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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La empresa Pronto Paga responde a la querella presentada por Polla Chilena de Beneficencia, enfatizando que el procesamiento de pagos es legal y cuentan con medidas contra el lavado de dinero. Critican a Polla por no adaptarse a la transformación tecnológica y destacan sus certificaciones y tecnología para la protección de datos. También mencionan su colaboración con autoridades regulatorias y emprenden una acción legal para buscar certeza jurídica sobre sus operaciones en el extranjero.

Por medio de un comunicado enviado a BioBioChile, la empresa Pronto Paga se refirió a la querella presentada por Polla Chilena de Beneficencia en contra de varias empresas del sector, incluyendo a la procesadora.

La firma busca aclarar su posición frente a las acusaciones de la estatal. “Como ProntoPaga tenemos la absoluta y certera claridad que el procesamiento de pagos en favor de comercios locales y extranjeros es una actividad completamente lícita conforme a la legislación chilena, por lo que carecen de total veracidad las imputaciones de supuestos ilícitos penales asociados a las operaciones de nuestra empresa”, afirmó la compañía en el escrito.

La empresa enfatizó que “con absoluta responsabilidad, queremos transmitir tranquilidad a los diferentes actores del mercado financiero local. Nuestra empresa cuenta con mecanismos activos de prevención de lavado de dinero y otros delitos, que derriban del todo los hechos señalados en la querella”.

Historial judicial contra procesadoras de pago

Pronto Paga también recordó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de acusaciones por parte de Polla Chilena. Según detalla el comunicado, hechos similares ya fueron investigados anteriormente por el Ministerio Público y cerrados sin que se formularan cargos.

“Cabe recordar que anteriormente los mismos hechos ya fueron investigados por el Ministerio Público y sometidos a conocimiento de los Tribunales de la República, en un procedimiento que ya se encuentra terminado (8º Juzgado de Garantía de Santiago). Ese proceso se inició el año 2022 y fue cerrado el 2025, fecha en la que la Fiscalía decidió comunicar su decisión de no perseverar por no haber reunido antecedentes para fundamentar acusación alguna”, explicó Pronto Pago.

En este contexto, la procesadora de pagos criticó la estrategia de la estatal, señalando que “resulta preocupante que Polla no haya sido capaz de adaptarse al proceso de transformación tecnológica que vive su sector y que con este tipo de acciones intente sostener una posición dominante que atenta contra la economía y el desarrollo de nuevas tecnologías y negocios”.

“En lo que a ProntoPaga respecta, nos hacemos cargo de las necesidades que requiere una industria moderna de tecnología financiera y para ello, nuestros mecanismos de protección y detección temprana de fraudes y de procesos AML/PLAFT son robustos y de alta calidad. Todos los clientes en ProntoPaga pasan por un proceso de KYB y debida diligencia reforzada, que cumple con los más altos estándares mundiales en materia de prevención de lavado”, añadieron.

Ecosistema de prevención

Para respaldar sus declaraciones, Pronto Paga enumeró una serie de herramientas y certificaciones con las que opera. Entre ellas mencionaron contar con certificaciones como PCI V 4.0 e ISO27001, así como tecnología de vanguardia para la protección de la información. La empresa también destacó la implementación de Regcheq para el onboarding de clientes, una herramienta que centraliza y automatiza los procesos de monitoreo de terceros, y Veriff, un sistema de verificación biométrica.

Además, la compañía señaló que mantiene una protección de datos con estándar europeo y ha implementado departamentos específicos de riesgo, compliance -conjunto de procedimientos que utiliza una empresa para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos- y fraude. “Desarrollo de software AML que corre contra listas OFAC y de Naciones Unidas. Además, contamos con otras herramientas orientadas a prevenir fraudes transaccionales”, precisaron en el comunicado.

Pronto Paga también destacó su historial de colaboración proactiva con las autoridades regulatorias chilenas. “En ProntoPaga desarrollamos una estructura robusta de compliance para entregar un servicio de alto estándar a nuestros clientes y partners, fuimos la primera empresa procesadora de pagos en registrarnos de manera proactiva y voluntaria ante la Unidad de Análisis Financiero para lavado de activos y financiamiento del terrorismo (UAF) y mantenemos una reportería de casos de manera activa”, afirmaron.

Ofensiva legal propia para “certeza jurídica”

“Somos una compañía con sólidas bases operativas, mitigamos los riesgos de manera responsable de cara a todas nuestras audiencias”, sostuvo la empresa en el texto. La firma, además. cree que “con la misma energía creemos que adquiere total relevancia y urgencia la tramitación del proyecto de ley que regulará el juego en línea el que se encuentra actualmente en segundo trámite legislativo en el Senado”.

Finalmente, Pronto Paga informó sobre una acción legal emprendida por sí misma para buscar certeza jurídica respecto a sus operaciones. “Con el mismo sentido de responsabilidad y proactividad y para mayor certeza jurídica de nuestras operaciones con comercios ubicados en el extranjero, entre ellos las plataformas de juego online, en diciembre de 2025 hemos presentado ante el 18° Juzgado Civil de Santiago (Rol C-16732-2025) una acción de mera certeza”, concluyó la empresa en su comunicado.

El objetivo de esta acción judicial, según explicaron, es que un tribunal civil se pronuncie sobre la naturaleza de su actividad. Buscan que se “sentencie que la actividad de procesamiento de pagos a favor de comercios extranjeros de apuestas en línea no se encuentra prohibida, y que, en consecuencia, constituye una actividad económica lícita en el marco de la libertad de empresa garantizada constitucionalmente”.