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¿Es la candidatura de la expresidenta Bachelet la más funcional al interés del conjunto de los Estados y al fortalecimiento de un multilateralismo hoy tensionado?
En el debate sobre la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas se han reiterado al menos tres argumentos que merecen ser examinados con detención: la apelación al orgullo nacional, la invocación del interés de Chile y los méritos individuales de la candidata.
Si bien todas estas razones tienen un punto, pueden resultar insuficientes si se considera que lo que está en juego es el liderazgo del principal organismo multilateral en un escenario particularmente tensionado.
Uno de los argumentos más frecuentes ha sido el de la nacionalidad. Se sostiene que no todos los días una chilena tiene la posibilidad de asumir un cargo de esta envergadura y que ello, por sí solo, justificaría un respaldo decidido. Sin embargo, la nacionalidad es, en último término, un atributo azaroso que poco dice sobre la idoneidad para un cargo cuya función exige capacidad de mediación entre intereses contrapuestos.
Resulta, además, difícil no advertir una cierta incongruencia cuando este argumento es promovido con especial entusiasmo por sectores que se autodefinen como “liberales” y que, en otros ámbitos, han sido enfáticos en rechazar criterios basados en atributos adscriptivos. Elevar el factor nacional a la categoría de razón decisiva no solo empobrece el debate, sino que revela una flexibilidad doctrinaria, al menos, llamativa.
Un segundo argumento apunta a que una Secretaría General en manos de una compatriota permitiría resguardar mejor los intereses de Chile. Esta afirmación resulta aún más problemática.
La ONU tiene entre sus objetivos fundamentales el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como la promoción de la cooperación entre Estados. Para ello, el secretario general debe ser percibido como un garante de imparcialidad. Difícilmente esa percepción se ve reforzada cuando la defensa de los intereses de un país específico se presenta como la razón explícita para apoyar una candidatura.
Es probable que ante esta aprehensión se responda que no debemos ser ingenuos y que la nacionalidad del secretario inevitablemente condiciona su actuación. Pero aun concediendo ese punto, aceptar la existencia de condicionamientos no equivale a convertirlos en criterio decisivo de evaluación.
Dicho en simple, una cosa es reconocer que la imparcialidad absoluta es inalcanzable y otra muy distinta es convertir la parcialidad en una virtud declarada.
Incluso bajo esa lógica, el llamado “interés nacional” dista de ser una noción inequívoca. Se trata de una idea en permanente disputa, que no necesariamente coincide entre quienes comparten una misma nacionalidad. Invocarlo como argumento supone una homogeneidad que, en la práctica, no existe.
A ello se suma una consideración estratégica. ¿Qué efectos tiene para la política exterior chilena impulsar con fuerza una candidatura que probablemente no suscite consenso entre los miembros del Consejo de Seguridad? La eventual derrota de una postulación poco competitiva tampoco es neutra, pues implica costos diplomáticos y desgaste de capital político que también forman parte de ese cálculo.
Por último, el debate ha tendido a concentrarse casi exclusivamente en los méritos de la expresidenta, sin una evaluación comparativa de los demás postulantes, pese a que la idoneidad para la Secretaría General debiera ponderarse a la luz de los desafíos concretos que enfrenta hoy el sistema multilateral.
En ese contexto, resulta difícil desconocer el peso de perfiles como el de Rebeca Grynspan, por su experiencia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en un escenario de crecientes tensiones comerciales, o el de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, cuya trayectoria resulta especialmente interesante cuando la proliferación nuclear vuelve a perfilarse como una de las principales amenazas existenciales, más aún tras la reciente expiración del tratado New START que limitaba el número de ojivas nucleares de Estados Unidos y Rusia.
Por cierto, nada de lo anterior implica desconocer la trayectoria internacional de la expresidenta ni sus credenciales políticas. El punto es otro.
La discusión no debiera girar en torno a afinidades nacionales ni a cálculos de conveniencia doméstica, sino a una pregunta más exigente: ¿Es la candidatura de la expresidenta Bachelet la más funcional al interés del conjunto de los Estados y al fortalecimiento de un multilateralismo hoy tensionado?
