Diputadas electas piden revocar pensiones de gracia del 18-O cuestionando gasto por $7 mil millones

Las diputadas electas Javiera Rodríguez y Valentina Becerra solicitaron la revocación de las pensiones de gracia entregadas en el contexto del estallido social (18-O), tras conocerse un informe que cifra en más de $7 mil millones los recursos asignados durante el actual gobierno.

Según las cifras dadas a conocer, los pagos alcanzan un total de $7.009.644.357 y benefician a 418 personas. Del total, 270 pensiones vitalicias fueron otorgadas durante la administración del presidente Gabriel Boric, mientras que 148 corresponden al periodo del expresidente Sebastián Piñera.

Las parlamentarias manifestaron su preocupación por lo que califican como un monto “desmesurado” y cuestionaron la transparencia del proceso, además de advertir eventuales irregularidades en la asignación de estos beneficios.

“El otorgamiento de pensiones de gracia a delincuentes relacionados con el estallido social por parte del gobierno de Gabriel Boric es una decisión altamente cuestionable. Es inaceptable que el Estado esté desembolsando recursos significativos para pagar beneficios vitalicios a individuos que han participado en actos violentos o delictivos”, afirmó Rodríguez.

En esa línea, la diputada electa llamó a revocar las pensiones y a establecer mecanismos que permitan evitar abusos, apuntando a que los beneficios se otorguen “de manera justa y transparente”.

Por su parte, Valentina Becerra planteó la necesidad de realizar una revisión exhaustiva del proceso de asignación. “Se ha visto cómo, en varios casos, se han beneficiado personas con antecedentes penales que nada tienen que ver con las causas que justifican estas ayudas”, señaló.

La controversia se da en un contexto en que la Contraloría General de la República había advertido previamente la existencia de 58 beneficiarios con prontuarios anteriores al 18 de octubre de 2019. A partir de esos antecedentes, el Ministerio del Interior revocó 28 pensiones durante 2024.

Finalmente, las diputadas electas hicieron un llamado a evaluar la continuidad de este tipo de beneficios, argumentando que, debido al volumen de recursos comprometidos, el Estado debe priorizar su uso en otras necesidades urgentes del país.