Nos quieren robar la democracia: a plena luz del día, con corbata y actas

Hay momentos en que las élites políticas dejan caer la máscara. No lo hacen con torpeza, sino con la elegancia de quienes llevan décadas administrando el poder: redactan un proyecto de ley, lo envuelven en el lenguaje aséptico de la “gobernabilidad” y la “institucionalidad”, le ponen un sello de urgencia legislativa, y esperan que la ciudadanía aplauda mientras le arrebatan, con guante blanco, el derecho fundamental a elegir y ser elegida.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la Reforma al Sistema Político que hoy se empantana en el Congreso, un proyecto que pocos entienden pero que amenaza con reconfigurar las reglas del juego democrático por décadas.

Digámoslo sin eufemismos: lo que un grupo de partidos está construyendo no es un mejor sistema democrático. Es una oligarquía partidaria. Un club donde los actuales inquilinos del poder cierran la puerta, echan candado y tiran la llave al Mapocho para que ningún actor nuevo pueda sentarse a la mesa donde se reparte el país.

La reforma, aprobada en el Senado y enviada a la Cámara, propone establecer un umbral de más de 70.000 militantes para la constitución y supervivencia de un partido político. Setenta mil. Esa cifra no es un error de tipeo: es una declaración de intenciones. Ni siquiera el partido más grande de Chile alcanza ese número, con menos de 60.000 inscritos. ¿Qué legislación establece un estándar que ni sus promotores cumplen? Solo aquella cuyo objetivo no es mejorar la democracia, sino exterminar la competencia. Quieren cerrar el negocio por dentro, con candado y cerrojo, para que nadie más juegue.

Para dimensionar lo que está en juego, miremos los números de la región más grande del país. Solo en la Región Metropolitana se eligen 410 concejales, 52 alcaldes, 34 consejeros regionales, un gobernador regional, 47 diputados y 5 senadores: 549 cargos de elección popular en un solo territorio. Los 47 diputados representan un tercio de la Cámara. Los 5 senadores, el 10% del Senado. Quien controla la oferta electoral en esta región, controla en buena medida la dirección del país. Y esta reforma busca que solo un puñado de partidos consolidados compita por esos cupos.

Si un partido nuevo quisiera competir aquí bajo estas reglas, debería reunir 30.000 militantes para constituirse en la RM. Treinta mil personas fichadas, verificadas y registradas en una sola región. No basta con tener ideas ni ciudadanos dispuestos a organizarse. Se necesita una maquinaria que solo los partidos ya instalados —refichando a sus propios militantes— pueden activar. Y si además aspira a presentar candidato presidencial, debe replicar esa hazaña en las 16 regiones del país, y juntar las 40 mil firmas restantes. La cancha es de ellos y nosotros no estamos invitados.

Chile ya vivió esta película

El sistema binominal garantizó durante décadas la alternancia exclusiva entre dos bloques, excluyendo a terceras fuerzas y convirtiendo la política en un duopolio que pactaba en la trastienda lo que la ciudadanía creía decidir en las urnas.

Costó años de frustración acumulada y movilización ciudadana hasta que en 2015 se logró eliminar, bajo la promesa de que Chile transitaba hacia un sistema más abierto y representativo.

Y apenas una década después, quieren reinstalar la misma lógica con otro nombre. Ya no se llama binominal; ahora se llama “Reforma al Sistema Político” y se justifica con la “fragmentación partidaria”. Pero el efecto es idéntico: reducir artificialmente los actores políticos para repartirse la torta entre menos comensales.

El mecanismo no es nuevo: Mussolini consolidó el partido único invocando “eficiencia”; Putin redujo las opciones electorales rusas en nombre de la “estabilidad”. Guardando las enormes proporciones, el truco intelectual es siempre el mismo: menos opciones para el votante, presentadas como un favor.

Admitámoslo: la fragmentación no es la causa de la mala gobernabilidad; es su síntoma. Los problemas de gobernanza tienen raíces más profundas que el número de partidos: la falta de voluntad para construir acuerdos, la desconexión abismal entre cúpulas partidarias y ciudadanía, un diseño institucional que no incentiva la cooperación. Reducir partidos no soluciona nada de eso. Solo lo esconde bajo la alfombra y, de paso, le cierra la puerta a millones de chilenos que buscan alternativas.

¿Quién decide el número mágico?

La mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo para destrabar la reforma es un ejercicio de cinismo que merece análisis. Se sienta a los partidos pequeños —los más afectados por la reforma— a negociar las condiciones de su propia supervivencia. Es como sentar al condenado con el verdugo a discutir la tensión de la cuerda.

Desde esa mesa, algunos dirigentes dicen ver posibilidad de lograr modificaciones: exigencias altas para crear partidos, pero sin que se conviertan en una imposibilidad.

La pregunta que no se hacen —o no quieren hacerse— es elemental: ¿cuál es la diferencia práctica entre una exigencia altísima y una imposibilidad? Si el estándar es tan elevado que ni el partido más grande de Chile lo cumple, no estás regulando; estás prohibiendo.

Se mencionan umbrales alternativos del 0,3% o 0,4%. Suenan pequeños, pero aplicados a la realidad demográfica chilena siguen siendo barreras colosales para cualquier organización que parta de cero. ¿Quién decide el número mágico que separa al partido “legítimo” del “ilegítimo”? ¿Los mismos que ya están adentro? Eso no es regulación; es autoprotección.

Los defensores argumentan que demasiados partidos dificultan gobernar. Suena razonable en un titular, pero no resiste análisis.

Alemania tiene un multipartidismo vigoroso y es una de las democracias más estables del planeta. Los países nórdicos combinan múltiples partidos con gobernabilidad envidiable. Nueva Zelanda reformó su sistema para ampliar la representación, no para reducirla.

El problema nunca fue cuántos partidos hay, sino cuán capaces son de construir coaliciones y rendir cuentas. Y lo que esta reforma deliberadamente ignora son las causas reales de la mala gobernanza: la ausencia de compromisos vinculantes dentro de las coaliciones, la nula rendición de cuentas y un financiamiento que premia la inercia sobre la innovación política. Nada de eso se arregla eliminando competidores. Es como prohibir la construcción de casas nuevas para combatir la delincuencia.

Mientras tanto, el Servel ya notifica a los partidos que no alcanzaron representación mínima. Algunos se apresuran a reinscribirse; otros apelan con interpretaciones legales sobre si sus parlamentarios “cuentan” según el comicio en que fueron electos.

El resultado es kafkiano: partidos con senadores y diputados en ejercicio podrían ser declarados inexistentes por una tecnicidad burocrática, mientras los grandes —esos mismos que diseñaron las reglas del juego— observan con satisfacción cómo se reduce la competencia sin ganar un solo voto más. No necesitan convencer a nadie nuevo; les basta con que los demás no puedan competir.

Decía Robert Dahl, uno de los teóricos más influyentes de la democracia moderna, que un sistema es democrático en la medida en que permite contestación pública real y garantiza el derecho efectivo a participar. No la participación testimonial ni la contestación decorativa: la posibilidad concreta de competir y ganar. Esta reforma hace exactamente lo contrario.

La Región Metropolitana, con más de 8 millones de habitantes, concentra la mayor diversidad social, económica y cultural del país. Pretender que esa enorme diversidad puede ser adecuadamente representada por un puñado de partidos consolidados no es solo arrogante; es profundamente antidemocrático. Sus 549 cargos de elección popular deberían reflejar esa pluralidad, no ser el botín de un sistema diseñado para que solo compitan los de siempre.

El proyecto está cuestionado por académicos, por la máxima autoridad del Servel y por parlamentarios de todo el espectro. Debería bastar para enterrarlo. Pero no bastará, porque detrás hay algo más fuerte que la evidencia: intereses de supervivencia política. Lo más probable es que se despache con modificaciones, pase a comisión mixta y quede de tarea para el próximo Congreso. Una bomba de tiempo democrática envuelta en papel de regalo institucional.

Que nadie se engañe: lo que se discute no es un ajuste técnico. Es una redefinición radical de quién tiene derecho a participar en la democracia chilena. Es la diferencia entre un país donde cualquier grupo de ciudadanos puede organizarse y competir, y uno donde ese derecho queda reservado para una élite partidaria que se autoperpetúa.

Los partidos que impulsan esto deberían decirlo con honestidad: “Queremos menos competencia. Queremos repartirnos los escaños. Queremos que la RM y sus 549 cargos sean nuestro coto de caza exclusivo”. Porque eso es lo que proponen. Y tienen la desfachatez de llamarlo “gobernabilidad”.

Nos quieren robar la democracia. A plena luz del día, con corbata y actas. Lo mínimo que podemos hacer es abrir los ojos y decirles que la democracia no les pertenece. Que los escaños no son suyos. Que los votos no son un recurso que se explota con concesión del Estado. Y que si quieren sobrevivir en política, lo hagan como corresponde: ganándose la confianza de la ciudadanía en las urnas, no blindándose desde la ley.

Joris N. Carvajal Álvarez
Asesor Legislativo