Fiscalía de Antofagasta vive su prueba de fuego: este martes se revisa el desafuero de Claudio Orrego

La Corte de Apelaciones de Santiago conocerá este martes los argumentos para desaforar al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Se trata de la prueba de fuego de la Fiscalía de Antofagasta para poder perseguir penalmente a la autoridad.

El Ministerio Público indaga el destino de millonarios recursos transferidos desde el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano a la mencionada organización, para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.

Dicha iniciativa estuvo liderada por el fundador de ProCultura, el psiquiatra Alberto Larraín, quien fue cercano a Orrego y que está siendo investigado por presunto fraude al fisco.

En concreto, se investiga la transferencia de aproximadamente $1.600 millones desde el Gobierno Regional a la fundación. De ellos, más de $1.015 millones no habrían sido rendidos, según acciones civiles impulsadas por el propio GORE.

Defensa dice que no hay sustento

La audiencia para revisar el desafuero es la prueba de fuego de la Fiscalía de Antofagasta para definir si el jefe regional puede ser formalizado. En la antesala de la revisión, el abogado del gobernador Orrego, Ciro Colombara, insistió en que la solicitud de desafuero carece de sustento.

El abogado defensor sostuvo que la presentación tiene errores tanto en los antecedentes invocados como en la calificación jurídica de los hechos. También cuestionó la atribución de calidad de funcionarios públicos a personas que no lo eran.

Esta línea coincide con el informe en derecho elaborado para la defensa por el académico de la Universidad de Chile, Gastón Gómez Bernales. Él sostuvo que la imputación penal se debilita por inconsistencias fácticas, como la utilización de antecedentes erróneos y la atribución de delitos que, aun de ser ciertos los hechos, no encajarían en los tipos penales invocados.

Asimismo, afirmó que la Fiscalía habría modificado la calificación jurídica de los ilícitos, desde fraude al fisco a apropiación indebida, siguiendo la tesis del Consejo de Defensa del Estado respecto de personas vinculadas a ProCultura, pero no del gobernador ni del GORE.

El documento también subraya que diversas resoluciones judiciales en Antofagasta y Santiago han coincidido parcialmente con los planteamientos de la defensa, especialmente en materia de competencia y alcance de las imputaciones, lo que alimenta la expectativa de que el desafuero sea rechazado.

Alberto Larraín en libertad

La investigación se inserta en el caso Convenios, que involucra traspasos de recursos públicos a fundaciones y eventuales irregularidades en su ejecución.

En el caso específico del GORE Metropolitano, el convenio con ProCultura fue terminado anticipadamente tras cuestionamientos sobre la rendición de fondos, activándose acciones para exigir su restitución.

Paralelamente, cinco integrantes de la fundación, entre ellos Alberto Larraín, fueron formalizados por presunto fraude al fisco. Todos ellos quedaron solo con arraigo nacional, lo que ha sido interpretado por expertos como un antecedente que podría influir en la discusión del desafuero.

Así lo sostuvo el académico de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz.

Si la Corte de Apelaciones acoge la solicitud, Orrego quedaría suspendido de su cargo y habilitado para ser formalizado por el Ministerio Público. En cambio, si se rechaza, por ahora se cerraría la vía para imputarle responsabilidad penal directa en esta etapa de la causa.