tanto a agentes como a jueces que autoricen o ejecuten prácticas ilegales.
Este acuerdo fortalece el Estado de Derecho. Porque un sistema de inteligencia robusto no se mide solo por sus capacidades operativas, sino por su legitimidad democrática. Cuando la ciudadanía sabe que el espionaje político es delito, que no hay impunidad y que el poder tiene límites, la inteligencia deja de ser un instrumento opaco y se transforma en una herramienta legitimada política y socialmente al servicio de Chile.
La inteligencia existe para proteger a la Patria, no para intervenir la política; para anticipar amenazas reales, no para sembrar miedo; para enfrentar al crimen organizado, no para vulnerar derechos. En un mundo marcado por conflictos y economías criminales transnacionales, Chile necesita unidad nacional y una defensa férrea de su democracia.
Cuidar a Chile hoy exige más Estado, más profesionalismo y más controles. Ese fue el espíritu de los acuerdos alcanzados. Y ese debe seguir siendo el camino: seguridad con democracia, inteligencia con límites y patria con dignidad.
