Reformar la dieta de los expresidentes y la escasa voluntad de Boric a renunciar a privilegios

No han sido pocos los casos donde el Frente Amplio y particularmente el presidente Boric mostraron escasa voluntad de deshacerse de los privilegios que su arribo al gobierno les suponía.

Desde los salarios de los asesores hasta el desinterés por los temas que le dieron la oportunidad de brillar en sociedad (como la educación), la conducta del presidente ha sido consistente con una tesis fundamental de la sociología política: la transformación psicológica del líder luego de arribar al poder va acompañada de una visión muy diferente sobre la validez de los privilegios.

En este sentido, la discusión sobre la mal llamada “pensión” presidencial es parte del repertorio de problemáticas que el gobierno debió tratar con sensatez para hacerse cargo de su propio discurso histórico. También es cierto que la discusión política en general ha sido ramplona y genérica, asunto ya frecuente por desgracia.

A continuación, se intentará desarrollar un planteamiento sobre la naturaleza de la decisión de Chile de otorgar una dieta vitalicia a los expresidentes y los elementos que debieran considerarse para contar con una política pública razonable.

Revisemos el caso a continuación:

Desde el próximo 12 de marzo el presidente Boric cambiará de estatus y pasará a ocupar una especie de cargo, que no lo es; pero que supone los beneficios monetarios de un parlamentario, con la ventaja de contar con ellos de por vida y sin cumplimiento de funciones. Como se sabe, los expresidentes de Chile gozan de una especie de pensión bastante elevada.

Pero para ser justos, se hace necesario explicar por qué existen estos beneficios en muchos países y cuáles sí podríamos considerar elementos a discutir por inapropiados.

En Chile (al igual que se asume en muchos otros países), la figura del expresidente no desaparece al terminar el mandato. La ley lo convierte inmediatamente en un actor institucional permanente del Estado. Por eso, al dejar La Moneda en marzo de 2026, Gabriel Boric no entra en el sistema previsional como cualquier ciudadano ni recibe una jubilación por cotizaciones: pasa a percibir una dieta vitalicia equivalente a la de un senador en ejercicio, junto con oficina, personal de apoyo y seguridad. Se trata de un derecho jurídico automático establecido hace más de dos décadas.

El origen de esta norma fue una preocupación institucional muy concreta. Durante la transición democrática se temía que, una vez fuera del poder, los exmandatarios quedaran económicamente expuestos a presiones privadas o a la tentación de integrarse inmediatamente a empresas, bancos o incluso gobiernos extranjeros, debilitando la autonomía del sistema político. La dieta vitalicia buscó entonces algo distinto de lo que suele creerse:

Asegurar independencia y preservar la representación simbólica del Estado, bajo la idea de que un expresidente sigue siendo, de algún modo, una figura pública permanente de la República. Esta dieta para los expresidentes nunca ha sido cuestionada incluso si dichas personas han ocupado cargos remunerados con posterioridad.

Es necesario aclarar que en Chile el expresidente no ocupa un “cargo” público activo después de dejar La Moneda. No es funcionario, no tiene autoridad administrativa, no puede dictar decretos, no gobierna ni decide políticas. Desde el punto de vista del poder estatal, deja completamente el ejercicio del cargo. Lo que sí existe es otra figura: un estatuto institucional permanente.

La ley supone que quien fue jefe de Estado conserva una condición representativa del país. No tiene funciones obligatorias, horarios ni competencias formales; pero queda disponible para tareas de representación, participación en actos oficiales, invitaciones internacionales, asesorías informales a autoridades o misiones especiales si el Estado lo solicita. Es decir, no es un puesto con atribuciones, pero tampoco es un ciudadano privado ordinario.

Ya en este punto es donde ha surgido, muchas veces, la polémica. Y es que hay quienes perciben que se trata de “un pago sin trabajo”, porque no hay una función diaria exigible ni responsabilidades definidas.

Jurídicamente, en cambio, el fundamento es otro: no se paga por una labor concreta, sino por el estatus institucional derivado de haber sido jefe de Estado. Y, hay que insistir, se paga porque no exista excusa alguna para que un expresidente caiga fácilmente en las manos de intereses que pudieran afectar a Chile. Los países, por tanto, pagan por la propia dignidad. La asignación no remunera una actividad presente, sino la disponibilidad y la continuidad simbólica de la representación del Estado que la ley asocia a cualquier expresidente.

Por eso, aunque el debate reaparece periódicamente, casi siempre concluye sin cambios sustantivos. Socialmente la medida se percibe como un privilegio en un país de pensiones bajas. Institucionalmente, en cambio, funciona como un mecanismo de estabilidad del régimen político. Entre ambas dimensiones —la legitimidad social y la arquitectura del Estado— se instala una tensión difícil de resolver. Así, cada ciclo político vuelve a cuestionarla, pero no se suele llegar a buen puerto.

En el caso de Boric su pensión ha sido particularmente polémica. Y ello probablemente se deba a la singularidad de su situación. Al terminar su mandato en 2026 lo hará con apenas cuarenta años, una edad muy inferior a la considerada implícitamente cuando se creó la dieta vitalicia para exmandatarios. Normalmente se entendía la dieta como una pensión porque los expresidentes solían estar en edad de jubilación. Por eso resulta más disruptivo el caso de Boric. Pero no es lo único que lo convierte en un caso problemático.

La ley chilena no distingue trayectorias ni edades: establece que todo presidente constitucional, al dejar el cargo, pasa automáticamente a percibir un ingreso equivalente al de un senador en ejercicio, además de apoyo administrativo y seguridad. Dado el nivel de la dieta parlamentaria en relación con el salario mínimo, la diferencia resulta particularmente visible para la opinión pública.

La trayectoria previa de Boric también contribuye a la atención y fricción sobre el tema. Su carrera ha sido enteramente política, iniciada en el movimiento estudiantil y continuada como diputado durante dos periodos antes de llegar a la presidencia.

Gabriel Boric, en la visión de la población, ha quedado pensionado a los 40 años y nunca antes trabajó según el Código del Trabajo, ni como profesional (no tiene título), ni en algún oficio. Por lo demás, su discurso público de años es también un alimento concreto para sus críticos. Y es que como parlamentario fue uno de los impulsores de la reducción de la dieta parlamentaria, reforma que finalmente se materializó en 2020.

Su discurso fue siempre altisonante. Dijo, por ejemplo: “Las dietas parlamentarias son excesivas para la realidad del país”. Y lo llevó más lejos: “La desigualdad no es solo injusta; debilita la democracia”.

No fue extraño entonces que en los últimos años se planteara el tema. Surgieron entonces iniciativas legislativas destinadas a modificar o eliminar la dieta de los expresidentes. Dichas propuestas no prosperaron en el Congreso al no alcanzar los quórums requeridos. Y esos votos que faltaron fueron los votos del gobierno, es decir, los votos que podía manejar Boric.

Si bien se puede argumentar desde el gobierno que solo defendieron la institucionalidad ya existente (que fue lo que se dijo), la verdad es que, si el presidente Boric consideraba inapropiado el monto o incluso si lo consideraba un acto de desigualdad material intolerable u obsceno, entonces fácilmente podría haber sumado a los votos de la derecha los votos del gobierno y con ello ya era suficiente para mejorar la ley y el privilegio a los expresidentes.

Ahora bien, hay al menos tres dimensiones que son sumamente complejas en esta regulación y que deberían ser objeto de un análisis serio. Destaco lo que a mi juicio son los tres problemas principales del actual beneficio a los expresidentes y que, en mi opinión, deben tratarse con seriedad y modificar la legislación para garantizar los bienes públicos que la medida busca producir. Resumamos entonces los problemas.

a) El expresidente como candidato permanente

El primer problema aparece cuando la figura del expresidente deja de ser solo una institución simbólica y vuelve a convertirse en actor electoral. La norma fue diseñada bajo el supuesto implícito de que quien había ejercido la jefatura del Estado cerraba su ciclo político activo y pasaba a un rol representativo, más cercano al de una autoridad histórica que al de un competidor.

Sin embargo, la legislación chilena no impide que un exmandatario vuelva a postular a cargos de elección popular. Así, una misma persona puede, al mismo tiempo, conservar el estatuto institucional derivado de haber sido jefe de Estado y reingresar plenamente a la arena política.

En ese punto surge la tensión. La oficina financiada por el Estado, el equipo de apoyo, la agenda pública y la presencia protocolar permanente no constituyen campaña electoral en sentido legal, pero sí configuran una plataforma de visibilidad y articulación política que ningún otro candidato posee.

Aunque la norma no autorice utilizar esos recursos para propaganda, la frontera práctica es difusa, cuando no imposible de definir: la actividad pública sostenida institucionalmente puede transformarse en capital político acumulado. El problema no es necesariamente un abuso, sino una asimetría estructural, porque la ley protege al expresidente como institución mientras el sistema electoral lo trata como un competidor entre iguales.

Por eso la dificultad es más profunda que un caso particular. La regla fue pensada para preservar la dignidad y autonomía del exjefe de Estado, pero no previó plenamente la posibilidad de su retorno a la competencia democrática. Cuando esa eventualidad existe, se superponen dos principios distintos: la continuidad simbólica del Estado y la igualdad de condiciones entre candidatos. Allí aparece el problema real de la norma, ya que no define qué ocurre cuando la figura institucional vuelve a actuar como actor político activo, dejando una zona gris entre protección pública y ventaja electoral.

Francia terminó reformando el sistema en 2016, reduciendo beneficios y estableciendo controles más estrictos, justamente porque se consideraba que un expresidente activo políticamente podía tener ventajas desproporcionadas.

Si se observa comparativamente, varios países mantienen beneficios para sus exjefes de Estado, pero casi todos han debido regularlos precisamente cuando éstos vuelven a la política activa. También es problemático que se mantengan los beneficios independientemente de las actividades que ejecute el exmandatario. Todas estas discusiones son complejas y constantes, pero han tenido cierto nivel de resolución.

Italia ofrece otro modelo. Allí los expresidentes no reciben una dieta vitalicia autónoma comparable a la chilena; pasan automáticamente a ser senadores vitalicios, pero esa condición implica una función institucional concreta dentro del Parlamento. No es un estatuto puramente honorífico. Son congresistas, deben cumplir funciones, participan de votaciones legislativas y de la vida institucional formal del Estado. La lógica italiana intenta resolver el problema asignando un rol definido, de modo que el beneficio esté asociado a una función pública explícita y no solo a la condición histórica de haber gobernado.

En Alemania la aproximación es aún más restrictiva. El expresidente federal recibe una pensión y apoyo limitado de oficina, pero estos beneficios están orientados casi exclusivamente a tareas representativas, culturales o diplomáticas. Si el exmandatario decidiera regresar a la competencia política partidaria activa, la presión institucional y normativa haría difícil mantener simultáneamente el estatuto representativo y el rol de competidor electoral, porque la figura está concebida como árbitro simbólico del Estado más que como actor político.

En resumen, parece sensato que los expresidentes tengan la obligación de renunciar a su dieta posterior al gobierno si van a participar en una contienda electoral. O quizás incluso lo lógico podría ser que al aceptar la dieta posterior se establezca un compromiso público de no participar en las competencias electorales. No hay que olvidar que Chile tiene ya experiencia del problema de la reiteración de presidencias y ello no se considera un valor politológico.

Pero hay una segunda dimensión problemática.

b) La percepción de injusticia de las pensiones presidenciales

Buena parte de la población comprende la importancia de una dieta vitalicia para los exmandatarios. Pero obviamente cuando la distancia entre la posición económica de una autoridad histórica y el ingreso típico de la población alcanza niveles elevados en términos relativos, el problema deja de ser fiscal y se transforma en un problema de legitimidad.

No es la existencia del beneficio lo que produce fricción social —pues la protección institucional del exmandatario es común en muchas democracias— sino la proporción que adquiere dentro de la estructura distributiva de la sociedad.

En sociedades con ingresos medios, la igualdad no se evalúa únicamente en términos formales, sino mediante comparaciones materiales concretas. La sociología de la desigualdad ha mostrado que los individuos no juzgan la justicia de un sistema observando promedios abstractos, sino comparando posiciones cercanas dentro de su horizonte cotidiano.

Cuando una institución estatal produce una distancia material muy superior a la experimentada en la vida social ordinaria, esa diferencia se convierte en un símbolo negativo. La asignación al expresidente pasa entonces de ser un dispositivo institucional a constituirse en un marcador visible de jerarquía, y por ello se inserta directamente en el campo de la legitimidad política.

Este fenómeno adquiere una resonancia particular en el caso chileno porque el discurso político que permitió la emergencia generacional de la actual élite gobernante se estructuró precisamente sobre la crítica a la desproporción de las ganancias entre élites e ingresos sociales.

El movimiento estudiantil de la década de 2010 no se limitó a demandar políticas sectoriales; articuló una crítica cultural a la distancia material entre autoridades y ciudadanía. En ese marco, la reducción de las dietas parlamentarias fue uno de los emblemas de la idea de “acortar la brecha” entre representantes y representados. La crítica no era sólo económica, sino moral, apuntando a la coherencia entre la experiencia social de la población y la posición material de quienes ejercían poder político.

Durante su trayectoria parlamentaria, Gabriel Boric participó activamente de esa orientación, apoyando iniciativas destinadas a disminuir la remuneración de las altas autoridades y a limitar privilegios institucionales. El eje discursivo subyacente no era simplemente redistributivo, sino de legitimidad democrática.

Para Boric, Vallejo, Jackson y otros, la autoridad debía compartir, al menos parcialmente, la condición material de la sociedad que gobernaba. Este principio, más que una política específica, constituía un marco normativo desde el cual se evaluaba la relación entre poder y ciudadanía.

La situación posterior introduce una tensión sociológica relevante. La permanencia de un estatuto material elevado para los expresidentes no implica necesariamente una contradicción jurídica —puesto que la norma preexiste a la autoridad que la recibe—, pero sí altera el marco simbólico construido previamente. La crítica original operaba en el plano de la proporcionalidad social; al no reabrirse institucionalmente ese debate desde el ejercicio del poder, el tema deja de ser normativo y pasa a ser interpretado como un desplazamiento de prioridades. La omisión no consiste en defender explícitamente el beneficio, sino en la ausencia de una problematización equivalente a la que caracterizó el periodo previo.

Sin embargo, la magnitud relativa del diferencial material mantiene el tema en el centro del conflicto simbólico. Allí donde la brecha entre la autoridad y la experiencia económica promedio es amplia, la legitimidad depende en mayor medida de la coherencia narrativa del poder político. En este sentido, la discusión sobre la asignación a los expresidentes no se reduce a una política pública específica, sino que remite a una cuestión más profunda: la relación entre promesa igualitaria y práctica institucional. El problema no es únicamente económico ni jurídico, sino interpretativo; se vincula con la continuidad entre el discurso que permitió la emergencia de una generación política y las condiciones materiales que el propio sistema político preserva.

Así, el diferencial proporcional adquiere un significado mayor que su valor monetario. Se transforma en un punto de convergencia entre estructura institucional y cultura política. Cuando una autoridad surgida de un movimiento cuya identidad se construyó en torno a la crítica a la distancia entre élites y sociedad se encuentra integrada en un régimen institucional que reproduce esa distancia, la discusión deja de ser sobre una persona o una norma aislada. Pasa a ser sobre la capacidad del sistema político de reconciliar expectativas de igualdad simbólica con dispositivos institucionales diseñados en un contexto histórico distinto.

Como dijo Boric -el de antes- “no puede ser que quienes toman decisiones vivan en un Chile completamente distinto al de la mayoría”.

El asunto es significativo, porque la diferencia real de la “pensión” de expresidentes respecto al comparado de ingreso per cápita de otras naciones muestra niveles de desigualdad evidentes. Bajo una lógica de comparación de ingresos de los exmandatarios en comparación al ingreso de su sociedad, Chile vislumbra un grave caso de desigualdad. Veamos la siguiente tabla:

Si usted me permite, creo que puedo escribir el discurso que habría pronunciado Gabriel Boric (como diputado) en la Cámara del Congreso Nacional criticando la dieta a exmandatarios.

Puedo verlo diciendo:

“Señor Presidente, en países desarrollados, el apoyo a sus exjefes de Estado existe, pero representa apenas unas pocas veces el ingreso anual de un ciudadano promedio; se trata de una protección institucional que no rompe la proporción básica entre autoridad y comunidad.

En Chile, en cambio, esa distancia se multiplica muchas veces por sobre el ingreso típico de una familia trabajadora. No estamos discutiendo la dignidad del cargo, estamos discutiendo la dignidad de la República: si la democracia puede sostenerse cuando la experiencia material de quienes toman decisiones se aleja tan profundamente de la vida cotidiana de su pueblo.

Porque una democracia no se erosiona solo cuando faltan elecciones libres; también se debilita cuando la ciudadanía percibe que existen dos países: uno para quienes administran el poder y otro para quienes viven bajo sus consecuencias.

Cuando un trabajador debe organizar su vida anual con un ingreso que equivale a una fracción mínima del ingreso institucional que el propio Estado asegura a sus autoridades históricas, lo que se rompe no es solo una proporción económica, se rompe un vínculo moral.

No estamos aquí para cuestionar personas, sino estructuras que naturalizan distancias incompatibles con una comunidad política que se pretende igualitaria. Si aspiramos a una democracia donde la representación sea real, entonces debemos atrevernos a revisar nuestros propios privilegios y reconocer que la legitimidad no se sostiene en símbolos solemnes ni en tradiciones heredadas, sino en la coherencia entre el discurso republicano que proclamamos y las condiciones materiales que toleramos.

Es por eso que, junto a nuestros compañeros, hace mucho rato cuestionamos el monto de las dietas parlamentarias. Con la misma convicción, debemos cuestionar la magnitud y la desmesura de una dieta vitalicia que es desproporcionada respecto a nuestro país”.

c) La no prohibición de ejecutar otras funciones remuneradas

Si la dieta pospresidencial existe para proteger los intereses permanentes del Estado, entonces no puede entenderse como una jubilación ni como una recompensa honorífica. Su sentido es otro: busca impedir que la experiencia, la información y las redes acumuladas por quien ejerció la jefatura del Estado se transformen en un activo transable en el mercado político o económico.

Un expresidente no vuelve simplemente a la condición de ciudadano común; su palabra, sus gestos y sus vínculos continúan teniendo efectos sobre la reputación internacional del país, sobre decisiones de inversión y sobre la conducta de otros gobiernos. Por ello, el Estado no paga por el pasado, sino por el futuro: compra independencia respecto de intereses particulares.

Sin embargo, cuando el ordenamiento permite simultáneamente recibir la dieta y desarrollar actividades remuneradas relevantes —asesorías, directorios, conferencias financiadas por grupos de interés o cargos en organismos con agendas propias— se produce una incoherencia institucional. La dieta pierde su carácter preventivo y se transforma en un ingreso adicional sin contrapartida clara.

El riesgo no es necesariamente la ilegalidad, sino la influencia: la posibilidad de que la autoridad que encarnó la soberanía nacional intervenga, aun indirectamente, en decisiones que puedan beneficiar a actores privados o externos al interés nacional. Así, la institución creada para neutralizar conflictos de interés termina conviviendo con ellos.

De ahí que la coherencia republicana exigiría un régimen de exclusividad. La dieta debería operar como una opción: quien la acepta asume la abstención de actividades económicas o cargos que comprometan su independencia; quien desea actuar libremente en el ámbito privado o internacional puede hacerlo, pero renunciando al beneficio estatal.

En ese esquema la renta deja de percibirse como privilegio y pasa a entenderse como restricción, como el costo que la comunidad política asume para garantizar que quien encarnó su soberanía no se convierta luego en un agente de intereses particulares.

Reformas necesarias

Si la primera parte de esta reflexión intentó describir el problema —la tensión entre legitimidad social y arquitectura institucional en torno a la dieta de los expresidentes—, corresponde ahora abordar lo más importante: las soluciones. Y para esto hay una pregunta clara: ¿Se puede mejorar la legislación para construir una institucionalidad de expresidentes robusta y legítima? La respuesta es obvia, por supuesto que se puede mejorar radicalmente la legislación actual.

El debate sobre la dieta vitalicia no es, en rigor, un debate sobre Gabriel Boric ni sobre ningún nombre propio. Es un debate sobre el diseño del Estado. Y cuando el diseño produce fricción simbólica persistente, la política responsable no consiste en defenderlo por inercia, sino en reformarlo con inteligencia.

La primera reforma necesaria es la más evidente: la incompatibilidad entre dieta y competencia electoral. La norma fue concebida bajo el supuesto implícito de que el expresidente cerraba su ciclo activo y pasaba a un rol representativo. Pero el ordenamiento chileno permite hoy algo que tensiona la igualdad democrática: que quien conserva estatuto institucional financiado por el Estado vuelva simultáneamente a competir por cargos de elección popular.

Aquí no se trata de presumir abusos, sino de reconocer asimetrías estructurales. Una oficina financiada públicamente, un equipo permanente y una agenda institucional sostenida no constituyen formalmente campaña, pero sí configuran una plataforma de visibilidad incomparable. Cuando esa visibilidad convive con una candidatura, el principio de igualdad electoral se vuelve difuso.

La solución es simple y republicana: quien se inscriba como candidato debe suspender automáticamente la dieta y el aparato institucional asociado. Alternativamente, podría establecerse que aceptar la dieta implica un compromiso de no retornar a la competencia electoral. No es una sanción; es coherencia entre estatuto simbólico y juego democrático. Es la simetría que tanto exigió Boric en el pasado, uno de los puntos que mejor sintonizó con la ciudadanía.

La segunda reforma es más delicada, pero más profunda: la corrección del diferencial material. El problema no es la existencia de una asignación para los expresidentes. En casi todas las democracias consolidadas existe alguna forma de protección institucional. El problema chileno es la proporción.

Cuando la asignación equivale a once o trece veces el ingreso medio nacional, la discusión deja de ser técnica y se convierte en simbólica. No es el monto absoluto lo que produce fricción, sino la distancia relativa en un país donde la desigualdad es una experiencia cotidiana.

Una legislación moderna debería desvincular la dieta del salario parlamentario y establecer un criterio explícito de proporcionalidad respecto del ingreso medio nacional. Los congresistas hacen una apuesta siendo candidatos y luego obtienen un cargo que caduca. Por supuesto, quedan asimetrías, pero hay incertidumbre. El expresidente no tiene ese problema. Y no es natural un rango salarial permanente del tamaño de lo obtenido por los parlamentarios.

Un rango de la órbita de cuatro veces el ingreso promedio permitiría preservar independencia institucional sin reproducir una brecha que erosiona legitimidad. La indexación automática evitaría que el debate reaparezca cíclicamente y convertiría la regla en un mecanismo estable, transparente y previsible. No se trata de empobrecer la institución, sino de alinearla con la estructura distributiva real del país.

La tercera reforma es quizá la más importante desde el punto de vista republicano: el régimen de exclusividad. Si la dieta existe para garantizar independencia frente a intereses privados, no puede coexistir con la participación activa en directorios, asesorías remuneradas o actividades que generen potenciales conflictos de interés. De lo contrario, la asignación deja de ser un mecanismo preventivo y se transforma en un ingreso adicional sin contrapartida institucional clara.

Los expresidentes que reciban dieta no pueden recibir pago alguno, ni en conferencias, ni en actividades de ningún tipo. Se le otorga oficina y dieta, pero no combina otros intereses. Si quiere y puede trabajar en un organismo internacional, debe renunciar a su dieta momentáneamente. Si quiere migrar al mundo privado o volver a la política, debe renunciar a la dieta de manera permanente.

La coherencia exige un sistema de opción: quien acepta la dieta asume restricciones económicas relevantes; quien desea actuar libremente en el ámbito privado puede hacerlo, pero renunciando al beneficio estatal. En ese esquema, la asignación deja de parecer privilegio y se entiende como el costo que la comunidad asume para preservar la neutralidad de quien encarnó su soberanía.

Estas tres modificaciones —incompatibilidad electoral, proporcionalidad material y exclusividad económica— permitirán aumentar la legitimidad de las instituciones.

La discusión sobre la dieta vitalicia no es contable. Es moral y política. El movimiento que llevó a una nueva generación al poder se construyó sobre una crítica a la distancia entre élites y ciudadanía. Si el sistema político no es capaz de revisar los dispositivos que reproducen esa distancia, entonces el problema no será un expresidente ni un monto específico. Será la incapacidad de la democracia chilena de reconciliar discurso igualitario y práctica institucional.

La pregunta, en consecuencia, no es si la dieta debe existir o no. La pregunta es si Chile quiere un régimen institucional que preserve la dignidad del Estado sin romper la proporcionalidad que sostiene la legitimidad democrática.

Las soluciones existen. Quizás un acto de madurez del presidente saliente y el entrante podría generar un primer paso para un acuerdo que facilite que este asunto quede zanjado.