Este miércoles, la justicia amplió el plazo de detención de dos altas funcionarias del Registro Civil de Buin, acusadas de malversación de fondos públicos, tras la denuncia del robo de una caja fuerte con al menos $17 millones de pesos.
Fue durante esta jornada que el Juzgado de Garantía de San Bernardo decidió postergar la formalización de Carmen Audala, jefa oficial civil de la oficina de San Bernardo, y Fabiola Esparza, jefa subrogante del Registro Civil de Buin, para el próximo viernes 26 de septiembre a las 10 de la mañana.
El origen: un robo millonario
El caso se originó el pasado 11 de agosto, cuando se denunció el robo de una caja fuerte con supuestamente $20 millones en efectivo de las oficinas de la repartición. Ante esta situación, la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros investigó la situación y allanó los domicilios de las detenidas.
Cabe señalar que el día del robo, una de las imputadas llegó a las oficinas y activó la alarma del lugar en tan solo 57 segundos. Luego de ello, llegó Carabineros a constatar el robo de la caja fuerte, según la denuncia de una de las involucradas.
Sin embargo, la investigación demostró incongruencias en los relatos de las detenidas. Las diligencias y revisión de cámaras de seguridad apuntan a que el robo habría sido planificado por las mismas imputadas días antes de la denuncia.
Tras ser consultados por la prensa sobre si sus defendidas se declararían culpables o inocentes, uno de los abogados no supo dar una respuesta.
Monto robado sería de al menos $17 millones
El abogado Diego Melgarejo, quien representa a Audala, abordó la cifra del botín robado y afirmó que si bien aún no le ha llegado la carpeta completa con la información, “les puedo adelantar que no son $20 millones, es menos el monto”, dijo según lo que conversaron con el Ministerio Público.
Por su parte, el representante legal de Esparza, Pablo Aqueveque, detalló que solicitaron el plazo de detención para que las funcionarias pudieran declarar, ya que hasta el momento no lo han podido realizar.
Además, respecto a su representada, Aqueveque detalló que como Esparza es “dueña de casa, ama de casa, tiene hijos pequeños, la idea es que ella pueda pasar esta investigación con una medida restrictiva mucho más pequeña”.
Por otro lado, el fiscal Rubén Soto, de la Fiscalía Occidente, indicó que los montos definitivos del robo deberán ser determinados con un peritaje a medida que avance la investigación. “Lo que hoy día tenemos es un perjuicio que supera los 17 millones de pesos”, afirmó.
El fiscal también confirmó que se está investigando un hecho anterior, donde se denunció el robo de $11 millones. “Quienes están a cargo del Registro Civil eran las mismas personas, por lo tanto, debemos revisar todos sus antecedentes para llevar adelante esta investigación. Es una denuncia que se encuentra pendiente en materia de la investigación y que estamos desarrollando esa diligencia”, agregó.
Audala y Esparza permanecerán detenidas en tránsito durante estos días, a la espera de la formalización que se concretará el viernes.
El fiscal Jefe de San Bernardo, Paul Martinson, detalló que las imputadas para ocultar la sustracción, realizaron una “simulación de un robo, para lo cual ambas se concertaron realizando diversas acciones y luego realizaron la denuncia aparentando efectivamente que este robo habría ocurrido el día 11 de agosto de 2025″.
Asimismo, el fiscal argumentó que la decisión de ampliar la detención se debió a que ambas funcionarias manifestaron interés en aportar información.
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