La profunda crisis energética y social que atraviesa Cuba ha dejado de ser un problema coyuntural para transformarse en una señal clara de agotamiento estructural. Los apagones prolongados, la paralización económica y la escasez de bienes básicos golpean diariamente a millones de personas y evidencian que el sistema vigente ya no es capaz de garantizar condiciones mínimas de dignidad.
En este contexto, Chile ha decidido enviar ayuda humanitaria para enfrentar la emergencia que vive la isla. Esta decisión honra una tradición diplomática basada en la solidaridad entre pueblos. Ayudar no es respaldar a un gobierno: es ponerse del lado de las personas que sufren.
Desde nuestra tradición socialdemócrata, la solidaridad internacional es un principio irrenunciable. Sabemos que cuando falta la energía eléctrica, también se apagan hospitales, se interrumpe la cadena alimentaria y se deteriora la vida cotidiana de las familias. Por eso, la ayuda humanitaria es un imperativo ético.
Sin embargo, no podemos ignorar el problema de fondo. La crisis cubana no es solo energética. Es el resultado acumulado de décadas de centralización extrema, restricciones a la iniciativa económica, ausencia de libertades políticas y una estructura productiva incapaz de generar bienestar sostenible.
A ello se suma el impacto del embargo estadounidense, cuyo efecto económico es real, pero que no explica por sí solo la magnitud del deterioro actual.
Hoy, el malestar social es evidente. Las propias redes digitales cubanas reflejan frustración frente a la desigualdad, los privilegios de la élite política y la falta de oportunidades. Cuando la dignidad cotidiana se vuelve un privilegio y no un derecho, el contrato social comienza a resquebrajarse.
La ayuda internacional puede aliviar el sufrimiento inmediato, pero no resolverá el problema estructural. Ningún envío de recursos sustituye las transformaciones que el pueblo cubano necesita: apertura económica real, respeto a los derechos civiles, pluralismo político y modernización institucional.
La historia demuestra que los sistemas que no permiten la renovación democrática terminan agotándose. Cuba parece acercarse a ese punto de inflexión.
Chile debe mantener una posición clara: solidaridad con el pueblo cubano, defensa irrestricta de los derechos humanos y respaldo a una transición pacífica hacia la democracia. Porque ayudar en la emergencia es un deber moral, pero también lo es afirmar que ningún pueblo merece vivir sin libertad.
Desde la centroizquierda democrática creemos en un principio simple: justicia social sin libertad no es justicia, y libertad sin dignidad social tampoco es democracia.
Tal vez ha llegado el momento de que Cuba inicie un nuevo camino, uno donde la dignidad, la prosperidad y la democracia dejen de ser promesas y se conviertan en derechos reales para su pueblo.
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