Luego de que se ampliara la detención de la jefa y la subjefa del Registro Civil de Buin por simular un millonario robo de cerca de $20 millones, una de ellas reconoció su participación en la sustracción del dinero y reveló que ella y su familia fueron amenazados por un prestamista ilegal de nacionalidad extranjera.
El antecedente se dio a conocer durante la formalización de ambas imputadas en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
Es relevante mencionar que, a las detenidas, Carmen Abdala y Fabiola Esparza, se les imputan cargos por malversación de caudales públicos.
Junto con ello, se les investiga por un hecho similar ocurrido en 2024, cuando se reportó la sustracción de $11 millones, denuncia que también fue presentada por ambas funcionarias.
Presunto robo en Registro Civil de Buin y la presunta amenaza de un prestamista
La ampliación de la detención se resolvió el pasado 24 de septiembre para que ambas imputadas prestaran declaración, pues manifestaron interés en aportar al proceso investigativo, según informó el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson. El mismo persecutor confirmó que se “simuló” el robo, realizando acciones para aparentar que este habría ocurrido el 11 de agosto.
En ese contexto, se informó que Abdala confesó su participación en los hechos, pero añadió que el motivo fue una deuda con un prestamista informal de nacionalidad colombiana, quien supuestamente amenazó a su familia y a ella.
Cabe recordar que todo comenzó el 11 de agosto, cuando se denunció el millonario robo de una caja fuerte del Registro Civil de Buin, hecho en el que una de ellas activó la alarma, lo que motivó la llegada de Carabineros.
Sin embargo, las diligencias investigativas revelaron inconsistencias en las declaraciones de las detenidas. Esto quedó en evidencia cuando personal policial constató que la caja fuerte señalada “no tenía ningún tipo de alteración“.
En la audiencia de formalización de este viernes, el tribunal determinó que las dos funcionarias cumplan con prisión preventiva por ser un “peligro para la seguridad de la sociedad” y “para las diligencias de investigación”. El plazo de investigación se fijó en 90 días.
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